Hablábamos de la propuesta de medidas fiscales para la “sostenibilidad energética”, bajo la forma de anteproyecto de ley (en realidad, supuestamente, para la sostenibilidad económica del suministro eléctrico: es decir, para resolver el déficit tarifario) como conjugación del ‘remedio’ con la enfermedad y la agonía, cuyo resultado es algo peor. Posiblemente, el eufemismo de esta ley es quizá el más inapropiado que ha podido pergeñar el Gobierno. Y, de manera casi unánime, se ha puesto en evidencia que las más beneficiadas por el mismo son las ‘renovables’ con primas más altas, concentrándose los perjuicios y distorsiones en las tecnologías de régimen general y mercado. Pero los daños y perjuicios van mucho más allá, al no comprenderse el sector y el suministro eléctrico como modelo, como mercado y como sector. En realidad, es una operación política destructiva y devastadora, e incluso inconsciente para sus autores.

Evidentemente, es una propuesta de ’quita’ implícita a las empresas bajo un conglomerado y alambicado formato fiscal de siete figuras combinadas y algunas convergentes en la misma tecnología de generación. Y, evidentemente, cuanto mayor sea la pretensión del Ejecutivo de que estos impuestos no se trasladen a los consumidores, mayor sería la “quita” del déficit tarifario acumulado. Es que es una tautología, además de una simpleza y una aspiración volitiva del Gobierno por la cuenta que imagina que le trae en términos de votos. Pero, a cambio de eso, la construcción del Anteproyecto de Ley tendrá efectos devastadores e impensables para el funcionamiento del suministro, del sector y de las empresas.

El mal menor sería que sus consecuencias fuesen solo políticas. O que sus consecuencias se diluyesen por los efectos de la distancia y el olvido. O que el Gobierno evitase que alguien le señalara con el dedo como responsable de los daños y los efectos perjudiciales de un proyecto de ley diseñado por fiscalistas, elaborado por el Ministerio de Hacienda, de espaldas al sector eléctrico y al funcionamiento del suministro. La cantidad de consecuencias que se derivan de la norma son tan numerosas que, seguramente, las empezaremos a ver casi de inmediato. Las primeras son las cotizaciones de las empresas beneficiadas (Abengoa, Acciona y ACS) y las de las perjudicadas (las del sector eléctrico) y la evolución de los mercados de futuros del precio de la electricidad.

En todo caso, es cierto que el Gobierno no es responsable de la situación pasada recibida en materia de déficit tarifario. Pero también es cierto que, transcurridos nueve meses, no ha resuelto nada, ha empeorado y ha crecido el déficit tras un año de su mandato. Y, con el anteproyecto de ley presentado, de forma muy poco meditada y estudiada, y sus consecuencias a corto, medio y largo plazo, ha estropeado el sector y ha empeorado el mercado de generación, afectado por la distorsión fiscal que provoca, de forma muy negativa, a las empresas, las instalaciones, la financiación, la inversión y los precios. Y, especialmente, este efecto es mucho más intenso para las tecnologías inframarginales.

Pero, son incluso más preocupantes otras cuestiones derivadas de la falta de neutralidad de la propuesta: la restricción de la oferta en el mercado de generación, los efectos sobre el ciclo de inversión y financiación de las empresas, la litigiosidad sobrevenida de unas figuras fiscales traídas por los pelos para dar cobertura a posiciones ideológicas (como el canon a la tecnología hidráulica de régimen general), los efectos sobre el cierre de las instalaciones de generación y, también, en consecuencia, sobre la seguridad de suministro, el mantenimiento de un sistema de subsidios caro, que incluso auspicia la transferencia de rentas y la incapacidad del Gobierno para hacerle frente con racionalidad económica.

Indudablemente, esta es una reforma elaborada por el Ministerio de Hacienda, su “equipo económico” y asociados. Es una reforma fiscal intervencionista y devoradora, generadora de graves problemas para el país y la sociedad. Es una reforma de alguien que no cree en la economía, en los sectores, en lo empresarial y en los mercados. Solo política. Recordemos, en lo que se refiere a los impuestos, tasas, cánones y figuras fiscales, que Montoro es Catedrático de Hacienda Pública y que se irrogó la máxima autoridad tributaria. Y, todo lo anterior en materia tributaria, los efectos fiscales, las distorsiones y la falta de neutralidad fiscal Montoro se la conoce. Aunque fue Soria, con un papelón, quien presentó la reforma en sociedad y se comió el marrón de hacer suyo algo cuya autoría, claramente, es de Hacienda.

Y, recordemos que Montoro es experto en eufemismos políticos para intentar suavizar los efectos de las medidas que propone, llegando al extremo de ser lo contrario de lo que dice. ¡Si hasta el eufemismo del nombre del anteproyecto de ley es suyo! Otra temeridad.