La Secretaria de Política Económica y Empleo de la Ejecutiva Federal del PSOE responde en esta entrevista a las principales cuestiones que recoge el nuevo Ejecutivo .

PREGUNTA. El sector energético de nuestro país se encuentra en un momento en el que se sitúa como uno de los principales focos de actualidad, tanto en el plano económico como en el plano empresarial. En este sentido y sobre el interés de Electricité de France (EDF) por Iberdrola, y la titularidad que todavía tiene el gobierno francés de esta empresa, una situación tarifaria mejor que la de las empresas españolas y un poder de mercado de este operador mucho más alto en el mercado francés que incluso Endesa e Iberdrola conjuntamente ¿Cómo valora esta situación desigual?

RESPUESTA. En el ámbito comunitario hay unas reglas que deben seguirse y hay que dejar que las normas del mercado funcionen. En esta operación empresarial, como en el resto de actuaciones, el Gobierno defenderá los intereses de España, siempre dentro de este marco y cumpliendo la normativa europea.

Lo que se pone de manifiesto la necesidad de avanzar en una política energética común con unas reglas simétricas para todos, de modo que las empresas con capital público compitan en las mismas condiciones que las privadas, que se desarrolle el Mercado Interior de la Energía y se fortalezca la seguridad de suministro con la calidad necesaria para proteger a los consumidores.

PREGUNTA. ¿Cómo valora el grado de liberalización del sector energético español? ¿Cómo valora el grado de desarrollo del mercado energético de nuestro país, tanto en el sector eléctrico, gas e hidrocarburos?

RESPUESTA. Avanzar por la senda de la liberalización no es sólo una vía que nos marca el proceso de integración europea, sino que es una exigencia para conseguir, a través de la competencia, un suministro de mayor calidad al menor coste posible, y lograr sistemas energéticos más eficientes, tanto en capacidad para acceder a las fuentes de aprovisionamiento, como en incorporación de las mejores tecnologías disponibles o en orientación hacia la atención de las necesidades de los consumidores.

A mediados de 2004, la liberalización emprendida por el gobierno del PP en la segunda mitad de los noventa se encontraba encallada como consecuencia de la aplicación de un modelo incompleto, que confiaba ciegamente en las virtudes de la privatización y el cambio de marco normativo, y era excesivamente optimista en cuanto al horizonte futuro.

Durante los últimos cuatro años se ha avanzado mucho en la liberalización de los sistemas energéticos, pero resulta necesario seguir progresando. Es precisa una adaptación permanente del marco normativo a los cambios que se producen en el sector, pero al mismo tiempo se debe asegurar la estabilidad necesaria para no distorsionar los incentivos de los agentes, para favorecer la entrada de nuevos operadores y promover las inversiones.

El gobierno socialista ha llevado a cabo una reforma de la regulación de los mercados energéticos para mejorar su funcionamiento, incrementar su transparencia, promover la liberalización en el marco de las Directivas para el desarrollo de los mercados interiores del gas y la electricidad, y eliminar progresivamente las tarifas, con la excepción de la denominada “tarifa de último recurso”.

Durante la próxima legislatura se continuará impulsando el desarrollo del Mercado Ibérico de la Energía, tanto en gas como en electricidad, lo que favorecerá la competencia y la seguridad de suministro en España y Portugal. También habrá que seguir eliminando las barreras que dificultan la entrada en los mercados, cerrar el diseño del mercado mayorista de electricidad, promover la creación de mercados secundarios de gas natural, y concluir el proceso de redefinición del modelo tarifario. Estas reformas aportarán racionalidad al sistema y garantizarán que el consumidor no pague más de lo estrictamente necesario para que dichas actividades se desarrollen de forma eficiente y segura.

PREGUNTA. Dentro del programa electoral con el que han concurrido a estas elecciones se establece inequívocamente el compromiso de no construir nuevas centrales nucleares y de no prolongar la vida de las centrales existentes. Con un parque nuclear más extenso, sería incluso posible prescindir de una mayor interconexión con Francia. Sin embargo, si desarrollamos la interconexión, importaremos electricidad de nuestro país vecino, que la produce mayoritariamente mediante tecnología nuclear. ¿Cómo pueden hacerse compatible la expresión política y declaración de principios, con esta realidad en materia de importación de energía?

RESPUESTA. La posición socialista al respecto de la energía nuclear no tiene fisuras. Mantendremos el compromiso de sustitución gradual de la energía nuclear por energías seguras, limpias y menos costosas, cerrando las centrales nucleares de forma ordenada en el tiempo al final de su vida útil, dando prioridad a la garantía de seguridad y con el máximo consenso social, potenciando el ahorro y la eficiencia energética y las energías renovables, la generación distribuida y las redes de transporte y distribución loca. Así consta en nuestro programa y de este modo será nuestra actuación.

Lo que este Gobierno quiere es conseguir que España deje de ser una isla energética con un nivel de seguridad de suministro lo más alta posible, para ello, es necesaria la interconexión con Francia que, además de abrirnos la puerta a Europa en materia de suministro, supondrá hacer mayor el mercado y, por tanto, a precios más eficientes o, lo que es lo mismo, más bajos beneficiando así a todos los consumidores.

PREGUNTA. La tarifa eléctrica es una cuestión controvertida. A ningún Gobierno le gusta tomar una medida impopular como subir la tarifa eléctrica. Sin embargo, la CNE ha advertido de la necesidad de reflejar los precios reales de la energía (en un contexto de crecimiento de los costes de la energía por la mayor demanda y en el entorno internacional de crecimiento de precios del petróleo), tal como se hace con la gasolina, para dejar de arrastrar un déficit de tarifa que se hace insostenible (en 2008 se cerrará en 19.000 millones de euros acumulados) y que genera además intereses futuros, cada vez más grandes. Por otra parte, un precio real de la electricidad hará conscientes a los ciudadanos de la necesidad de ahorrar, repercutiendo por tanto en la eficiencia energética. ¿Cómo tienen previsto abordar esta cuestión en la próxima legislatura?

