Coacción a un gobierno

Ayer tuvo lugar en el Parlamento la convalidación del Real Decreto Ley 6/2009, cuestión que, si no hubiera sido por esa marea interna ideológica que tiene desgraciadamente el sector eléctrico, debería haber pasado de una forma natural por la sede parlamentaria como, en efecto, ocurrió finalmente, tras los intentos de “afear” “in extremis” este acuerdo al Gobierno. Acuerdo que supondrá, en primer lugar, la posibilidad de que se financie la deuda acumulada con las empresas (derivada de la insuficiencia tarifaria, seguida y sostenida en estos últimos años y que deterioraba la situación económica e inversora del sector) y que las compañías asuman varias partidas de la factura eléctrica actual, además del bono social. No contentos con esta “quita”, el colectivo de retroprogesivos (intelectuales vinculados al sector energético, propensos al Antiguo Régimen y contrarios a la liberalización de los mercados) ha venido manifestando su total disconformidad con este acuerdo, por distintas vías indirectas y preferentemente a través de algún medio de comunicación.

Los retroprogresivos (tendido 7 del sector energético, apostados en gran medida en la CNE, órgano convertido en algo inservible y anacrónico), están hoy enfrentados claramente y significativamente al Gobierno y al Ministerio de Industria, a la realidad vigente y a la construcción de los mercados de la energía en toda Europa. Hoy libran sus últimas batallitas contra la liberalización y la regulación europea y son el último reducto del intervencionismo, de la tentación a la expropiación y al chavismo económico en el sector energético. Son contrarios al mercado eléctrico (y, en el fondo, a todos los mercados), con una visión distorsionada de las empresas. Pero esta visión cuenta con un “pequeño defecto de fábrica”: que España es un país con gran dependencia exterior y sin fuentes de energía propia, con lo cual todas las medidas intervencionistas se convierten en toreo de salón o saltan por otro lado. ¿Cómo conciliar esa situación estructural y sofocar los precios de la energía para los consumidores? A través de un intervencionismo, del control de precios por vía administrativa, de la inseguridad jurídica y regulatoria, de la consideración del sector empresarial como “entes” domeñables, derivados de la actuación pública de cada momento. La solución, el franquismo en el que hasta las empresas formaban parte del “aparato”, la autarquía, el Marco Legal Estable, el saqueo a los mercados por mecanismos arbitrarios, más o menos ocurrentes y la oposición a cualquier cosa que recoja el funcionamiento de una economía avanzada y liberalizada con una regulación razonable y eficiente. En eso tuvieron la inestimable colaboración del anterior equipo ministerial, con Clos y Nieto a la cabeza.

Por ello, ayer un medio de comunicación se hacía eco de una noticia expresada de forma muy malévola: la existencia de supuestas presiones de las empresas eléctricas a los grupos parlamentarios popular y del PNV, a efectos de garantizar la aprobación de este Real Decreto Ley, evidenciando, en realidad, la presión que, de facto, se ejercía con una noticia así, difundida en estos términos y a través de aquel medio de comunicación al Grupo Socialista, al Ministerio de Industria y al propio Gobierno.

Todo ello instado por mecanismos habituales en las correas de transmisión, promovido desde instancias retroprogresivas que han ido apareciendo en todas las fases de negociación de este acuerdo y, ahora, en su convalidación parlamentaria. Por eso, siempre que había un acuerdo listo entre Gobierno y empresas para solucionar la pandemia del déficit tarifario, inmediatamente se saboteaba: se conseguía que se filtrara y destazara, utilizando siempre el argumento nefando de lo “empresarial” que tan buen rédito da (el concepto empresarial demonizado en términos de ideología pseudomarxista-pseudofalangista) y de la existencia de trasfondo y actuación de “lobbys” perversos.

