El almacenamiento de gas Castor seguirá parado hasta que la seguridad de la población esté garantizada

Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos afectados por los terremotos y diputaciones provinciales se reunieron para analizar la situación y compartir la información disponible hasta el momento.

Tras el encuentro en la sede del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, señaló que es necesario dar «seguridad y tranquilidad» a los ciudadanos, algo que a su juicio exige que no se reanude ningún trabajo en Castor hasta que no haya informes que aseguren que no se van a producir movimientos sísmicos.

«O se tiene la absoluta seguridad de que no se van a generar movimientos sísmicos y alarma entre la población o si no esa planta no se puede abrir», subrayó Fabra, tras comentar que la reunión fue «muy positiva».

El presidente de la Diputación de Castellón, Xavier Moliner, indicó que en la reunión se logró el objetivo perseguido de «garantizar» que Castor no se va a poner en marcha mientras no haya una garantía del cien por cien para la seguridad de las personas.

En un tono más crítico, el consejero de Interior de Cataluña, Ramón Espadaler, señaló que tras el encuentro con el titular de Industria, José Manuel Soria, continúan «sin tener la información» que necesita el Ejecutivo catalán como competente en asuntos de protección civil.

Espadaler indicó que la Generalitat se está planteando requerir por la vía judicial la información que considera necesaria a la empresa gestora de Castor, Escal UGS, controlada por el grupo ACS.

El consejero vinculó los terremotos con la actividad en el almacén de gas Castor y, aunque indicó que «sería prematuro» solicitar la paralización completa del proyecto.

«Es evidente que los movimiento sísmicos son consecuencia directa de esta actividad, es una sismografía inducida. A partir de aquí, nos parece que es difícil continuar, pero cada cosa en su momento», añadió.

En el Congreso, el secretario de Estado de Energia, Alberto Nadal, que comparecía para explicar el presupuesto de su área para el año próximo, aseguró que los expertos «trabajan a contrarreloj» para aclarar las circunstancias en que se produjeron los seísmos y descartó cuantificar el impacto económico en caso de suspensión definitiva del almacén.

«Ya veremos cuando llegue el momento», dijo al ser preguntado sobre quién asumirá el coste de la inversión, antes de aludir a la importancia de «no meter prisa a los expertos» para «evitar que den conclusiones equivocadas».

La prioridad es «ver qué ha ocurrido, qué falla se mueve y por qué», además de «garantizar la seguridad de la población», así como valorar los «daños físicos y también psíquicos que produce que haya temblores en una zona donde no había sismicidad», dijo.

Soria, que no compareció ante los medios tras la reunión, insistió en que Castor seguirá paralizado hasta que la seguridad esté garantizada e indicó que su departamento está en contacto permanente con Escal UGS, que le remite informes diarios sobre la situación de la instalación, así como otra información.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo puso en marcha un grupo de trabajo interministerial para coordinar las actuaciones de los distintos ministerios implicados, así como otro grupo de trabajo técnico, integrado por expertos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Instituto Geológico Minero Español (IGME). Este grupo de trabajo técnico, al que se incorporaron expertos independientes, está recabando datos y elaborando informes, por ahora preliminares hasta que puedan ser definitivos, informó el ministro de Industria durante la reunión.

Por su parte, el diputado del grupo parlamentario de CiU, Jordi Jané, preguntará en el Congreso al ministro de Industria sobre las actuaciones urgentes del Gobierno ante «la gravedad» de los movimientos sísmicos que se atribuyen al funcionamiento de la plataforma Castor.

Asimismo, el portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Enric Morera, anunció que denunciará al ministro Soria ante la Audiencia Nacional si no anula los permisos al almacén subterráneo de gas natural Castor, una planta que consideró «ilegal» y a la que le faltan informes, por lo que reclamó al ministro que «deje de mirar hacia otro lado» y la cierre definitivamente.

«Las condiciones de la concesión a día de hoy han cambiado, el riesgo sísmico es evidente y patente» en Vinaròs y en la comarca, manifestó Morera, quien añadió que, «como los riesgos son muchos, con la ley en la mano se puede asegurar que los permisos están caducados, son nulos de pleno derecho».

La portavoz de ICV en el Congreso, Laia Ortiz, criticó que las centrales nucleares de Ascó y Vandellós, ambas en Cataluña, sigan funcionando a pesar de los terremotos que se están registrando en la zona y que previsiblemente estarían relacionados con el proyecto Castor.

Ortiz pidió al Gobierno que «no sea irresponsable y temerario» y cierre las nucleares que, a su juicio, no están adaptadas a las exigencias europeas marcadas tras el desastre nuclear de Fukushima.

Sobre si los ciudadanos tendrán que terminar pagando un posible cierre del proyecto Castor, en el caso de que el almacén nunca llegue a funcionar, Ortiz criticó la «falta de opacidad y transparencia del proyecto» del que dice que no se conocen las cláusulas.

Por otro lado, la Comisión Europea aseguró que la instalación cumplió con los procedimientos medioambientales que exige la legislación comunitaria y descartó intervenir para exigir el paro definitivo de actividad.

Castor cumplió la evaluación de impacto ambiental, que determina los efectos directos e indirectos en el medio, pero también respecto a los ciudadanos y el patrimonio, y los requisitos de la directiva sobre hábitats, que protege la fauna y flora del territorio afectado, y la directiva de prevención y control de la contaminación.

El entorno del almacenamiento registró la noche del domingo al lunes dos movimientos de escasa magnitud, el mayor de 1,8 grados en la escala de Richter. De hecho, vecinos de las localidades afectadas por los seísmos han realizado este fin de semana diversas movilizaciones para pedir el cierre del almacén.

El proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar, ubicado frente a las costas de Vinaroz (Castellón), para almacenar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días.

El Ministerio de Industria paralizó la inyección de gas el pasado 26 de septiembre para estudiar su posible relación con los seísmos.

La fiscal encargada de Medio Ambiente en Castellón investiga la relación entre el Castor y los movimientos sísmicos

La Fiscalía de Castellón ha designado a la delegada de la Sección de Delitos contra el Medio Ambiente como instructora para investigar la relación entre el Proyecto Castor y los movimientos sísmicos que se están produciendo en los últimos días en el norte de la provincia.

Esta designación se produce después de que la pasada semana la Fiscalía decidiese incoar diligencias de investigación penal para depurar las posibles responsabilidades penales en relación al Proyecto Castor y esclarecer las causas de los movimientos sísmicos.

La fiscal instructora se encuentra actualmente estudiando los hechos a los efectos de valorar la conveniencia de solicitar los informes pertinentes o acordar la práctica de otras diligencias de investigación, según ha informado el Ministerio Público en un comunicado.

Como consecuencia de la apertura de diligencias, el pasado viernes la Guardia Civil se personó en la planta marina del proyecto Castor, ubicada frente a las costas de Vinaròs (Castellón), con el fin de comprobar el funcionamiento de estas instalaciones, según informaron fuentes del Instituto Armado.