RESPUESTA. No es cierto que todos los gobiernos frenen decisiones de responsabilidad por miedo a un posible coste electoral. Lo que sí es cierto es que durante los ocho años de gobierno del PP la tarifa de la luz bajó en términos reales trasladando la deuda tarifaria a años posteriores; sin embargo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido consciente de su responsabilidad política y en la pasada legislatura ha optado por un ajuste que facilite la adaptación de precios a costes sin que afecte de manera drástica a la economía doméstica.

Actualmente, la expectativa es que la tarifa eléctrica no aumente más que el IPC de manera que, junto con la política de disminución de los costes incluidos en tarifa, permita reducir el déficit.

Los socialistas consideramos que la ciudadanía puede hacerse más sensible al ahorro y a la eficiencia energética de múltiples maneras distintas a la presión sobre el precio de la electricidad. Nuestro compromiso es el impulso a una cultura de consumo energético responsable, promoviendo el uso racional de la energía en todos los niveles educativos y convirtiendo a la Administración Pública en ejemplo del uso eficiente de la energía. Ya en 2006 se registró la primera disminución del consumo anual de energía primaria que se producía en muchos años. Estamos en el buen camino pero aún queda mucho por hacer.

PREGUNTA. En el programa electoral figura como objetivo aumentar la independencia de los órganos reguladores (CNE, CNMV). En el caso, de la CNE es un término que se considera relativo, pues el regulador energético no es el que toma las decisiones en esta área que le compete, sino que se ve limitado a enviar sus recomendaciones no vinculantes al Ministerio de Industria. Los agentes reclaman una mayor capacidad de acción de la CNE, no un funcionamiento puramente administrativo de la misma ¿Piensan dar pasos hacia una mayor independencia de los órganos reguladores?

RESPUESTA. Potenciar la independencia y la transparencia de los organismos reguladores es una condición necesaria para fortalecer los sectores que regulan. Los socialistas seguiremos trabajando para que todos los órganos reguladores, incluida la CNE, cuenten con los medios suficientes para desarrollar sus funciones de manera autónoma, sean más independientes y más transparentes en sus actuaciones.

En nuestro programa electoral hemos tomado el compromiso de reforzar la independencia orgánica a través de la limitación de los mandatos, del endurecimiento del régimen de incompatibilidades y de la supervisión democrática a través de un mayor control parlamentario. Del mismo modo, consideramos que la independencia funcional es clave y, por ello, adoptaremos las medidas necesarias para atribuir a los reguladores la potestad de inspección y sanción junto con la dotación de medios económicos y personales suficientes para una verdadera autonomía.

PREGUNTA. En materia del apoyo gubernamental en materia de energías renovables, en el año 2007 ha sido, en términos regulatorios, un quebradero de cabeza para sectores como el eólico o el fotovoltaico, que han visto cómo el marco regulatorio podía cambiar de un día para otro, cuando las decisiones para estas inversiones se hacen a muchos años vista. En este sentido, se ha denunciado la inseguridad regulatoria como un elemento especialmente preocupante para el sector. ¿Valora como positiva la estabilidad jurídica para un sector de este tipo y su desarrollo como sector empresarial? ¿Cómo valora las posibilidades que tenemos como país de ser una potencia mundial en este sentido por generación y tecnología?

RESPUESTA. De una cosa no hay duda, éste es el Gobierno que ha dado un marco jurídico estable a la energía solar fotovoltaica y muchas empresas del sector han celebrado públicamente los cambios normativos.

Nosotros valoramos positivamente la estabilidad jurídica, no sólo en este sector, sino en todos en los que el mercado necesite de regulación.

Con respecto a las energías renovables, España está en la primera línea de salida para liderar esta carrera a nivel mundial. Hoy ya somos el primer inversor extranjero en renovables en EEUU, país que es uno de los mayores mercados y líder tecnológico mundial. Nuestras empresas demuestran estar preparadas para afrontar el reto de ser una potencia en este tipo de energías y, desde el Gobierno, el apoyo es indiscutible.

Impulsar las energías renovables es democratizar la energía, las pymes desempeñan un papel crucial en este sector y pueden contribuir y beneficiarse de un sector en expansión, clave para mitigar el cambio climático y garantizar la seguridad y la calidad del suministro.

PREGUNTA: La interconexión con Francia aportará un mayor grado de seguridad de suministro a España, ¿Qué importancia le otorga a la construcción de la línea de Muy Alta Tensión que facilitará la recepción de energía desde Europa?

RESPUESTA. La sostenibilidad del modelo energético será el objetivo fundamental de la política energética del Gobierno. Después de años de paralización, el proyecto que mejorará la seguridad en nuestro sistema eléctrico está más cerca de ser una realidad. La interconexión con Francia supone no sólo un avance en esta línea sino que amplía el mercado y, por tanto, permitirá que los precios sean más eficientes y menores, favoreciendo así a los consumidores.

PREGUNTA ¿Cuáles son los puntos principales que contemplan en lo que se refiere a política energética exterior, habida cuenta de la importancia que tienen los recursos de fuera de España en nuestra energía primaria?

RESPUESTA. Europa tiene que actuar en bloque para aumentar el poder de negociación frente a terceros. En este sentido, España necesita reforzar sus interconexiones con Francia y afianzar sus relaciones con el Norte de África para promocionar su papel como nexo entre los países productores y Europa.