El comisario europeo de Energía llamará al ministro Soria para pedirle seguridad jurídica para el sector fotovoltaico ante la reforma

Este compromiso fue una de las conclusiones de la reunión, celebrada en Estrasburgo, entre el presidente de ANPIER, Miguel Ángel Martínez-Aroca, y Günther Oettinger, que duró 40 minutos, para tratar la situación del sector fotovoltaico en España ante la posibilidad de que el Gobierno apruebe una tasa a la generación de energía, tanto renovable como tradicional y que podría oscilar entre un 15% y un 20%, entre las medidas que se incluirán en la reforma del sector eléctrico para atajar la generación del déficit de tarifa.

Tras la reunión, Martínez-Aroca calificó de «muy positivo» el encuentro y aseguró que Oettinger escuchó «muy atentamente» sus reivindicaciones, entre las que se encontraba la de parar la aplicación de la mencionada tasa o que se excluya a las renovables de su aplicación, aunque demostró que conoce «perfectamente» la situación de la fotovoltaica en España y la «injusta retroactividad» sufrida.

Oettinger subrayó que es «esencial» que España recupere la confianza de los inversores con un marco legal que no contemple regulaciones retroactivas, por lo que dijo que, en materia energética, estudiará un grado mayor de intervención en la economía española a fin de asegurar la «previsibilidad y la estabilidad» regulatoria para el sector.

«El comisario se comprometió a llamar a Soria personalmente de forma inmediata para hablar con él y pedirle que haya seguridad jurídica en el sector», y además solicitará al Gobierno la creación de una comisión para «dar seguridad al sector», explicó el presidente de ANPIER.

Günther Oettinger reconoció que el grado de competencia adquirido por la fotovoltaica y su capacidad para reducir precios se debe precisamente a que «cientos de miles de productores fotovoltaicos», entre ellos 55.000 españoles, invirtieron en 2007 ante el incentivo de la producción de energías renovables por parte de particulares que realizó el gobierno socialista, afirmó Martínez-Aroca.

Sin embargo, los productores fotovoltaicos recordaron que pocos meses después de que se realizaran las inversiones e instaladas las plantas, el Gobierno, a través de dos reales decretos consecutivos, «modificó drásticamente y con carácter retroactivo las condiciones y los incentivos establecidos», generando en la actualidad «pérdidas económicas importantes».

Además, el comisario expresó su «apoyo» a ANPIER y se ofreció a implicarse en la situación a la vista de que el Gobierno español «no recibe a ninguna empresa del sector», indicó, antes de señalar que el comisario será «ágil» en los trámites porque es consciente de que la reforma del sector eléctrico se aprobará previsiblemente el próximo 13 de julio.

De aprobarse la tasa, «será la ruina para el 100% de los productores del sector fotovoltaico, supondrá la suspensión de pagos y entregar las plantas a los bancos, un caos», afirmó tajante el presidente de la asociación.

«Estamos angustiados, el sector no tiene capacidad de refinanciación ni margen de maniobra», señaló Martínez-Aroca, «si nos ponen la tasa, nos destruyen, aunque quizás es lo que quieran», añadió.

«Los únicos responsables del déficit tarifario son las grandes empresas energéticas, que tienen unos costes de producción bajos, pero unos beneficios muy altos», aseguró Martínez-Aroca, que defendió que la tasa se aplique solo a los productores tradicionales.

En este sentido, ANPIER entregó una carta a Oettinger en la que le pide una tasa a la generación de energía que afecte solo a la energía nuclear, por ser una fuente de generación que produce residuos contaminates y por ser «responsable» del déficit de tarifa.

«Le hemos hecho valer la máxima de que quien contamina tiene que pagar y le hemos pedido en la carta que la tasa a la generación que está preparando el Gobierno popular sea abonada en su totalidad por los generadores de energía nuclear», añadió.

ANPIER entendió que la nuclear, junto con la hidráulica, es causante del déficit de tarifa ya que, pese al bajo coste de su producción, obtienen una alta remuneración porque se benefician del mecanismo de funcionamiento del mercado mayorista, en el que todas las tecnologías se retribuyen al precio de la última en entrar, que es la más cara.

A juicio de ANPIER, los «nuevos recortes» generan un «nefasto escenario de inseguridad jurídica que lastra el desarrollo de las renovables en España», y además produce un «eco internacional de tal magnitud que ha llevado a muchos bancos y fondos de inversión a desaconsejar las inversiones en España en otros sectores de actividad económica».

El presidente de la ANPIER recalcó que además de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera -los que causan el cambio climático-, las renovables dejan «todo el dinero que ingresamos en España, no como las energías que se importan», en referencia al gas y al petróleo y subrayó que, además, las renovables permiten reducir la alta dependencia energética que sufre España.

A principios de año, el Gobierno ya decretó un cese temporal de las primas a las nuevas instalaciones de renovables, con el fin de contribuir a reducir el déficit público. De hecho, la Comisión Europea criticó recientemente los cambios «abruptos» en el apoyo a las energías renovables introducidos en España y otros países.