Dentro de los costes ocultos y de lo que se pueden denominar como daños colaterales de la propuesta de fiscalidad energética, están los daños resultantes (presentes y futuros) para el Gobierno y su reputación, derivados de la propuesta fiscal para la “sostenibilidad energética”, contenida en el Anteproyecto de Ley conocido el pasado viernes. Son daños no menores, si se perciben con perspectiva y se evalúan después de esta primera batalla.

A tal efecto, como podrá comprobar el lector, no nos vamos a detener con más delectación morbosa de la necesaria que un párrafo en el “affaire” Cristóbal Montoro, sus capicúas, su relación con la consultora Equipo Económico Montoro Asociados, su ex socio y hermano de su jefe de gabinete actual, Ricardo Martínez Rico y su presencia en el Consejo de Administración de Abengoa. Consecuentemente, se produce la defensa cerrada de Montoro y del modelo de generación de plusvalía con sus suculentas primas y subsidios, a costa de encarecer el suministro y de efectuar todos los desmanes posibles en un sector clave para la economía y la competitividad como es el suministro eléctrico. Sobre todo porque ese problema de conflicto de intereses es una parte (grave, importante, relevante, clave, eso sí) pero no el único de los que el Gobierno ha transparentado en este abrupto proceso político, como el hecho de que, papeles literales de la compañía fueron llevados a la mesa de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (por otra parte, partiendo de una torpeza incalculable, como es el reparto de documentos idénticos a dos áreas del Gobierno enfrentadas).

Abstrayéndonos del escenario y de lo general a lo particular, es del todo punto preocupante a la vista del trilerismo en que se ha movido el proceso, señalar que el Gobierno transparenta su carencia, su ausencia de modelo energético, de suministro eléctrico y empresarial y de mercado. Decir esto es grave, pero a la sociedad española ya no le preocupa. Por eso, en realidad, bochorno mayor es que eso nos mantenga indiferentes, y que lo que realmente haya sido el eje de los problemas es la presentación del problema del déficit tarifario en términos de cochina dialéctica de intereses de una atorrante élite, distribuidora de beneficios y rentas reguladas.

En segunda instancia, la fractura o fracturas que ha mostrado el Ejecutivo a cuenta del proceso han sido de proporciones enormes y conducentes a lo que ha sido su resultado. Por un lado, tenemos la existencia de muchas manos, de muchos intereses y de luchas intestinas en el seno del Ejecutivo, en un proceso enormemente caótico, más que visible, peligrosamente televisado y radiado en directo por sus protagonistas y antagonistas. Blanco y en botella. Desde el conflicto abierto entre Hacienda e Industria, el más llamativo de todos, hasta el papel de la Oficina Económica del Presidente, con el camarada Álvaro ‘Kicillof’ Nadal al frente, o la ausencia de un Ministerio de Economía con modelo de mercado interior y visión de los sectores económicos, lógicamente preocupado y ocupado, actualmente, en otros problemas financieros y bancarios. En todo caso, las relaciones en el seno del Ejecutivo han sido totalmente disfuncionales.

Incluso, la forma de resolverlo, sin estudios serios, sin diálogo con los sectores, dejando que pasen y se precipiten los acontecimientos en esa dinámica hacia su desenlace, manu militari, por las afinidades electivas y los accesos dentro del Gobierno, con la preponderancia de lo fiscal y lo jurídico, los temores a los procesos judiciales, por influencia de los Abogados del Estado, frente a lo económico, lo financiero y el modelo de mercado, deben ser motivo de reflexión respecto de los procesos regulatorios, la estabilidad jurídica y la calidad regulatoria e institucional de nuestro país.

Por eso, la solución final es paroxística. Una indisimulada propuesta de índole meramente fiscal, en la que Montoro, con la ayuda de la fontanería monclovita, su aliada la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría y, por motivos de exacerbación ideológica, iluminada y mesiánica, de Álvaro Nadal, devino en un ejercicio de humillación al ministro de Industria, José Manuel Soria, ejerciendo de cara visible de la presentación en sociedad del engendro en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Que José Manuel Soria haya sido sometido a comportamientos sádicos políticos en este proceso, tampoco le exonera de su responsabilidad en el resultado final de este Anteproyecto de Ley de indudables consecuencias en materia de política energética y suministro eléctrico. No es una víctima, es parte también de la dinámica conducente a este resultado y, este es el momento de que se precipiten todas las carencias de su ejercicio al frente del Ministerio.

Frente a un modelo de política politizada, de abrazos y declaraciones imposibles, está la necesidad de trabajar en profundidad, de conocer los problemas, en términos económicos, gestores y técnicos, dedicarle tiempo, diálogo, contar con efectuar estudios y análisis fiables, buscar equilibrios y articular una interlocución fluida con el sector y los subsectores. Eso y, por decirlo suavemente, el grave déficit: contar con una débil y muy cuestionada Secretaría de Estado de Energía. Todos esos agujeros, han dado lugar a que se produzca un paseo marcial por parte de Hacienda y han contribuido a que se materialice una solución que sólo va a generar graves problemas al Ejecutivo y al país. El tratamiento solipsista, el temor a la relación con las empresas y el ninguneo a los sectores económicos, en este caso, al sector eléctrico, no son propios de ninguna economía avanzada occidental. Pero, además, por asimetría con el acceso de Abengoa en el seno del Ministerio de Hacienda y su política de puertas giratorias, la situación se convierte en lacerante.

Lo que pasa es que los mercados, los analistas y los expertos sectoriales ya conocen el resultado de este anteproyecto como una propuesta indolente, desequilibrada, obsesiva con determinadas tecnologías y con el sector (financiador del déficit tarifario hasta el momento), indocumentada, ignorante de otros procesos económicos existentes en el sector y, fiscalmente, no neutral.

En definitiva, es el producto de no entender el suministro eléctrico como un proceso relevante para la economía, sino como una decisión dialéctica de intereses y acceso. Por eso, es un anteproyecto inconsciente con respecto a su calado y sus consecuencias. Y ése es su mayor defecto institucional y político.