El ABC de la reforma que prepara Alberto Nadal

Ayer el diario ABC, en su suplemento económico, publicó un artículo enormemente preciso y prolijo con relación a la reforma que prepara la Secretaría de Estado de Energía para dar el último carpetazo al déficit tarifario eléctrico (por ahora). Por la terminología y precisión empleadas, se puede inferir la fuerte cercanía de las fuentes del rotativo al Ministerio de Industria.

La confirmación de las mismas está en la artillería de grano gordo utilizada en las infografías: “supresión de las primas”, como medida drástica, cuando en la realidad se trata de la “congelación de los registros de preasignación”. Se trata de un ejemplo de utilización de la comunicación política aplicada al caso. Por tanto, hay que darle verosimilitud a lo publicado por este medio con todo lujo de detalles y contextualización.

El resumen del contenido de la propuesta, ya había sido en parte avanzado, insinuado, o diferido mediante globos sonda. Con lo cual no existen “grandes novedades”, aunque persistan grandes interrogantes:

El contenido de las medidas publicadas y recopiladas:

– Advertencia de recorte a la actividad de distribución, que ya sufrió un recorte de 700 millones de euros y para la que se ha preferido esconder un modelo retributivo estable, objetivo y consistente, de forma que se base en la concesión discrecional.

– Recorte a la actividad de transporte, ejercida junto con la operación del sistema por Red Eléctrica de España en régimen de monopolio único, y con preferencia sobre los derechos de cobro en las liquidaciones que hace la CNE. Las recomendaciones desde el Ejecutivo de que cese la inversión en el exterior de REE y este recorte, pueden abocar a la perversión del sistema con la concesión de la generación por bombeo, primero en Canarias y luego en el resto del país. Coartada en la exposición de motivos: basta con decir que esos activos de generación se usarán para regular el sistema. Sujeto verbo y predicado. Primer paso para crear un nuevo panoperador público en plan venezolano. Y, nunca están tan sujetos con lo que han predicado.

– Anticipo de que las “energías no gestionables” se paguen los denominados “pagos por capacidad”. Tecnologías como la eólica, más cercanas al precio de mercado, se verán fuertemente penalizadas.

– Refinanciación de las primas: reducción de rentabilidad y alargamiento del período de las mismas.

– Liberalización hasta no se dice qué potencia de la tarifa de último recurso, limitando su acceso (se señala que se expulsaría a los hogares). Fórmula eufemística y convenientemente ambigua para dejarse grados de libertad política.

– Inquietante afirmación en torno a la “revisión total del mercado”, dado que en algunos momentos parecía que en la Secretaría de Estado de Energía había entrado el seso y se comprendía que el mercado marginalista es el modelo más eficiente en términos conjuntos para el funcionamiento del suministro. Se proponen, al parecer, los contratos bilaterales.

Los interrogantes:

– ¿Hasta qué punto se le esconde al consumidor la fiesta de las decisiones políticas?

– Las concreciones, más allá de las líneas maestras, ¿hasta dónde se llega con la liberalización de la tarifa de último recurso?

– Recorte a la actividad de distribución, ¿sobre qué bases? ¿Hasta cuanto? ¿Por qué?

– Recorte a la actividad de transporte, ¿sobre qué bases? ¿Hasta cuánto? ¿Se resignará José Folgado? ¿Le ayudará Luis Atienza?

– Efectos sobre la planificación energética de las decisiones de inversión en nuevos activos regulados, ¿posibilidad de una moratoria?

– Refinanciación de las primas, ¿hasta cuánto? ¿Con qué nivel de negociación con los sectores? ¿Qué posición tomarán los agentes empresariales, los Fondos, la diplomacia internacional?

– ¿Cuál es el grado de negociación que tendrá el Ministerio de Industria con los sectores energéticos afectados?

– Si el mercado funciona (y lo que no funciona del mercado procede de la intervención como es el caso del carbón nacional), ¿por qué quitarle liquidez y funcionalidad al mercado? ¿Es esto legal de acuerdo con las directivas europeas? ¿Es económicamente razonable? ¿Por qué acabar en la intervención en un mercado tras haberlo llevado a los pies de los caballos?

– ¿Es razonable que las tecnologías más próximas al mercado, que además son desconectadas por REE, se paguen los pagos por capacidad?

– ¿Qué grado de fiabilidad tiene el Ministerio de Industria y qué grado de discrecionalidad se guarda en cada caso?

– ¿Cuál es el grado de confianza de los sectores en esta Administración, una vez que ha requerido, demandado y exigido la aplicación de medidas y, luego sale por los cerros de Úbeda, de forma adanista y sorpresiva, sin encomendarse a nadie?

– ¿Quién sabe toda la verdad con los números? ¿Es consciente el secretario de Estado de la dificultad de la operación y de todos los puntos críticos que tiene?

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