Cospedal afirma que la dimisión de Gil-Ortega no afecta, «de ninguna manera», al futuro del silo nuclear

En una entrevista a Radio Nacional de España, Cospedal indicó que la ubicación del ATC en la localidad conquense fue aprobada por el Gobierno central antes de que Gil-Ortega fuera nombrado presidente de Enresa.

«Las decisiones del Gobierno pasan por todos los requisitos de legalidad, como no puede ser de otra forma. No dependen de una persona o de otra sino de decisiones que tienen que ver con lo técnico y lo científico», manifestó.

Sobre la dimisión del Gil-Ortega, la presidenta de Castilla-La Mancha señaló que no puede dar ningún dato sobre esta decisión. «Es lo que él ha dicho, por razones personales, no puedo dar ninguna clave», apuntó.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santa María, aseguró que el Ministerio de Industria prestará «especial atención» a la opinión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para nombrar al nuevo presidente de Enresa, tras la dimisión de Francisco Gil Ortega.

Saénz de Santamaría recordó que esos nombramientos corresponden a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que «llevará a cabo el relevo y, en este punto, el Ministerio de Industria tiene una especial atención prioritaria a los informes de Consejo de Seguridad Nuclear, los cuales ya se han pedido y algunos están en marcha».

El PSOE pide la comparecencia de Soria y Martí Scharfhausen

El portavoz socialista de Energía y miembro de la Ponencia encargad de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear, José Segura, solicitó en el Congreso de los Diputados la comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, para que explique la situación de Enresa, tras la dimisión de su presidente «por razones personales».

Además, quieren que el titular de Industria proporcione a la Cámara Baja su posición respecto a las actuaciones realizadas en Villar de Cañas (Cuenca) para la construcción del futuro ATC.

Asimismo, el grupo parlamentario socialista solicitó la comparecencia del presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo para que explique los informes relativos a la viabilidad del emplazamiento del ATC en Villar de Cañas.

El emplazamiento fue cuestionado por distintas organizaciones ecologistas y el propio organismo regulador, en el marco del proceso de licenciamiento del proyecto, solicitó a Enresa más datos respecto a la idoneidad de la ubicación, las características del terreno y las consideraciones respecto a la seguridad de cara a acoger durante al menos 60 años los residuos nucleares de alta actividad y el combustible gastado de las centrales nucleares españolas.

Mientras se construye el ATC, los residuos están «seguros»

Por último, el Foro de la Industria Nuclear precisó que, «mientras» se construye el ATC, los residuos de alta actividad están «almacenados y vigilados de manera segura en las centrales nucleares», bien en piscinas diseñadas para almacenar temporalmente el combustible utilizado o en almacenes en seco.

Además, destacó que el ATC, al ser una solución centralizada, permitirá almacenar «todo» el combustible gastado y los residuos de alta actividad de las centrales nucleares españolas, lo que permitirá que estos permanezcan en «un solo lugar y con una gestión única».

Asimismo, defendió que España dispone de «experiencia, tecnología y recursos» para llevar a cabo el proyecto, que es una instalación similar a otras ya instaladas en Europa.

Como ejemplo, se refirió al almacén holandés Habog, que es el que el ATC toma como referencia. La mayoría de países del entorno adoptaron una solución como la española, que consiste en almacenar los residuos de alta actividad en una instalación centralizada.

Por otro lado, la organización que representa a la industria valoró que la construcción de un ATC elimina la dispersión de almacenes temporales de residuos de alta actividad, optimiza los recursos destinados a la vigilancia de este material y, también, independiza la operación de las centrales nucleares de sus procesos de desmantelamientos futuros.

«El ATC permite la centralización de la gestión y vigilancia de todos los residuos radiactivos de alta actividad que se generan en España, y permite cumplir las cláusulas de repatriación de residuos y materiales del reprocesado de combustible gastado en el extranjero, a la vez que reduce el impacto ambiental», concluyó.