El autoconsumo y la generación distribuida con renovables podrían generar 136.000 empleos en 10 años

En concreto, el estudio, fue presentado por el secretario confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, Pedro J. Linares, cifró en 79.111 los empleos directos que podrían generarse con estas actividades, así como en 56.668 los de carácter indirecto.

Las autoras del documento, Sara Pérez Díaz y Begoña María-Tomé, prevén una serie de medidas que, si empezaran a aplicarse ahora, permitirían generar de aquí a 10 años, 35.725 puestos de trabajo en la explotación de instalaciones de biomasa, 31.715 puestos más en las plantas fotovoltaicas, 7.205 en las de biogás y 4.466 en las minieólicas.

Las áreas más destacables de desarrollo deberían centrarse en las fases de fabricación e instalación, especialmente en el caso de la energía eólica y fotovoltaica, mientras las instalaciones de biogás y biomasa requerirían trabajadores en operación y mantenimiento. En este último campo sería especialmente importante la fase de recogida y preparación de materia prima, muy relacionada con los sectores agrícola y forestal «gracias a la revalorización de residuos que ahora son una carga», explicó el equipo de investigación.

«El sector tiene capacidad y profesionales suficientes para cubrir los escenarios planteados y con tecnología propia», aseguró Linares, «y en concreto en la minieólica los fabricantes españoles poseen diseños y patentes propias además de destacar en el esfuerzo en I+D+i».

La electricidad generada a partir de renovables ascendería a los 13.235 megavatios, lo que supondría el 10,3% de la potencia total instalada en España, con especial atención a las instalaciones en entornos urbanos, según las estimaciones del informe.

Pérez Díaz y María-Tomé hicieron varias propuestas para favorecer el autoconsumo de electricidad, por el que tanto consumidores domésticos como industriales pueden producir su propia energía mediante pequeñas instalaciones situadas fundamentalmente en sus edificios.

En concreto, el informe abogó por impulsar el autoconsumo a través del «balance neto anual», por el que la energía que produce la instalación y no se utiliza en el mismo momento se vierte en la red y se usa posteriormente, descontándose del consumo eléctrico del usuario.

Aunque el productor-consumidor no sería remunerado por esa energía cedida, sí se le descontaría la electricidad inyectada del total de su energía consumida y se le concederían incentivos fiscales como «por ejemplo reducir el 50% de IBI sobre inmuebles con instalaciones renovables».

Las propuestas de consumo de renovables pasan por situar las instalaciones de generación eléctrica en los edificios de los propios consumidores, ya sean particulares o industriales, de manera que se ahorre hasta un 10% en pérdida de energía por su transporte.

De esta forma, «los autoproductores dejarían de ser consumidores pasivos para tomar conciencia sobre su gasto energético», explicó Pérez Díaz, quien identificó nuevos agentes, desde «comunidades de vecinos a cooperativas o pymes que restarían poder a las presiones de los oligopolios sobre las administraciones».

El límite de potencia no sería fijo sino ajustado al consumo y los modelos de generación distribuida serían compartidos y limitados a las distintas referencias catastrales para aumentar el rendimiento de cada una de las instalaciones.

Junto a esto, aseguraron que «es necesario un cambio social que ceda mayor control a la ciudadanía y promueva la participación social», al igual que se mostraron partidarios de la simplificación de trámites administrativos y medidas de carácter financiero y fiscal para promover la generación distribuida de energía.

«Es necesaria voluntad política, incentivos a la inversión y simplificar los trámites administrativos» para llevarlo a cabo, resumieron las autoras del estudio.

«Estamos convencidos de que las renovables son el único futuro posible…, sin embargo no somos optimistas respecto a que el Gobierno vaya a apostar por estos beneficios«, lamentó Linares.

«La ejecución de este plan supondría una producción de electricidad anual en el décimo año de 28.401 gigavatios hora (GWh), el equivalente al consumo de 8,14 millones de hogares», explicaron.

ISTAS calculó que el ahorro y los beneficios ambientales que supondrían las propuestas del estudio equivaldrían a 5,68 millones de toneladas equivalentes de petróleo de energía primaria y a la reducción de 14,41 millones de toneladas de CO2.