El BOE publica la ley que implanta la nueva fiscalidad eléctrica

La norma crea un nuevo impuesto del 7% a la producción de electricidad, la creación del denóminado céntimo verde, un nuevo gravámen a la nuclear, retirada de exenciones fiscales a productos como el carbón, el fuel o el gas natural para generación eléctrica, y un nuevo canon a la producción hidráulica. La norma afecta especialmente al mercado eléctrico a nivel ibérico y ya está haciendo sentir sus efectos en el MIBEL.

La ley ha sido fuertemente contestada desde diversos ámbitos. El sector eléctrico ha advertido de que los diferentes gravámenes afectarán a las inversiones, al mercado eléctrico y a las instalaciones de régimen general, con efectos sobre la seguridad de suministro y las inversiones. De hecho, Nuclenor ha anunciado el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña por el efecto económico de los nuevos impuestos y se anuncia el efecto sobre otras instalaciones nucleares similares y, en el futuro, sobre instalaciones de generación térmica. La caída de la demanda y el competitivo sistema marginal del mercado multiplican el efecto de la norma para estas instalaciones.

Por su parte, las renovables se sienten discriminadas por una tasa del 7% a la retribución de su producción incluyendo sus primas, diferentes según tecnologías. Mientras que, la termosolar, cuya utilización en la generación eléctrica de gas de apoyo, ha quedado fuera de su generoso sistema de primas, ha advertido de posibles recursos por parte de los titulares de las inversiones por este efecto..

Por último, la cogeneración anuncia su «expulsión» al sufrir una triple fiscalidad, las asociaciones de consumidores denuncian subidas de tarifas eléctricas y la industria advierte de pérdida de competitividad y posibles despidos y deslocalizaciones.

La nueva norma incluye un cambio de fondo en la Ley del Sector Eléctrico de 1997 para fijar un mecanismo por el que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) podrán financiar la tarifa eléctrica.
A partir de ahora, los costes regulados del sistema eléctrico «serán financiados mediante los ingresos recaudados por peajes de acceso a las redes de transporte y distribución satisfechos por los consumidores y los productores, así como por las partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado», dice la nueva ley.

Esta financiación a través de las cuentas públicas será en un importe equivalente a la estimación de la recaudación anual con los nuevos impuestos, más un máximo de 500 millones procedentes de los ingresos con las nuevas subastas de derechos de emisión de CO2.