Del WACC a la castiza «rentabilidad razonable» y sus riesgos

Según sus ideólogos, al menos, el diseño formal y retórico de este concepto eufemístico de la «rentabilidad razonable» debería ser útil para acomodarse a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

De hecho, en círculos privados, e incluso públicamente, hay preocupación en el Ejecutivo por el resultado de la reforma, que casi sin haber nacido y sin tiempo de apreciar los costes, ya tiene una fuerte contestación jurídica. De hecho, el Gobierno está preparándose para esa avalancha jurídica que va a embarrar nuevamente el terreno de juego de la energía. Y, resulta llamativo cómo, en un Gobierno donde la coordinación interdepartamental es un concepto desconocido, Industria y Justicia se están preparando para una avalancha de arbitrajes y pleitos. Eso da cuenta de la dimensión de esa preocupación, a pesar del desdén que muestra Soria cuando le preguntan al respecto.

Particularmente, resulta curioso cómo el Gobierno se ha decidido por ese concepto de «rentabilidad razonable», de indudable perfidia intelectual, económica y comunicacional. El término «rentabilidad razonable», adjetivo y sustantivo, es un término de envoltorio jurídico por su adecuación a la retórica de la Ley en lo formal, pero es eufemístico, y los eufemismos se construyen cuando existen miedos a denominar la realidad con su verdadero nombre.

El procedimiento establecido consiste en recalcular toda la rentabilidad de una instalación al coste teórico supuesto de la misma cuando se puso en operación y garantizarle una determinada rentabilidad basada en las obligaciones del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos, lo que equivale a una rentabilidad del 7,5%. Eso, según el Gobierno, es la «rentabilidad razonable» en la que hay que definir todos los parámetros por tecnología que cuentan en cada valoración. Esto afectaría a todos los activos regulados. Esta definición de «rentabilidad razonable» es tecnología genuina propia y patria. La pregunta podría ser por qué eso es «razonable» y no 3.000 puntos básicos adicionales, o 200 menos.

La pregunta es por qué el Ejecutivo español construye esta definición y le atribuye taumatúrgicamente el adjetivo calificativo de «razonable», cuando existen mecanismos y estándares internacionalmente aceptados al respecto. Ocurre además que existe un consenso internacional entorno al concepto financiero de WACC (rentabilidad media que exigen los fondos propios, es decir, los accionistas y la financiación externa, que son los tenedores de la deuda y prestamistas), como criterio de referencia a la hora de fijar esa «rentabilidad razonable». Así se han expresado la Comisión Nacional de Energía, los reguladores europeos, el OFGEM (Office of Gas and Electricity Markets) británico, etc…

De hecho, a la hora de presentar esta propuesta, va ser muy difícil de justificar que nuestro país haya decidido nuevamente elegir por tener ancho de vía propio, frente al ancho de vía europeo, y no caer en la consideración de habernos convertido en un país extravagante. Este casticismo puede, incluso, ser fuente de numerosos reveses judiciales y de resultados negativos en pleitos y arbitrajes internacionales. De hecho, la fórmula establecida no garantiza el WACC. ¡Cómo se vuelve a caer en el error de no percibir la legislación comunitaria y abandonar principios básicos en aras de una visión torcida de un hecho diferencial!

Y, además, imagínense la siguiente escena, que es totalmente posible: cómo una autoridad, como el secretario de Estado, cuando hable con homólogos de otros países occidentales, va a defender este concepto, sin tener que coger un bolígrafo, una servilleta y sentar a su contertulio. Cómo puede explicarlo sin ponerse nervioso, ni que le suden las manos, sin tener que repetirlo más de una vez o sin tener que volverse prolijo en las explicaciones hasta la extenuación. El cuadro es indicativo.

Sin embargo, y con todo este efecto, no es lo más preocupante. Lo más preocupante es cómo todo puede resultar campo de zozobra, fuerte litigiosidad e inseguridad, graves costes para nuestro país, nuestra credibilidad, para el sector y para los ciudadanos.