Compás de espera

Parece que la afectación a la distribución es la que ofrece una salida jurídica más rápida y «limpia» para el Ejecutivo que, además, teme el resultado de los procedimientos judiciales de los recursos de las compañías eléctricas, derivados de las decisiones «gubernativas» pretéritas relativas a las sucesivas revisiones adulteradas de las tarifas eléctricas por los anteriores gobiernos, para evitar que la tarifa se adecúe a la realidad y cumpla el programa de déficit tarifario de cada período. Así, Industria habría pedido a las empresas eléctricas que retirasen los recursos contra estas decisiones, cuya respuesta judicial es muy previsible. La retirada de estos recursos por parte de las empresas tendría unos efectos perversos sobre empresas y accionistas, que no es desdeñable.

Un inciso. Una sentencia judicial contraria o negativa es, en sí, una forma de señalar un incumplimiento de una norma legal que se establece por el propio Gobierno. De forma continuada en el tiempo, los sucesivos ejecutivos han ido fijando tarifas por debajo del coste total de suministro, acumulando déficit entre el coste real y la tarifa, y fijando límites anuales a ese déficit que se han ido superando sistemáticamente. Y, lo que viene a determinar el Tribunal Supremo es esa incoherencia, o inconsistencia, que en términos jurídicos se denomina algo mucho más grave: ilegalidad.

Volviendo a las especulaciones, han comenzado a ser incesantes las mismas, dado que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se ha ido bunkerizando hasta entrar en un ostracismo completo y patológico respecto a las medidas que pudiera decidir el Ejecutivo. Se trataría de iniciativas que en estos momentos serían las primeras de una serie de medidas y cambios legales posteriores, de forma que se está preparando a lo largo de este semestre un conjunto de reformas o modificaciones de más amplio calado, desde la revisión de la legislación actual, así como la revisión de la Planificación Energética o el Plan de Energías Renovables, o medidas fiscales todavía muy imprecisas y que hoy simplemente funcionan por el procedimiento del globo sonda. Las últimas declaraciones del ministro hablan de una rebaja que afectará a los costes de funcionamiento, entre los que mencionó la generación, el transporte, la distribución, la gestión comercial y otra serie de cuestiones más técnicas, como por ejemplo, los pagos por capacidad que cobran determinadas centrales térmicas. Por tanto, dado el amplio espectro, habrá que ver qué, cómo, cuánto y hasta cuándo.

En todo caso, los distintos sectores que conforman el sector eléctrico, en especial determinadas tecnologías renovables como la termosolar que conjura una moratoria, están tomando posiciones en una batalla que no ha hecho más que comenzar y habrá que plantearse quién y cómo está elaborando esta reforma de la regulación eléctrica.

Y, todo ello, desde el Gobierno, con un nuevo modelo de actuación, mucho más vertical, autónomo y solipsista, como esta revisión tarifaria efectuada ya sin la Comisión Nacional de Energía, organismo que ha quedado completamente aislado, suelto, a su libre albedrío, marginal y marginado, a la deriva y a la espera de que se lo trague la galerna. Es cierto que al Gobierno, por una parte, le ha pillado el ‘toro’ con la segunda revisión tarifaria del año (a lo que se ha añadido la sentencia del Tribunal Supremo) y que cada revisión tiene un carácter más agónico. Decisiones actuales no garantizan posiciones futuras. De hecho, la provisionalidad de las decisiones se ha instalado en una concepción regulatorio-político-económica de carácter muy efímero. En todo caso, la noticia de la subida de entre el 5% y el 7% es quizá la mejor conclusión del proceso relativo a la revisión tarifaria de este trimestre.

Por otra parte, el Gobierno ha incorporado al grave problema de déficit tarifario acumulado y creciente dos cuestiones más, que son el papel de los operadores de transporte y sistema, Red Eléctrica y Enagás, su retribución por las actividades de transporte y gestores técnicos del sistema, sus programas de inversiones, las decisiones y necesidades de demanda que lo soportan, la forma de maximizar su rentabilidad y de crear valor en bolsa de estas compañías, y la propia demanda de rentabilidad que hacen sus accionistas privados y equipos directivos (todavía en fase de recambio: una vez remodelada la cúpula directiva de REE y su Consejo de Administración, queda Enagás).

Por tanto, seguimos a la espera. Mañana, más.