Así se recoge en el Real-Decreto Ley que establece su creación y la solución al déficit de tarifa -diferencia que surge porque los ingresos del sistema eléctrico no cubren los costes-, que publica el Boletín Oficial del Estado y que deberá ser convalidado por el Congreso.

La normativa fue aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros y, según informó entonces Industria, supondrá la congelación de la tarifa eléctrica hasta 2012 para unos cinco millones de hogares.

No obstante, en el Real-Decreto Ley el Gobierno se reserva la posibilidad de variar antes las características del bono social y su financiación, que inicialmente correrá a cargo de doce compañías eléctricas.

Este bono social es la diferencia entre las Tarifas de Ultimo Recurso (TUR), que entrarán en vigor el 1 de julio y a las que podrán acogerse la gran mayoría de las familias, y la denominada «tarifa reducida», que será la que paguen los colectivos más desfavorecidos y supondrá de hecho una congelación en sus recibos, ya que se les aplicarán los precios fijados en enero.

Las eléctricas estiman que esta medida les supondrá un coste total de más de 1.000 millones de euros, según la patronal Unesa, que advirtió de que las TUR -precios máximos que podrán cobrar las compañías- no supondrán un abaratamiento de los recibos.

El Ministerio de Industria deberá publicar una orden que establezca qué usuarios podrán acogerse al bono social teniendo en cuenta sus características sociales, de consumo y poder adquisitivo, para lo que se establecerá un «umbral referenciado a un indicador de renta per cápita».

Hasta entonces, podrán beneficiarse del bono social los usuarios con una potencia contratada inferior a los 3 kilovatios, los mayores de 60 años que perciban pensiones mínimas, las familias numerosas y los hogares con todos sus miembros en paro.

El Real-Decreto Ley establece que el déficit de tarifa, que en el acumulado desde 2000 supera los 16.000 millones de euros, dejará de generase a partir del 1 de enero de 2013, cuando los peajes de acceso serán suficientes para cubrir todos los costes de las actividades reguladas.

Hasta entonces y desde 2009, el déficit no podrá superar los 9.500 millones de euros, según la normativa, en la que se establece que el Estado avalará hasta 10.000 millones de euros del déficit tarifario pendiente de titulizar -convertir los derechos de cobro en títulos negociables-.

Paralelamente, las compañías se harán cargo del cien por cien de los costes de gestión de los residuos radiactivos y combustibles gastados, mientras que los Presupuestos Generales del Estado asumirán de forma escalonada el coste extra de la generación de electricidad insular y extrapeninsular, que asciende a unos 1.300 millones de euros.

Además, la normativa deroga otra anterior por la que actualmente se detrae de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica el mayor ingreso que obtenían las compañías por el cobro en la factura de los derechos de emisión de CO2 cedidos gratuitamente.

Por otra parte, crea un registro de preasignación de retribución para las instalaciones del régimen especial (renovables y cogeneración) con el fin de hacer un seguimiento de la evolución de la potencia instalada y asegurar que se cumple el requisito de que el consumidor cuente con una energía a un coste razonable.