El ataque a la distribución

El fin de semana pasado se conocía por distintos medios de comunicación que el ejecutivo estaría preparando un paquete de medidas en el sector eléctrico. Ya se conocía la voluntad del ejecutivo de encontrar alguna medida ‘contra’ las empresas, a la hora de intentar buscar materializar esa aseveración de que el problema del déficit (que es evitar que los ciudadanos paguen en su momento la tarifa que se corresponde con el coste del suministro eléctrico completo) se distribuya entre el Gobierno, los consumidores y los ciudadanos.

Podríamos agrupar esas dos medidas en las que se instrumentarían en la propuesta de tarifas para el siguiente trimestre y la que se pretenden agrupar en forma de real decreto ley con trámite de proyecto de ley, en el bien entendido de que todas esas medidas salen del carril de la Comisión Nacional de Energía, órgano destinado a languidecer hasta su estallido final.

Fruto de estas noticias, acaba de aparecer la actividad de la distribución de electricidad como principal dañada y objeto del ‘vudú’ del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y del director de la Oficina Económica del Presidente, Álvaro Nadal. La medida consistiría en la reducción de la retribución de la misma, al pasar a calcularse sobre el valor neto de los activos. La retribución de la distribución ha sido la última actividad que ha tenido un marco retributivo definido y sólo recientemente ha tenido un modelo definido de cálculo de su remuneración. Mientras, el modelo retributivo (y de cobro) del transporte, determinación de inversiones, además de no tener en cuenta la demanda, ha sido muy generoso en los últimos años.

Además, la distribución es una actividad que en su modelo retributivo tiene en cuenta la demanda o los consumidores que cubre la misma. Dicha actividad tiene mucho que ver, además, con la calidad del suministro que percibe el ciudadano, en la medida en que establece el puente entre el transporte y la comercialización de electricidad. La actividad de distribución es un monopolio natural articulado por demarcaciones territoriales, de forma que sólo hay una distribuidora en una zona determinada, aunque existen más de 30 distribuidoras en el conjunto del país, algunas, concentradas en zonas muy concretas.

Comparativamente, el transporte es un modelo de monopolio único, en la medida en que además de ser un monopolista, únicamente una sola empresa es la que puede prestar esta actividad.

Se trata, por tanto, de una medida indolora para los ‘clásicos’ que han sido los responsables del engrosamiento del déficit. No busca reducir los costes regulados más voluminosos en el suministro (esto es las primas, que han generado un proceso expansivo sobrerretribuido y lo que hoy se denominan burbujas en muchos sectores de actividad). Tampoco busca reducir los costes regulados que perciben los operadores de sistema y transporte (y que les han configurado como las empresas más rentables del Ibex 35). Ya se han escuchado crónicas del enfado de José Folgado (al parecer con el secretario de Estado), que empieza por los mismos derroteros de Atienza a imprecar al Ministerio con comportamientos de monopolista único y empresa pública, al conocer la propuesta de reducir la retribución al transporte de electricidad. Del mismo modo, el Gobierno elude otro de los grupos de presión que es el coste para el sistema eléctrico y los consumidores del decreto del carbón. El Gobierno, por tanto, elude puntos críticos sin pisar ninguno de los callos reales que tiene el sistema eléctrico y que definen los sobrecostes del sistema.

El problema, por tanto, es no comprender el efecto de una medida así en una de las actividades ‘clave del suministro’ que perciben los ciudadanos y ejercer de aprendices de brujos por la vía de los comportamientos políticos y de evitación de la gestión y del análisis riguroso, además del diálogo.

Expresada tal y como se ha descrito, la medida aplicada de forma indiscriminada y sin mucho miramiento, reduce la retribución a una actividad necesaria, cuestión que debería recibir mucho más estudio y reflexión sobre los componentes que determinan la misma: inversiones a realizar, distancia, orografía, antigüedad de la red, distancia, etc…. Una cuestión que parece mucho más compleja que la forma en la que tradicionalmente se ha abordado. Y es ahí donde radica el problema.

El problema es no entender la retribución de la distribución, no saber a qué obedece, considerar esta actividad de forma frívola como una pieza a cobrar o como un componente en la ecuación que resuelve el equilibrio político dentro del déficit tarifario, y, a la vez, como instrumento sobre el que articular una medida revisionista directa y discrecional, sin problemas de seguridad jurídica, de forma no indolora electoralmente, o demagógicamente, un mecanismo que no perjudica a los verdaderos grupos de presión que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo escucha o teme.

¿Quiénes son los principales perjudicados? En este caso, las Comunidades Autónomas, que son las que más sufren los problemas del suministro eléctrico. Las CC. AA. son las administraciones más sensibles a que exista una buena calidad del mismo. El ministro de Industria, Energía y Turismo podría sentarse con los Consejeros de Energía en un consejo consultivo de electricidad de la CNE y escuchar a estos consejeros (actualmente, la mayor parte, de las filas del Partido Popular) y conocer de primera mano sus problemas en este ámbito. De hecho, la medida puede ser una bomba por debajo de la puerta para las administraciones territoriales.

Y, en concreto, como comunidades más afectadas estarían Cataluña, donde existe un gobierno de coalición de facto (y con importantes reclamaciones en materia de distribución) y Canarias (Comunidad Autónoma que aspira a presidir José Manuel Soria), con cuestiones relevantes en materia de mejora de distribución (fruto, a la vez, de una más que dudosa forma en que se ha producido la separación entre la actividad de transporte y de distribución en dicho archipiélago).

El ministro de Industria podría hoy, mañana, o antes de tratar estas medidas en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, preguntar a alguien que le explique lo que es el TIEPI, lo que mide, lo que indica sobre la calidad del suministro. Y cuáles son los elementos que inciden en el TIEPI para que se vea bueno. Y a quién afecta el mismo para entenderlo y tentarse la ropa antes de cometer una barbaridad.