El 90% de los españoles ve necesaria una mayor financiación para mejorar la protección del medioambiente

La encuesta muestra que el 79% de los españoles piensa que las actividades de protección del medioambiente pueden impulsar el crecimiento económico de la Unión Europea, y un 80% opina que el uso eficiente de los recursos naturales puede impulsar el crecimiento económico, señaló la Asociación Empresarial Eólica (AEE) en una entrada de su blog.

La AEE consideró que, tras las conclusiones de la encuesta, el sector eólico puede sentirse «orgulloso» al haber demostrado en los últimos diez años «estar a la altura de las expectativas», al mejorar la calidad del aire, evitar el consumo de agua equivalente al de la ciudad de Sevilla en un año, y a la actividad económica generada. En concreto, las 1.072 instalaciones eólicas de toda España han creado actividad económica en 800 ayuntamientos, y la industria manufacturera eólica representa unos 20.000 empleos en la actualidad.

Entre las conclusiones del estudio también se encuentran que el 59% de los españoles piensa que las consideraciones medioambientales deben prevalecer sobre las de los costes, frente a un 25% que opina lo contrario.

Asimismo, el 61% de los españoles cree que el progreso de España debe medirse a partes iguales en criterios medioambientales, sociales y económicos, mientras que el 15% piensa que sólo haya que hacerlo con criterios económicos.

La principal preocupación medioambiental de los españoles es la contaminación atmosférica (58%) y la segunda, la contaminación del agua (57%), además, el 86% piensa que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para la protección del medioambiente.

De igual forma, el 88% cree que la legislación de la Unión Europea es necesaria para proteger el medioambiente en España, y el 67% de los españoles piensa que la Unión Europea no está haciendo lo suficiente para la protección del medioambiente.

Así, el 91% de los españoles concuerda o tiende a concordar con la idea que la Unión Europea debe de tener la posibilidad de controlar que la legislación medioambiental sea aplicada correctamente en España.