Dos enfoques sobre el impacto de las medidas en las renovables

En efecto, este Real Decreto Ley ha puesto de manifiesto las diferencias entre los distintos sectores renovables y su posicionamiento respecto a la misma, aunque evidentemente, coinciden en ciertos intereses comunes y puntos de encuentro.

Mientras, por una parte, se podía advertir que el eje fundamental de determinadas asociaciones y ciertas tecnologías estaba relacionado con la seguridad jurídica y retributiva (energía eólica, AEE y UNEF), por otro lado estaban aquellos cuya estrategia era la de que la mejor defensa, es un buen ataque, a través de comparativas con el régimen general (una línea Maginot constituida por APPA, Protermosolar, ANPIER y Fundación Renovables). Es una emulsión renovable, pero menos.

Esta segunda estrategia defensiva-atacante tenía dos argumentos principales. El primero es la «culpabilidad» del déficit tarifario y su atribución, de forma que trataban de evitar el estigma de ser partícipes en este problema para exonerarse de su sombra (eso sí, tras reclamar continuamente esos subsidios y que permanezcan en la tarifa, fuera de los Presupuestos Generales del Estado). Este argumento era complementado con el segundo, y que es derivado de aquél: el señalamiento del origen de sus males en las eléctricas denominadas tradicionales y contra el mercado eléctrico (una vez que lo aprobado anteriormente, sobre todo las relativas a la Ley de Medidas en Materia Medioambiental y Sostenibilidad Energética, se cebasen con el mercado de generación y con el régimen general).

La primera cuestión ha sido abordada con fruición por estos colectivos en esta minicampaña entre la publicación del Real Decreto Ley y su convalidación en el Congreso de los Diputados, el pasado jueves. Era un intento de campaña basada en una ideologización más que en el derecho: el asunto de la culpabilidad del déficit tarifario, como argumento, sobre la base de efectuar comparaciones más o menos falaces, ocurrentes o forzadas de supuesta justicia redistributiva entre tecnologías y de reclamación de rentas, más que de modelo de suministro. Lo que pasa es que la crisis económica, no permite demasiados juegos florentinos con las cifras. Y, además, los números de trazo muy, muy grueso, cantan. Y a veces, hasta bailan.

Esta es una cuestión, la de la culpabilidad, que nos es de sobra conocida. De hecho, los partidos políticos cuando se tiran los trastos a la cabeza al respecto, se preguntan unos a otros «¿Quién tuvo la culpa?». La dualidad maniquea entre el concepto de «culpa» frente al concepto de responsabilidad ha sido uno de los ejes de este intento (fallido y recurrente) de campaña, excesivamente corta y ambiciosa como para cristalizar y modificar una imagen pasada, acrisolada en el tiempo y, cincelada, por las liquidaciones de la CNE y las propias actuaciones en agentes que se esfuerzan en una política de aseguramiento de rentas, descomprometida con el suministro eléctrico.

En el fondo, el déficit tarifario, como diferencia entre la tarifa y el coste total del suministro, es un balance y proviene de un conjunto de factores, de los distintos gobiernos, no de uno sólo. De hecho, cada uno es responsable de sus errores y de sus medidas (y no medidas) para atajarlo. Cada ministro y cada secretario de Estado tiene una cuota de parte de responsabilidad. No sería, por tanto, difícil sacar un escándalo por legislaturas del déficit tarifario.

Lo que también es evidente es la evolución de los componentes de ese coste del suministro y dónde se ha producido el incremento descontrolado en los últimos años. Con una tasa de crecimiento a cinco años los resultados son más que palmarios.

Las primas a las tecnologías renovables incorporadas dentro de los costes de acceso, cuya evolución en términos de crecimiento no es seguida por ninguno de los otros componentes, son cebadas por las tecnologías que irrumpieron en el sistema multiplicando sus previsiones de potencia e instalación, además, con unos subsidios muy elevados. El resto de componentes ha mantenido parámetros muy estables y, algunos otros, comparativamente a nivel internacional, anormalmente bajos.

Además, es evidente y comprobable, pese a todas las invectivas, que en nuestro país existe un mercado de generación de los más eficientes y baratos de Europa, cuyos precios medios no pasan de los 50 euros/MWh, fruto de la señal del exceso de oferta que recoge, del número de oferentes y de la caída de la demanda, así como del franqueo obligatorio de la generación renovable.

Por eso, esa misma parte del sector renovable ha intentado abrazar el discurso retroprogresivo del enfrentamiento entre sectores y la intervención en el mercado de generación para la redistribución de la existencia de supuestas rentas por tecnologías, manteniendo sin mácula uno de los sistemas de subsidios más onerosos de Europa destinado a los sectores más rentistas. Y, además, en la consciencia de que la subida de los precios de la electricidad para los consumidores en términos tarifarios, pondría el foco en el impacto de las primas en el coste del suministro. Por eso, la causa de que esta facción se empleara a fondo en esta argumentación ha sido una constante. Y, de ahí que permanezca ese reducto de la economía planificadora, así como que se opusiera a la traslación a precios del coste del suministro o a salir de las tarifas.

Quizá, por eso, el resultado de la comparativa más esencial de estas últimas medidas es la reflexión de que las tecnologías renovables más afectadas son las más eficientes, más empresarializadas, más próximas al precio de mercado y con menos primas, como es el caso de la eólica. Y, por otro lado, los más conscientes del sector se centran en los problemas financieros y jurídicos y evitan el aventurerismo de la ideología rancia y repetida.