Estos días pasados el Ministerio de Hacienda fue preguntado por el cambio de redacción del Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales en materia medioambiental y sostenibilidad energética en relación al destino de los recursos obtenidos por la batería de las nuevas figuras fiscales creadas por Montoro, Soria y asociados.

En realidad, en el cambio de redacción, desde el proyecto que empezó a circular como cuasi definitivo y el definitivo, se introducía una gran laxitud en el hecho de que los recursos fueran destinados a absorber conceptos incluidos actualmente en las tarifas de acceso, como las primas o la aportación a los sistemas extrapeninsulares (objeto de chalaneo, por otra parte presupuestario) o, incluso, a la reducción del déficit tarifario acumulado y sus intereses.

La respuesta correcta de los responsables del Ministerio de Hacienda consistió en decir que los impuestos y gravámenes no podían ser finalistas, es decir, que en el anteproyecto de ley de la creación de los mismos, no se podía determinar el destino de su recaudación a una cosa concreta y que, por tanto, su resultado formaba parte de los ingresos del Estado. Es por ello, que en la sustanciación de la política en forma de presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado se requiera de una atención muy precisa sobre el tratamiento de estos ingresos y gastos fiscales, dado que las partidas de ingresos y gastos deberían recoger estas previsiones en los dos sentidos.

Hay que reconocer que este Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, además de ser profundamente increíble por los supuestos económicos de los que parte, también es sumamente incompleto, por todas las cuestiones que el Gobierno tiene preparadas y en acecho en el trámite parlamentario. Algo que implica que, de lo que hoy se conoce, a lo que salga el 31 de diciembre habrán grandes diferencias, justificadas por las elecciones gallegas y por dejar lo polémico para el final. Además, Montoro ya se ha encargado de filtrar que puede ser posible la creación de nuevos impuestos en la recámara partiendo de la mirada torva del ministro de Hacienda hacia lo empresarial, que es donde recae fuertemente el incremento de la carga fiscal en los presupuestos de 2013.

El Gobierno, por tanto, debe explicar en los Presupuestos Generales del Estado dónde se recogen o se recogerán las estimaciones que surgen del Anteproyecto de Ley y qué partidas se absorben en los mismos y que hoy están dentro de las tarifas de acceso. Si no, es con destino al déficit tarifario, con concreción de partidas.

Si el Gobierno no lo hace así, las distintas explicaciones posibles son todas nefastas. Primera, que el cambio de redacción sirviera exclusivamente para justificar la creación de unos impuestos, basados en unos hechos imponibles con mera visión recaudatoria, una pretensión de voracidad fiscal para que su recaudación forme parte de la caja común del exangüe Estado, sin más miramiento. Eso lleva a un segundo tira y afloja con Montoro, a un regateo para conseguir trasladar partidas de las tarifas de acceso a los presupuestos y con el antecedente de los sistemas extrapeninsulares, la cosa tiene mala pinta. En todo caso, esto confirmaría la visión de que la energía es ese objeto tributario del deseo. Dos, que se pretenda configurar un impuesto como el Impuesto sobre la Electricidad, que una vez transferido y digerido por las Comunidades Autónomas, no hay quien lo elimine y su destino sea inconcreto y vaya al sostenimiento de las redes clientales. Tres, que el problema del déficit tarifario siga después del Anteproyecto de Ley con toda su polémica sin tocar, en un inacabable ejercicio de trilerismo.

Y, cuatro, que José Manuel Soria se quede mirando a la pared. Atentos.