El abuelo fue picador y el carbón desaparecido

La desaparición de 500.000 toneladas de carbón de los almacenes de Hunosa, que se dice pronto, es un suceso que debería hacer reflexionar sobre lo disfuncional del modelo de ayudas al carbón nacional, trazándolo desde una perspectiva histórica, dado que este hecho no es la primera vez que ocurre. De hecho, alrededor de este sistema también había instrumentado por propia necesidad un conjunto de mecanismos de inspección, verificación volumétrica, incluso aéreos, tendentes a evaluar la posibilidad de fraudes, robos o irregularidades. Lo que pasa es que, cuando «algo» disfuncional se convierte en normal, es necesaria una determinación mayor para desmontarlo y transparentarlo.

Este modelo ha ido partiendo de buenismos que la sociedad cada vez está menos dispuesta a aceptar, entre otras cosas porque cada vez son más evidentes las trampas que se producen a su alrededor, porque hay muchos grupos sociales con graves problemas económicos y porque la tendencia al aseguramiento de rentas diferenciales ya no es defendible. La sociedad en la que todo lo que suponga una ayuda y una subvención es bueno, lleva a la propia confrontación por la subvención en un escenario restrictivo.

La laxitud del sistema de ayudas al carbón ha llevado a una configuración de una tupida red clientelar en torno a las comarcas carboníferas que se ha convertido en una sociedad de seguros mutuos. El solo hecho de apuntar la posibilidad de que se haya producido una doble retribución ya es una infamia. Que se pueda cobrar por un carbón entregado como parte de un almacén que constituye una supuesta reserva estratégica (¿?) y que luego pueda ser posible que se recobre o revenda como carbón de obligada compra para producción eléctrica a precio obligado, es simplemente delirante. Y, por ello, se requiere una investigación y un esclarecimiento totalmente transparentes, de lo sucedido y de sus responsabilidades, sin sombras de duda ni mermas. La congelación de las ayudas a las empresas mineras hasta su esclarecimiento está operando como detonante de la situación.

Pero esta es una ocasión que no se puede desaprovechar tampoco para hablar de los diversos sistemas combinados de ayudas públicas que conviven alrededor de la minería. Desde las ayudas directas a las cuencas mineras a las que establece el propio Plan de la Minería del Carbón, como de los subsidios y prestaciones con cargo al Sistema de Seguridad Social en condiciones diferenciales tanto económicas como de acceso.

Y, también podemos hablar de «doble moral». Curiosamente, los sindicatos mineros, tan «combativamente» cómplices con los intereses de sus patronos, que hasta parecen sindicatos verticales, mantienen un silencio sepulcral respecto a todas las actuaciones y escándalos relativos a desapariciones de carbón y la capacidad destructiva para el propio sistema de una situación tan grave que debería tener el andamiaje construido para su sostenimiento artificial.

De esta actuación combinada, basada en los guiños, se entrevé la existencia de una hoja de ruta: un retraso en la percepción de las ayudas que provoque el estrangulamiento en el pago de nóminas por parte de los empresarios y que genere que salgan los mineros a las carreteras y se produzcan incidentes locales en primera instancia, con peleas con la Guardia Civil e incendio de neumáticos, para acabar organizando una marcha minera que desemboque en el Paseo de la Castellana cantando «El abuelo Víctor» de Víctor Manuel, a ver si el ministro de turno lo soporta.

Para más «inri», el Gobierno acaba de aprobar la resolución por la que se establece el sistema de precios regulados y las toneladas de carbón a consumir para la generación eléctrica, aumentando su volumen hasta los 20.000 GWh y sin tener en cuenta las nuevas figuras fiscales de la Ley recién aprobada. Y, además, va a solicitar a la Unión Europea la ampliación del plazo más allá de 2019 para mantener operativas estas explotaciones. Es lo que tienen la discrecionalidad gubernativa y el comportamiento de requerir como pozo sin fondo, para que sea sufragado por las empresas eléctricas y por la factura eléctrica, si todo se cumple como el modelo de suministro y la ortodoxia requieren.

El Gobierno debe reconocer esta situación y este «Cafarnaúm» alrededor del carbón. Es el momento. Es necesario repensar el supuesto concepto de «estratégico» en el caso del carbón nacional. Porque si es una reserva estratégica para la generación eléctrica en caso de una crisis de precios internacionales de la energía, lo mejor será guardarlo, no extraerlo y acumularlo en un almacén a merced del latrocinio.

La utilización de la palabra «estratégico» para bordear la legislación comunitaria de ayudas de estado ha ido demasiado lejos y de la misma se ha hecho un aprovechamiento excesivo. Y, también desde el punto de vista de la racionalidad económica, ver la articulación de la participación del carbón nacional en el suministro eléctrico, dado que todo ha cambiado con las nuevas medidas e impuestos introducidos, incluso con el desfase en el déficit tarifario. Así se podrá conformar un sistema eficaz, eficiente y no duplicado de protección social, dirigido exclusivamente a sus destinatarios y no a otros intermediarios y beneficiarios «subsidiarios» que pasaban por ahí.

Por último, que se ponga una lupa y de gran aumento sobre las ayudas al carbón y la utilización de dichos fondos en sus distintas modalidades. Lupa de las autoridades españolas, comunitarias, de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas. Lupa de la Comisión Nacional de Energía. Y que este escándalo que roza en el escarnio y en la burla a los españoles deje de producirse por el buenismo. ¡Ya está bien!