Conozca la primera medida energética de la nueva etapa

Está en el ambiente. Los medios económicos y los mercados quieren concreción de lo que va a ser la política económica del nuevo gobierno. Y si no hubiera concreciones, al menos que se emitan señales o signos que sean indicativos de que el nuevo ejecutivo está dispuesto a realizar reformas, una política económica coherente. Todo ello, evidentemente, más allá de los discursos, declaraciones de intenciones, paños calientes y reuniones para tomar un acuerdo.

Hoy escribe en el diario La Vanguardia el siempre recomendable Enric Juliana un comentario titulado «Mariano, échanos algo«. ¿La velocidad de los acontecimientos económicos en esta crisis (muy diferente a la que existía cuando se aprobó la Constitución, articulando un proceso de un mes para un cambio de gobierno) permitirá un armisticio de un mes?

En el ámbito energético también existen estas mismas demandas y necesidades, habida cuenta de que existen problemas abiertos y problemáticas por abordar, que es preciso resolver y abordar con urgencia pero, eso sí, sin precipitación ni ansiedad y sobre todo con conocimiento y de forma integral, evitando las chapuzas regulatorias desbordantes a las que hemos estado acostumbrados. Por ejemplo, precipitación y ansiedad es la que se puede generar en un Ejecutivo recién entrado si una de sus primeras decisiones tiene que ver con la revisión de la tarifa eléctrica, si este Ejecutivo asume con su función tener precios bajos en la energía (contra viento y marea, contra mercados y entorno económico), en lugar de tener una política energética y sin ponerse de los nervios.

En todo caso, podemos decir que en el ámbito energético, y concretamente en el sector eléctrico renovable, ya existe una primera decisión conocida de lo que es la nueva mayoría popular en el Gobierno Central y en los autonómicos. Una primera medida surgida de este glacis, de este nuevo orden. Y es una medida que va más allá o que incluso se combina con las filtraciones relativas a la posibilidad de elevar la presión fiscal con una tasa a la generación hidráulica y nuclear (que, evidentemente, hay que dejar en el terreno de la filtración, aunque sea una comunión con el programa socialista y procedan del sector más nadalista de la energía). Vamos a ver.

Pues bien, esta primera medida es que la Junta de Extremadura acaba de aprobar las autorizaciones de 65 parques eólicos más, que ya suman 977 MW de nueva potencia. Son 65 parques eólicos más, con lo que ya son 97 los que «pueden entrar» en el registro de preasignaciones, con un potencial instalado de 1.691 megavatios (MW). El flamante nuevo presidente de la Junta, el popular José Antonio Monago, sigue una camino ya habitual en las Comunidades Autónomas en lo que se refiere a las convocatorias de estos concursos. Se podría aducir que, «stricto sensu», esta no es una medida «de Rajoy». Pero lo es en la medida que es auspiciada y/o tolerada. De hecho, el presidente gallego, Núñez Feijóo, fue el primero que inició esta senda.

En todo caso, dicha medida no es en absoluto inocua…. Viene a apuntalar algo que ha sido moneda común en la legislatura anterior: los concursos autonómicos de concesión de nueva potencia eólica, con fundamentos de dudosa legalidad, son una forma de presión fiscal encubierta (pero presentable políticamente al ir en primera instancia incorporada en el proyecto de las empresas) que elevan el coste de los proyectos y que, consecuentemente, afectan a la tarifa eléctrica y al coste del suministro a través de estos innovadores mecanismos fiscales que incorporan para la obtención de recursos para estas Administraciones Autonómicas.

Por otra parte, esta media contradice el propio programa popular cuando afirma «Impulsaremos la armonización, reconocimiento y homologación en todo el territorio nacional de los criterios, requisitos, procedimientos, permisos, tasas e impuestos para la autorización, instalación, operación, ampliación, modificación, mejora o desmantelamiento de instalaciones e infraestructuras energéticas». En consecuencia, los temores a que Rajoy y su Ejecutivo estén condicionados por los barones y las Comunidades Autónomas se refuerzan, sobre todo en un momento en que es preciso revisar el sobrecoste de la estructura administrativa de que nos hemos dotado y su efecto sobre la unidad de mercado.

Todo ello viene también a avalar la idea de un modelo de desarrollo de energías renovables entendido como un maná, basado en la generación de plusvalías para su distribución y la transferencia de rentas entre tecnologías, territorios, administraciones o entre personas físicas o jurídicas. Por ejemplo, con lo que las Comunidades Autónomas detraen de estos concursos, se pueden construir polideportivos infrautilizados o tender nuevas carreteras sin demanda. Y también otro tipo de transferencia de rentas es la que favorecen las redes clientelares locales y cercanas que revenden las concesiones obtenidas en primera instancia, pero que, por su ausencia de experiencia en la operación de estas instalaciones, revenden a posteriori, incluyendo los costes de su intermediación.

Por tanto, es una medida que abunda en una desconexión intelectual deliberada en términos económicos. Decisiones políticas frente a realidad económica. Si aumentan los costes en las instalaciones de generación por la interposición de un agente concesionario que reclama su estipendio, su repercusión acaba alcanzando a la tarifa y, por tanto, a la factura y al ciudadano. Todo eso es finalmente financiado por la tarifa, es decir, por la factura eléctrica que pagan los ciudadanos, sin que nadie haya deseado que se efectúe una relación causa efecto muy nítida. Unos no critican por el espíritu zen renovable, que no repara en lo económico y otros, los más aviesos, por la mayor consciencia de la necesidad de disimulo. Si el desarrollo es renovable, todo está permitido, y bajo esa pátina se pueden realizar todo tipo de fechorías que se trasladan al futuro (déficit tarifario), a los ciudadanos (tarifa) o a la capacidad instalada futura menor, por sus sobrecostes. ¿Qué interés oscuro existe para que no expliquen estas consecuencias y esta relación causa efecto?

En todo caso, podríamos volver en el ámbito energético a la hipocresía, consistente en que la mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda, pero que lo haga, de forma que pudiera ser posible tratar de reducir el déficit tarifario por vía de la intervención en los mercados y la fijación de tasas a ciertas tecnologías, como ya se ha anunciado, y, por otro, que se fijen cupos obligatorios, que se engorden los costes regulados o se aumente el coste vía los concursos de nueva potencia eólica, es decir, vía las decisiones políticas y del aparato administrativo y sus inercias.

No hemos hecho nada.