Déficit tarifario como problema público

La noticia más o menos estaba anticipada por los mercados en la medida que la elongación del proceso (más de quince meses), su procedimiento hiperadministrativo y varios deslices en su tramitación habían provocado que, prácticamente, caducara el ejercicio para los mercados financieros internacionales, si el objetivo era que entrase en 2010.

Si a esto le añadimos las dos intensas crisis de deuda en este año que elevaron los diferenciales de la prima de riesgo por las nubes y encarecieron la colocación del producto, el escenario para este activo estaba servido (habría que recordar aquí a los responsables de las subastas de déficit desiertas de la CNE cuando los diferenciales de prima de riesgo se situaban en 80 puntos básicos, estando actualmente por encima de 200). Leído así, puede desprenderse que esta noticia puede considerarse «per se» negativa, aunque si se relativiza el hecho del cambio de calificación y se observa el pasado reciente del déficit y el reenfoque al que estamos asistiendo, podemos colegir hilos de cierta reconducción del problema (pese a que este año el déficit tarifario esté desbocado con respecto a las previsiones y al Real Decreto Ley 6/2009).

Hay que repetir y recordar que el déficit tarifario es la diferencia entre el coste del suministro y la tarifa finalmente cobrada a los usuarios. Como la tarifa, por decisiones gubernativas o políticas (cada ejecutivo ha generado parte de déficit y en ciertos momentos se ha hecho con aquiescencia de los dos partidos, foto incluida), en su momento no reconocía el coste del suministro de la electricidad, se ha ido generando una deuda con las empresas eléctricas que tiene las mismas características que la deuda pública dada su condición de decisión política. Además, como se puede apreciar, la intervención de los distintos reguladores, partidos y administraciones han conformado una maraña de responsabilidades en la espesa capa de decisiones interrelacionadas (desde las primas a las renovables, los decretos del carbón, los derechos de emisión, las tarifas de acceso, el pago de déficits pasados o las pretensiones intervencionistas en los mercados de generación de los negacionistas y retroprogresivos, incluyendo la atávica retórica antiempresarial desde distintas esferas políticas) que involucran, por múltiples vías, al denominado «aparato económico-político del Estado».

El déficit tarifario y su colocación es y será, por tanto, un problema regulatorio, un problema político y un problema de Estado a nivel de país. No hay vuelta atrás. Gobernantes, unas veces acuciados por la inminencia electoral, otras veces por la amenaza ideológica que confería a las tarifas eléctricas el carácter de precio público intervenido y otras veces alentados por ejercicios demagógicos trasnochados que ubicaban el problema en el ámbito de lo estrictamente empresarial, percibían el recurso a esta figura con extraordinaria facilidad. Y ya no es así: ahora es una cuestión que ya se reconoce que atañe a toda la economía española, además de a sus empresas.

Y, la realidad de los hechos es que el Ministerio de Economía y Hacienda ha tenido que emplearse a fondo, en primer lugar, para facilitar la colocación del activo y su consideración equivalente a la deuda pública: obtener las garantías y avales del Banco Central Europeo. Y, al mismo tiempo, como ha reconocido el propio Ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, las líneas directrices de la política energética necesariamente tendrán que estar convalidadas dentro de la política económica. De hecho, es preciso advertir que la deuda pública y la deuda privada de los españoles, hoy afecta a la financiación de las empresas españolas y a su prima de riesgo, cuando acuden a los mercados internacionales. Todas estas decisiones, por tanto, están interrelacionadas.

Bien es sabido que el sector eléctrico español había venido sufriendo con mayor intensidad las penalizaciones de los mercados financieros y las bolsas. Los mercados financieros, con sus ‘especuladores’ y todo, tienen información completa sobre la deuda y el riesgo, que va más allá evidentemente de la comunicación política que tiene un ejercicio de distorsión y espejos para ‘colocar la realidad a los ciudadanos’.

La segunda noticia, en un mundo globalizado y con las empresas eléctricas internacionalizadas (tanto hacia el exterior como en su composición accionarial) es que el efecto ya no es exclusivo de las empresas, ni tan sólo de la economía española. Su ramificación internacional via accionistas, gobiernos, sectores y financiación es indudable. Probablemente, habrá que tener en cuenta todo esto en el futuro, de cara a las políticas tarifarias y a la colocación del déficit, respetando en mayor medida la ortodoxia de los mercados financieros y de capitales.

Varias son las lecturas que se pueden sacar de este comportamiento de los mercados. La primera podría ser contraria a la que se viene pronunciando desde un cierto posibilismo político e ideológico, como una especie de clamor totalmente inane en el desierto. ¿Cómo puede ser que los mercados puedan más que la política, en pregunta de Iñaki Gabillondo? Es decir, cómo puede ser que, si un país (o sus representantes políticos) ha venido decidiendo permitirse, graciosamente, el lujo de no pagar el coste del suministro eléctrico, cómo resulta que los mercados financieros no respetan esa decisión política cuando se trata de pagar ese endeudamiento. ¡Cómo estos mercados no respetan esa decisión soberana!

En todo caso, la internacionalización del problema y la necesaria intervención de las autoridades comunitarias, seguramente, harán que a partir de ahora empiecen a primar las cautelas con esta política de precios eléctricos, con el déficit tarifario y su colocación. Es, por tanto, tiempo de mayor credibilidad en la política energética y tarifaria. Los siguientes pasos en este sentido (colocación del déficit y decisiones de política tarifaria inminentes) serán test a vigilar de cerca.