Así se desprende de un informe presentado por Ecologistas en Acción, en vísperas de una votación del Parlamento Europeo sobre la técnica de la fractura hidráulica.

El estudio concluyó que en los últimos meses, tanto los gobiernos autonómicos como el central concedieron numerosos permisos de investigación para la fractura hidráulica en diferentes lugares del Estado.

La fractura hidráulica, o «fracking», consiste en la utilización de agua y arena a presión mezclada con productos químicos, que se introduce en el subsuelo con el fin de fracturar los estratos rocosos a cientos de metros de profundidad y así liberar las burbujas de gas en su interior.

Esta técnica, según la organización, entraña serios riesgos para la salud y el medio ambiente, entre los que se encuentra la contaminación de las aguas de los acuíferos a causa de los productos químicos altamente contaminantes utilizados.

En el informe elaborado por Ecologistas en Acción se comprobó que alrededor del 80% de los permisos de investigación solicitados o concedidos se localizan sobre acuíferos conocidos. Además, más de la mitad de los acuíferos afectados son de tipo calcáreo o carbonatado, que resultan especialmente sensibles a la contaminación por los productos químicos que contiene el fluido utilizado en el «fracking».

Según la organización, actualmente, más del 30% de la población española (14 millones de personas) se abastece de acuíferos. «Se da la circunstancia de que existen numerosos municipios en las zonas donde se pretende llevar a cabo la extracción de gas mediante «fracking» que se abastecen directamente del agua de los acuíferos, que podrían verse contaminados de manera irreversible por el empleo de esta técnica, suponiendo un grave riesgo para la salud de las personas», explicó.

El informe reveló que algunos permisos de investigación afectan directamente a parajes de gran interés natural, como las Lagunas de Ruidera, en Ciudad Real, o las Merindades en Burgos, con el consiguiente daño ambiental a los ecosistemas acuáticos.

Por todo ello, Ecologistas en Acción remitió el informe a los ministros de Industria y Medio Ambiente, a los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas, a los gobiernos regionales y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

La organización solicitó que se deroguen todos los permisos de investigación concedidos que se sitúen sobre acuíferos y que no se autoricen nuevas licencias en esas zonas, dado el grave riesgo que supone para la salud y para la preservación del medio natural.

Las empresas piden diálogo sobre el «fracking»

Por su parte, Shale Gas, la plataforma española constituida por las empresas interesadas en explotar el gas natural por la técnica de la fracturación hidráulica, quiere mantener un «verdadero diálogo» con la sociedad y las autoridades antes de tomar ninguna decisión en la materia.

La portavoz de esta plataforma, Mónica Cristina, informó de que Shale Gas está interesada en debatir en Soria y otras ciudades, como Burgos o Cantabria, donde se tramitaron permisos para realizar investigaciones sobre las posibilidades de obtención de gas a través de este sistema y se empezaron a movilizar diferentes colectivos en contra.

Este «verdadero diálogo» con la sociedad y las instituciones se producirá antes de final de año, con el objeto de aclarar muchas dudas interesadas que se ciernen sobre este método extractivo, frente al que también se manifestó en contra la Diputación de Soria y la mitad de los 183 ayuntamientos de la provincia.

Cristina defendió que no se produjo ninguna contaminación del entorno ni de acuíferos en los dos millones de pozos que se realizaron por el mundo en los últimos cuarenta años.

Además puntualizó que el fluido utilizado está compuesto en el 99,5% por agua y arena, mientras que el resto son aditivos químicos que se emplean a menudo en los hogares como el ácido cítrico y el sodio.

En este sentido cifró entre tres a doce aditivos químicos distintos los que se utilizan por cada fracturación hidráulica, que varían en función de la calidad del agua, del terreno y de las rocas existentes en el subsuelo.

Cristina apuntó que actualmente se está debatiendo en el Parlamento Europeo otros informes medioambientales y económicos sobre la fracturación hidráulica, tras publicar en junio de 2011 la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad un informe que rechazaba el uso del «fracking» como técnica de investigación y de extracción de gas.

«Lo que dice este informe es que los riesgos se conocen pero que hay forma de controlarlos, con un marco normativo adecuado«, subrayó.

Además recordó que la normativa vigente en España y Europa es «extremadamente estricta» y asegura la protección del medio ambiente y las personas.

«Dependiendo del impacto del proyecto, la administración decide si pide a esa empresa un estudio de impacto ambiental completo, o si considera que el proyecto no entraña riesgos contra el medio ambiente, decide dar el permiso», explicó.

Cristina reconoció que es difícil cifrar el empleo que pueden generar estos proyectos «hasta que no se conozcan los recursos existentes en el subsuelo», pero apuntó que sólo en Burgos, en la fase de explotación, está estimada una inversión de entre 150 a 250 millones de euros.