EDP España se une a las otras cuatro grandes eléctricas y recurre el nuevo bono social ante el Tribunal Supremo

-228 millones en 2013-Con este recurso, admitido a trámite el pasado 9 de enero y publicado por el Supremo en la edición del Boletín Oficial del Estado (BOE), EDP España se sumó en su rechazo al nuevo mecanismo a las otras cuatro eléctricas de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), que son Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y E.ON España.

EDP España interpuso ante la sala tercera del Supremo un recurso contencioso administrativo contra el real decreto 968/2014, en el que se desarrolla la metodología para la fijación los porcentajes de reparto de la financiación del bono social, conforme al nuevo mecanismo fijado en la reforma energética.

La estrategia de recurrir este decreto ante el Supremo es similar a la utilizada por E.ON España, al tiempo que Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa optaron por presentar sendos recursos ante la Audiencia Nacional en contra de la orden ministerial en la que se fijan los nuevos porcentajes de financiación del bono social para 2014.

Hasta esta ley, el coste del bono social lo asumían las cinco grandes eléctricas, pero ahora también participan en el reparto todos los agentes verticalmente integrados, es decir, los que desarrollan simultáneamente actividades de generación, distribución y comercialización de electricidad.

De este modo, el nuevo esquema carga la financiación del bono social sobre un total de 27 empresas, si bien las cinco grandes eléctricas de Unesa, y especialmente Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, deben asumir el 99% de este coste, que ronda los 200 millones de euros.

El bono social, creado en 2009 como tarifa subvencionada para consumidores vulnerables, fue inicialmente financiado por las cinco grandes eléctricas a razón de unos 150 millones de euros al año, hasta que Iberdrola denunció este mecanismo por discriminatorio y logró que en 2012 el Tribunal Supremo le diese la razón.

Posteriormente, en noviembre de 2013, el Supremo dictó un auto en el que extendía a las cinco grandes eléctricas el derecho a que se les restituyese el dinero dedicado al bono social.

Al anularse esta fórmula de financiación restringida a cinco empresas, el Gobierno cargó de forma provisional a la tarifa eléctrica en 2013 el coste del bono social, mientras definía el nuevo mecanismo de financiación, en el que de nuevo son las eléctricas las que asumen el coste, aunque ahora a través de unos criterios que, en su redacción regulatoria, elimina los aspectos considerados discriminatorios.