Competencia cree que Repsol quiere acallar los efectos del informe sobre carburantes

En declaraciones a Gestiona Radio, Luis Berenguer mostró su sorpresa porque una compañía se haya molestado por algo que se dijo en 2009, ya que se trata de un informe de seguimiento en el que se reitera lo planteado en ese momento de que en España no hay competencia suficiente en distribución de carburantes. Si Repsol anuncia acciones judiciales, añadió: «sólo podemos decirles bienvenidos sean, y en el juzgado nos veremos».

En el informe de Competencia, hecho público el 14 de marzo, se reiteraba que las «numerosas barreras» existentes para la entrada de nuevos operadores y la expansión de estaciones de servicio en el mercado de carburantes de uso automovilístico están reduciendo el grado de competencia en el sector.

Asimismo, la CNC recogió unos datos de la Comisión Europea señalando que los españoles podrían pagar 1.684,4 millones de euros más por los carburantes antes de impuestos que los franceses o 1.244,3 millones más que los alemanes por esa falta de competencia.

Ante esto, el pasado viernes Repsol envió a la CNC un requerimiento de rectificación pública del citado informe, así como de las declaraciones previas y posteriores a la publicación del mismo realizadas por Berenguer.

Fuentes de Competencia explicaron que habrá una reunión del Consejo del organismo y que probablemente estudiarán el requerimiento de la petrolera. Desde el organismo subrayaron que el informe no hace ninguna imputación a Repsol ni afecta a su reputación.

Por el contrario, desde Repsol señalaron que se estudia emprender acciones legales al entender que el informe contiene «graves imputaciones gratuitas que confunden intencionadamente a la opinión pública y que ocasionan un grave daño a la reputación de la empresa».

Repsol considera que el informe genera una «gratuita confusión e intranquilidad en la opinión pública», con conclusiones «erróneas y comparaciones incorrectas» de precios en Europa, y «sólo busca un clima de reproche social hacia los operadores del sector en España».

«La compañía no puede tolerar que, una vez más, sin fundamento, se cause daño a su reputación, por parte de quien está obligado a actuar con respeto y rigor«, dijeron las fuentes.

Berenguer insistió en que en España hacen falta entre ocho y diez años para poder abrir una gasolinera, algo que no fomenta la competencia y dificulta la aplicación de la directiva europea de servicios.