Economía y legalidad frente a política y demagogia

Las tertulias se levantaban hoy con la noticia de la sentencia del Tribunal Supremo, que obligará a la refacturación de la electricidad para el primer trimestre de 2012. A la vez, se precipita la revisión tarifaria del segundo trimestre y la posibilidad de un incremento de precios de la electricidad aparece de forma más nítida. Los comentarios periodísticos están que echan humo, toda vez que la electricidad sigue siendo el último precio intervenido y, fruto de ello, objeto de controversia mediática y política y de una amnesia colectiva interesada.

El cuestionamiento a las decisiones judiciales implícito de algunos comentaristas y políticos (por motivos demagógicos, ideológicos o por considerar que esto es una cuestión que se debe dilucidar por vías políticas) requiere una explicación y una descripción de hechos, razones, motivos y argumentos.

¿Qué dice el Tribunal Supremo? En resumen, contextualizado, incluyendo lo escrito y su subtexto, la sentencia describe lo siguiente:

– La tarifa eléctrica que se fije ha de ser suficiente para absorber el coste total del suministro.

– El coste del suministro lo forman el precio de la generación y los costes regulados (peajes o tarifas de acceso).

– El precio de la energía en el mercado de generación sigue una tendencia a la baja por el exceso de capacidad de generación eléctrica y la caída de la demanda.

– Los costes regulados están integrados por: el déficit tarifario pasado (aplazamiento de deudas pasadas), primas a las renovables –decididas política y administrativamente, y fuertemente crecientes-, retribución a la distribución (determinada por un modelo que, en definitiva, se basa en función de los usuarios y de la demanda) y retribución del transporte (fijada en función de las inversiones autorizadas y de la retribución de tales inversiones, y ambas cuestiones decididas administrativamente).

– El Gobierno tiene que revisar trimestralmente la tarifa eléctrica de último recurso de acuerdo con los dos componentes anteriores, en función del coste total del suministro resultante de lo anterior.

– En estas revisiones, el Gobierno empieza a adquirir la costumbre de modificar (falsear) los costes regulados (tarifas de acceso), en la medida que los distintos Ejecutivos han decidido no pasar por el trance político de presentar una subida de tarifas a los ciudadanos y anestesiarlos de la realidad. Los gobiernos se ‘acochinan’ en tablas y, además, encuentran refugio ideológico en los retroprogresivos.

– El Tribunal Supremo decide que eso no es posible y, es más, que es ilegal (subtexto, haber decidido no aumentar tanto los costes regulados, si luego no se estaba dispuesto a trasladarlo al recibo).

– Los analistas financieros empiezan a anticipar que hay que tener mucha precaución con el sector energético español, es decir, con las denominadas ‘utilities’, en la medida en que el Gobierno tiene que tomar decisiones al respecto. El Gobierno, por boca del ministro José Manuel Soria, descarta una ‘quita’, y asume los efectos financieros y de seguridad jurídica que supondría una solución de este cariz. El ministro empieza a darse cuenta de que está sobre un barril de pólvora. Otras propuestas siguen latentes.

– El tema del déficit tarifario irrumpe en la política. Ayer apareció en la sesión de control al Gobierno. Y llega la solución de ‘corte político’ o el enfoque maniqueo: ”Esto se debe a las presiones de los lobbys” (empresas eléctricas que quieren cobrar y dejar de financiar, sector renovable que quiere mantener sus plusvalías, etc…). El propio Rajoy se mete en ese berenjenal, por vía de su Oficina Económica, aprovechando la corriente antiempresarial de la sociedad española, y en esa línea argumental interviene en el Congreso. Pavoroso.

– Por su parte, el PSOE, en la misma sesión parlamentaria, afirma que la subida de la electricidad es un “engaño” a los consumidores. Evidentemente que es fruto de un engaño: un engaño derivado de haber falseado los precios reales en cada momento y de decidir políticamente que cada vez cueste más, sin tasa, ni freno, algo en lo que los dos partidos han tenido su parte de responsabilidad. Y que el ministro Sebastián dejó como herencia envenenada con la propia aquiescencia del actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El acorralamiento de las soluciones levanta el peronismo en materia de electricidad y levanta también a los columnistas y responsables de opinión de los medios. “¿Pero es que los jueces van a decidir la política energética?, clamaba hoy, sorprendentemente, Fernando Ónega en Onda Cero. Lo que hace el Tribunal Supremo en su sentencia es aplicar una norma legal, aprobada en sede parlamentaria, que, de forma muy razonable, garantiza que los ciudadanos pagan por la electricidad el coste de suministro. En verdad, el subtexto de la cuestión refleja que la política energética la dirige o la ha dirigido cada Ejecutivo, vía la autoridad del ministro de Industria. Lo que pasa es que luego estas mismas autoridades quieren que los ciudadanos no se den cuenta de que tienen que pagar por sus decisiones (también políticas). Y cuando la cosa se pone fea, se buscan las complicidades mediáticas.

La segunda línea argumental que se puede escuchar es que la maltrecha economía de los ciudadanos no soporta el incremento del coste de la electricidad. Esto es un exordio relativo a cómo el déficit tarifario, las facturas no pagadas en su momento por ausencia de capacidad política para reducir los costes regulados y para llevar, en paralelo, una política energética realista en cuanto a los precios, se ceba con toda su crudeza en la sociedad española en el peor momento, al volverse insostenible su endeudamiento y al deteriorar las bases económicas de las empresas y los mercados.

Llega, por tanto, la amnesia sobre las facturas pendientes y el adanismo sobre las decisiones pasadas en el ámbito político (ejercidos, por cierto, por los representantes políticos de cada momento) y la desvinculación relativa a las responsabilidades derivadas sobre sus costes. Claro que la política energética se dirige desde instancias políticas, pero asumiendo las reglas del mercado y los costes. Situar este problema en planos dialécticos hegelianos, en el ámbito de las decisiones políticas, en la demagogia o en un juego de amnesia de buenos y malos, es seguir evadiendo el problema y no admitir que la tarifa eléctrica requiere una política consecuente y realista y se sitúa interesadamente en un plano partidista y demagógico a la espera de encontrar a alguien que pague las copas.

Y, un inciso: reconociendo la monumental crisis económica de nuestro país, el coste para las familias españolas y el efecto de las alzas de precios de bienes, servicios y suministros (energía, transporte, alimentación, etc…), habría que preguntarse el porqué de esta fijación con el precio del kilowatio, disimulando sus causas y los comportamientos políticos que han fomentado su escalada. Incluso, cómo engañados por unos precios falseados y artificialmente bajos, se ha provocado que los consumidores no sean todo lo eficientes energéticamente hablando que podrían ser. De hecho, para compensar el crecimiento de los precios de la energía, por todos los motivos anteriores, se ha introducido un bono social (que sufragan las empresas) para los consumidores de menos renta. Además, por ejemplo, socialmente se comprende, se acepta y no se cuestionan el precio de otros bienes, servicios o suministros o la renta que los consumidores dedican a los mismos aplicando una escala de valores discrecional. En la misma línea, ¿qué razones hay para no intervenir el precio de la leche o de los huevos (ahora que su escasez los ha encarecido por el cambio de jaulas de las gallinas, siendo además un bien de primera necesidad para la alimentación de los españoles), o lo que dedica una familia a telefonía e internet? ¿Por qué no un bono social para todo esto?