Ecuador celebra un fallo de La Haya que le exime de responsabilidad en la contaminación ambiental de Texaco

El tribunal de arbitraje aceptó los argumentos presentados por Ecuador frente a la demanda de la compañía estadounidense por lo que el fallo exime de cualquier responsabilidad a Ecuador en relación al pago de la sanción impuesta a la petrolera. El tribunal internacional no aceptó el argumento de Chevron, que planteaba un supuesto impedimento a Texaco de ser demandada por terceros porque le protegía un «acuerdo de liberación» de responsabilidades suscrito en 1995 con el Gobierno de entonces, de forma que «no es un impedimento para la presentación de la demanda» por personas a título privado contra Chevron por el vertido en la región ecuatoriana.

Dicho tribunal aceptó la legalidad de un proceso seguido por cientos de indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana que demandaron a la petrolera Texaco por graves daños ambientales durante el tiempo en que operó en esa región, entre 1962 y 1990. La justicia ecuatoriana condenó a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares, aunque la petrolera se ha resistido a cumplir la sentencia por considerar que ese fallo fue producto de un fraude apoyado por el Gobierno de Quito.

«La decisión de hoy significa un paso importante en la dirección correcta y reivindica adecuadamente la posición adoptada por la defensa del Estado en cuanto a que las cortes ecuatorianas constituyen el foro adecuado para conocer y resolver» las reclamaciones de los demandantes, señaló el procurador del Estado ecuatoriano, Diego García, que mostró su apoyo a la comunidad indígena respecto a la «responsabilidad de la petrolera Chevron por la contaminación generada como consecuencia de su operación en la región amazónica».

El 23 de septiembre de 2009, la compañía Chevron Texaco presentó una demanda de arbitraje contra el Estado ecuatoriano, amparada en una supuesta violación al Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI). A través de esta demanda pretendía que el Estado ecuatoriano fuese declarado responsable de las consecuencias del juicio de Lago Agrio, iniciado por comunidades indígenas en contra de la compañía estadounidense por su operación en la Amazonía ecuatoriana.

Por su parte, James Craig, portavoz de Chevron, recordó que un tribunal federal de Estados Unidos dictaminó que la sentencia contra la petrolera en Ecuador «fue producto de fraude, corrupción y cohecho». Por ello, Craig sostuvo que «la decisión provisional dictada por el tribunal en La Haya no cambia este hecho» y «simplemente difiere la pregunta sobre si Ecuador, al dictar esa sentencia, violó sus compromisos contractuales» con la petrolera.

Pablo Fajardo, abogado de los demandantes ecuatorianos, replicó al portavoz de Chevron e indicó que el argumento de la compañía sobre un supuesto «fraude» carece de sustento. Recordó que el próximo 20 de abril se celebrará una audiencia sobre este caso en Nueva York y declaró que aspira a que en esa instancia termine por derrumbarse el argumento de fraude esgrimido por la petrolera. También señaló que la decisión del tribunal de La Haya se sujeta a la demanda de la petrolera contra el Estado ecuatoriano y, por lo tanto, no interfiere con el proceso que los demandantes siguen por el «juicio de Lago Agrio».