Como ya informábamos la semana pasada desde estas páginas, el acuerdo final sobre la gestión del déficit tarifario está al caer y, a buen seguro, conoceremos todos sus entramados la semana que bien, a más tardar.

Sin embargo, poco a poco se van conociendo nuevos datos, esta vez aportados por el diario económico Expansión que, en su edición de hoy, se hace eco de la cifra final que las eléctricas estarán obligadas a sufragar a los consumidores más desfavorecidos económicamente (rentas bajas, parados de larga duración, etc), dentro del concepto denominado como bono social.

Finalmente, parece que esta cifra rondará los mil millones de euros anuales de forma sistemática y no en un sólo ejercicio como pretendían las eléctricas. No obstante se trata de un monto mucho más elvado de el barajado inicialmente y que ha sido impuesta finalmente desde Moncloa y no desde el Ministerio de Industria. Según los datos conocidos por Energía Diario, las compañías desconocían por completo las cifras finales que se verán obligadas a cubir a través de este bono social.

Por tanto, se beneficiarán los clientes con un nivel mínimo de potencia contratada, es decir, unos cuatro millones de usuarios, de los 26 millones de consumidores domésticos que existen en España. No obstante aún queda por conocer cómo se repartirá el peso de este bono social entre las distintas eléctricas, debido a la distinta proporción de clientes susceptibles del mismo de cada compañía.

La asunción de estos mil millones de euros traerá consigo el aval del Estado para que las émpresas eléctricas puedan conseguir créditos que den salida a las emisiones de deuda bancaria bloqueadas por la crisis de liquidez económica.

Asimismo, el Gobierno sacará del déficit de tarifa los gastos extrapeninsulares, que serán cargados contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Algo parecido ocurrirá con las primas a las renovables aunque, por ahora, se desconoce la fórmula definitiva que se adoptará para que estas energías dejen de engrosar el monto del défiicit, sin necesidad de reducir las subvenciones que perciben. Lo que si es seguro es que no serán trasladadas a los PGE.

Además, las eléctricas también deberán asumir el coste de las subvenciones al carbón nacional y la recogida y gestión de residuos nucleares.