El cirujano intervendrá a una mariposa con guantes de boxeo

El viernes volvía a los medios de comunicación la decisión de la Comisión Nacional de Competencia de proponer una multa de 61 millones de euros a las empresas eléctricas por «obstaculizar el mercado libre» en el caso de la información para efectuar el cambio de suministrador. Se trata de un nuevo paso hacia adelante en las cuestiones que este órgano tiene en su «proceso» al sector energético, unido muy recientemente con el proceso al sector de petróleo.

De antemano, lo que es preciso señalar en primer lugar es la convicción y defensa de la competencia y de los mercados que venimos realizando, y por tanto, la necesidad de contar con unos órganos de vigilancia y defensa de la competencia, creíbles y respetables en sus decisiones, actuaciones y en el funcionamiento de sus procesos. Y, seguramente por eso es por lo que hay que observar con preocupación la escalada de este organismo, convertido realmente más que en órgano de defensa y fomento de la competencia, en un Tribunal de Orden Público, lo menos cercano a la competencia y a las garantías de las reglas del funcionamiento de los mercados energéticos (y, lógicamente, en otros mercados y sectores de la economía).

En todo caso, no hay semana que la Comisión Nacional de Competencia no lance sus invectivas sobre un sector de la economía española. El hecho es que el sector energético está llevándose importantes embistes por parte del organismo que preside Luis Berenguer, y cuyo Richelieu en el ámbito energético, sotto vocce, es una de sus consejeras Pilar Sánchez. Como cardenal Mazarino tendríamos a un Consejero de la Comisión Nacional de Energía, Jaime González, quien mantiene una estrecha relación de vecindad entre los dos organismos. Por otra parte, el presidente del organismo, Berenguer ha exhibido una inusitada arrogancia en sus declaraciones públicas respecto de estos procesos, de forma que incluso parece cuestionar garantías procesales básicas. Por tanto, parece que esta actitud está espoleada antes del cese como presidente del organismo, respecto a determinados sectores, en los que parece actuar con trazas de teledirección.

Una de las primeras lecturas y que, de forma más evidente se ha transparentado de estos dos procesos, es la falta de garantías y la inseguridad jurídica en que se está moviendo la CNC y que puede volverse en contra del propio organismo. De hecho, en ámbitos más o menos restringidos hay una cierta «comprensión» con la ausencia de garantías procesales, de estos procedimientos sumarísimos y poco garantistas, de forma que su instrucción tiene una parte muy forzada para construir evidencias sobre la base de indicios. Se podría pensar que una actuación de este tipo podría estar ocasionada por la falta de «instrumentos» para conseguir eficacia punitiva a toda costa. En el caso del sector eléctrico, la acumulación de cuestiones intercurrentes con el problema de la normativa de protección de datos, que devino en la necesidad de modificar una Orden Ministerial a tal efecto, no ha sido óbice para que el organismo se pare en barras, confundiendo una posición y un criterio sectorial, con un supuesto acuerdo obstaculizador. En el caso del sector petrolífero la forma de construir los argumentos tiene un paralelismo muy semejante que ha enardecido a las empresas. Falta finura y parece que las armas de la CNC disparan a ráfagas más que tener mirilla telescópica, en lugar de contar con más prudencia y responsabilidad.

En este sentido, las propias compañías de los dos subsectores energéticos ya han anunciado que han comenzado su defensa jurídica en dos niveles: uno, directamente relacionado con los expedientes y sanciones propuestas por la CNC. Y, otro, que intranquiliza más en el edificio de la calle Barquillo, menos previsible inicialmente en la CNC, consistente en la reclamación de los daños producidos por esta forma de proceder del organismo, dónde no las tienen todas consigo dada la ausencia de instrumentos y la temeridad con que se ha instado el mismo. Cruzan los dedos. Sublevación contra las extralimitaciones. Esperemos que la víctima final no sea una política de competencia mal entendida o mal ejercida.

Por otra parte, estas invectivas están pillando desprevenidas al organismo que preside Maite Costa, en pleno desmantelamiento de su actual Consejo de Administración. De hecho, la ofensiva contra el sector de los hidrocarburos causó estragos y movilizaciones dentro del órgano de regulación energético. Y, aunque en las notas de prensa se alude a la coordinación entre los dos organismos, se desconoce que la CNE haya instado cuestión alguna respecto al problema del acceso a los datos de los consumidores por parte de los comercializadores.

En expresión de Jardiel Poncela, parece que este proceso que debería haber sido instruido con mayor precisión y cautela se parece más al símil de «operar a una mariposa con guantes de boxeo». La tensión entre seguridad jurídica y consecución de impacto mediático está mal resuelta de forma grosera, pero en el mundo del trotskismo el mal está hecho. Lo que no se sabe si esa es la ejecución de la política de competencia que necesita nuestra economía.

Cuidado con el grano gordo.