Comisiones Obreras denuncia el incremento de emisiones en 2007

Comisiones Obreras considera que a España le va a resultar muy difícil reducir las emisiones de gases de efecto invernadero si el modelo de transporte sigue basándose en la construcción de grandes infraestructuras que favorecen el uso del vehículo privado. El propio presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reconocido en el discurso de investidura que somos el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas. También somos el que más alejado se encuentra del cumplimiento del Protocolo de Kioto.

Las emisiones de CO2 en el sector del transporte han aumentado en España en torno a un 80% desde 1990, mientras la industria lo ha hecho en un 40%, la mitad, aunque también muy por encima del 15% que nos permiten los compromisos de Kioto. Si no se da un giro claro hacia el desarrollo de infraestructuras que hagan más atractivo el transporte ferroviario -especialmente en los servicios regionales y de cercanías, que son los más usados por los trabajadores y los ciudadanos en general, así como en mercancías-, va a ser muy difícil reducir las emisiones en el sector del transporte.

Para que las emisiones en el transporte comiencen a reducirse es
imprescindible una reorientación en la construcción de infraestructuras y la puesta en marcha de políticas de movilidad sostenible a través de una ley como la que ha propuesto CCOO. Dicha ley debe incorporar planes de movilidad urbana, en polígonos industriales y en empresas. También se deben desarrollar sistemas de intermodalidad y de pacificación del tráfico, así como políticas urbanísticas que no favorezcan la dispersión residencial, que induce a una mayor movilidad en las áreas metropolitanas.

La construcción de autovías, además, no es muy intensiva en mano de obra, al realizarse predominantemente con maquinaria pesada. Para mitigar la pérdida de empleo que se está produciendo en el sector de la construcción CCOO propone, entre otras medidas, una adecuada orientación de la inversión pública para el desarrollo de planes de rehabilitación con criterios de eficiencia energética de viviendas y edificios públicos y privados. También debe haber planes de inversión en la construcción de vivienda protegida y en las infraestructuras y edificios que se precisan para el desarrollo de la ey de dependencia, así como para los centros educativos y sanitarios.