Manejo de los hilos, mecanismos propios del trostkismo aprendido en el franquismo (eso sí que es opaco): algo tormentoso, oculto y truculento que, de pronto y casualmente, aparece en escena a través de los medios de comunicación y que busca provocar con la manipulación de los titulares a la opinión pública. Véanlo, es la misma técnica que, de vez en cuando, reverdece en la campaña antinuclear (maletines que se pierden con cargas radiactivas y situaciones propias de películas de James Bond). De todas formas, síganles. Son inconfundibles. Ayer, incluso, seguro que habría esperanzas, en plan ‘hooligan’, a ver si el Ministro de Industria, Miguel Sebastián y el Gobierno doblaban la rodilla y no conseguían convalidar este Real Decreto Ley. Son los últimos estertores e intentonas de este colectivo en el que se mascaba la expectación de la postrera oportunidad para evitar la liberalización y seguir trajinando.

En ese ámbito es en el que hay que colocar la posición de este colectivo a otro Real Decreto Ley, el R.D. 11/2008 (éste sí impresentable) que consistía en la detracción de los derechos de CO2 distribuidos gratuitamente a las eléctricas (y a otros nueve sectores a los que no se les detraía nada), para reducir el montante de la factura eléctrica. Impresentable, porque un Secretario General consiguió que un Parlamento refrendase una actuación, con dudas sobre su legalidad a nivel europeo, por la vía de la disciplina de partido (con abstención de la oposición, recordémoslo).

En todo caso, este Real Decreto Ley convalidado ayer ha transparentado, por fin, la situación de deuda tarifaria generada, entre las tarifas y los costes del transporte, distribución y generación, calculados con unos mercados transparentes y que trasladan perfectamente la situación de oferta y demanda y precios de materias primas (miren ahora, por ejemplo). Deuda tarifaria generada por decisiones políticas erróneas: no subir tarifas eléctricas a los ciudadanos a cambio de crear una deuda a plazo y pagarla más tarde. Deuda que precisaba aval del Estado y un mecanismo de recuperación razonable. Decisiones que se producían, incomprensiblemente, en tiempos de bonanza y expansión que, por dejadez política, falta de convicción en el mercado de responsables políticos anteriores, incluso por la influencia de sectores intervencionistas que generaban una secreta esperanza en alguna actuación mágica detractora que lo extinguiera, hay que afrontar hoy en momentos de crisis.

Por ello, en todo el proceso que desata el Real Decreto, ahora toca que el mecanismo para su titulización y financiación sea completamente transparente, eficiente para los consumidores: es decir, que el coste sea bajo en términos de gastos financieros. Y, por otra parte, que se normalice el funcionamiento del sector hacia una liberalización y la desaparición completa del déficit, en un escenario de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. Tocaría, lógicamente, la promoción de un sector de comercialización y de unas tarifas que permitan generar una fuerte competencia en los mercados.

En este medio hemos señalado, los aciertos y lo que consideramos los errores de este Real Decreto Ley. Y, evidentemente, como nudo gordiano, la resolución del déficit tarifario, su calendarización, extinción y su financiación, es un acierto y una necesidad para nuestro sector energético, en la medida que se ha buscado una alternativa al desastre de las subastas de la CNE, con el necesario respaldo público.

En el campo contrario, la regulación del Registro de Preasignación, que aplica la técnica del electroshock, aplicando los electrodos al sector de las renovables (nunca mejor dicho) para controlar la factura de la electricidad y los costes a soportar en términos de primas. Esperemos que en el desarrollo posterior, se pueda mejorar y afinar esta regulación, realizada ‘ad limitum”. Del mismo modo, la involución hacia el monopolio en la red de transporte gasista a favor de Enagás, en el mismo sentido que la configuración de REE como transportista único, no es tampoco una buena noticia y también es una herencia retroprogresiva.

Por tanto, valoración positiva general y división de opiniones y matices en aspectos particulares de este Real Decreto Ley. Pero de ahí a volver al esperpento del intervencionismo, hay un gran trecho.