El butano: los problemas crecen

Partamos del hecho de que la opinión pública y publicada española se basa en un axioma bastante simplista y maniqueo: es malo que suban y es bueno que bajen los precios de las diferentes energías. Hasta ahí las cosas podrían parecer relativamente lógicas. Simplistas, pero lógicas. El problema es cuando pierden toda lógica al considerar que la realidad se ha petrificado y que es posible vivir en el pasado, aislarse de la evolución de las dinámicas económicas, esconderse de los movimientos en los precios relativos o abdicar de los mecanismos de inversión y financiación.

En el caso de la electricidad, el ejemplo es paradigmático. Dan lo mismo la regulación, la actuación política, las medidas fiscales que se instrumenten, la planificación energética que se efectúe o se vulnere, las decisiones que afecten a inversiones, instalaciones o tecnologías, el escarnio del mercado como hemos venido explicando profusamente en Energía Diario, o los costes regulados y primas que se decidan, el precio de la electricidad debe ser intervenido públicamente y sus empresas y mercados también para que las tarifas permanezcan bajas e, incluso, inamovibles.

Sólo es posible así entender una posición como la de los retroprogresivos, la de los cebadores interesados del déficit tarifario, o el misterioso contenido del programa «Salvados« que oculta deliberadamente el grave problema de las primas, sus beneficiarios, su impacto y la detracción de ingresos que suponen para garantizar un suministro eléctrico eficiente y de calidad a los consumidores españoles.

En el mismo sentido, tenemos el mismo problema con el butano. La denominada energía de los pobres vive un proceso de reconversión sectorial cuya solución no puede ser meter la cabeza en la tierra como las avestruces. La reconversión de tecnologías energéticas en los hogares ha acabado diseminando y elevando los costes de suministro de butano y la solución política ha sido mantener los precios para evitar el impacto político hasta el punto, en extremo nihilista, de abolir los coeficientes que lo modificaban.

Los «poderes públicos» (irónicamente así denominados) tratan de mantener de forma impotente el «como estaba antes», haciendo modificar los términos de las ecuaciones que determinan la evolución de los precios, de forma que anulan la fórmula para que todo siga igual, y el precio de la bombona se congele, o que existan transferencias de rentas entre las actividades de las empresas que operan y son responsables del suministro en un sector. Un sector, por otra parte, el de los GLP’s, que es fuertemente eficiente y ajustado.

Pero semejante presupuesto mental y político es falso, porque nunca nada sigue igual y las consecuencias regulatorias de una política tan aislacionista y estática, con una nueva medida también incluida en el paradójico Real Decreto Ley de Empleados de Hogar, puede ser, sin ir más lejos, el cierre de un número importante de distribuidores, el incumplimiento de la ley y de las sentencias del Tribunal Supremo en esta materia o el abandono del mercado y de una actividad de una empresa, en este caso CEPSA, mermando la competencia y empeorando las condiciones de suministro.

La pretensión de que el tiempo arregle las cosas o de que la realidad se adapte a las necesidades de las encuestas para gobernar desde la intervención, en la quietud y la complacencia, en una pasividad activa, siempre es un bumerán para quien lo ejerce. En el butano, los problemas crecen y crecerán. Y eso sí que no cambia.