Ecologistas en Acción cree que en esta legislatura se retrocedió dos décadas en regulación ambiental

En el día en que se cumplen dos años desde la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, Ecologistas en Acción hizo un «Análisis de la mitad de la legislatura en materia de Medio Ambiente«.

A su juicio, fueron «tantos» los cambios en normativa ambiental y en políticas públicas relacionadas con esta materia que sintió la necesidad de estudiarlas con perspectiva y concluyó que se produjo un retroceso de 20 años.

Así, el coordinador de Ecologistas en Acción Paco Segura afirmó que hay un «auténtico desmantelamiento» en la protección ambiental porque se han cambiado leyes con el objetivo «de hacer negocio con los recursos naturales de todos».

En este contexto, se refirió a la modificación de la Ley de Costas que incluye excepciones a medida y que «privatiza de facto grandes cantidades de terreno en el litoral».

Para otra de las coordinadoras de la organización Nerea Ramírez, esta fue la ley que marcó el inicio de la «avalancha de la desprotección», ya que le siguieron otras reformas «muy significativas» como la Ley de Parques Nacionales que se aprobará próximamente, y que parece que permitirá actividades de alto impacto en los «lugares más sagrados para la naturaleza».

Además, hizo mención también a la Ley de Evaluación e Impacto Ambiental y sus bancos de conservación, que meten la biodiversidad en la lógica del libre mercado.

«Se registra una mercantilización de bienes esenciales, el agua, los caladeros, los ecosistemas. Los mercados están ávidos de nuevos nichos aunque nos llevemos por delante los propios fundamentos del mantenimiento de la vida», explicó el portavoz Theo Oberhuber para quien la creación de empleo que se deriva de estos cambios es muy limitada, mientras que las sospechas de puertas giratorias, en cambios, son grandes.

A su juicio, los cambios y leyes no sólo llegaron del Ministerio de Medio Ambiente sino también de otras carteras y administraciones y muchos van «totalmente en contra de lo que pide la ciudadanía», como la reforma eléctrica o los planes de prospecciones petrolíferas en Canarias y Baleares o los proyectos de fracking, «frente al rechazo generalizado».

«La sociedad no sólo asiste a la desregulación ambiental, sino que tiene cada vez más difícil protestar contra ella. Las crecientes dificultades de acceso a la justicia se unen a planes como el de la Ley de Seguridad Ciudadana, que también obstaculizará la contestación social y ecologista», sentenció.