CiU recurrirá ante el Constitucional el veto que el Gobierno fijó a sus dos enmiendas contra el recorte aplicado a la tecnología fotovoltaica

El portavoz de CiU en el Senado, Jordi Vilajoana, anunció esta decisión durante el pleno de la Cámara Alta. La denuncia se presentará después de que su grupo supiese que el presidente del Senado, Javier Rojo, denegó el amparo que solicitó tras el veto del Ejecutivo.

Vilajoana explicó que, tras analizar la situación, Rojo le comunicó que no podía aceptar su petición de amparo y dijo que lo respeta, lo valora y lo acata, aunque el Senado perdió una oportunidad para buscar una solución a la situación económica «muy, muy difícil» en la que se verán «miles de familias» a partir de octubre.

De hecho, el portavoz de CiU lamentó este veto, que consideró discriminatorio debido a que «genera una indefensión que este senador nota y siente».

El presidente del Senado respondió para señalarle que, al no darle amparo, no hizo más que cumplir con sus obligaciones y la Constitución y que en otras ocasiones ocurrió «exactamente lo mismo» con otros grupos parlamentarios.

Vilajoana argumentó que el coste de su propuesta no era significativo -145 millones de euros en 2012 y 202 millones en 2013- y recalcó que se aprobaron iniciativas legislativas que suponían un coste económico mayor, por lo que ve «discrecionalidad» en el veto del Ejecutivo.

El portavoz de CiU lamentó que no se haya podido debatir este asunto ni aprobar una medida que consideró «paliativa» para los afectados por el recorte de las primas para los que, dijo, es «imprescindible» encontrar una solución.

Las enmiendas fotovoltaicas de la discordia

En concreto, CiU presentó dos enmiendas relacionadas con la fotovoltaica al proyecto de ley de contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y la Seguridad.

La primera consistía en que la limitación a las horas con derecho a retribución se aplicara en función del máximo histórico anual de la planta y de la media histórica del municipio, y en que se amplíe este tope para las plantas pequeñas. La segunda reclamaba una línea específica del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la financiación directa de las plantas fotovoltaicas afectadas por el recorte del real decreto ley 14/2010.

De forma inusual, el Gobierno vetó a comienzos de mes la tramitación de las enmiendas al considerar que provocarían, en caso de ser aprobadas, un aumento de los costes del sistema eléctrico y, «por ende, de la tarifa eléctrica».

El Ejecutivo remitió al Senado un documento en el que justificaba su rechazo a las enmiendas por considerar que encarecerían la parte regulada de la tarifa de luz, dificultarían la colocación de la deuda eléctrica en los mercados, pondrían en riesgo la actividad del ICO y generarían más deuda al Estado.

Tras el veto, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, acusó al Gobierno de actuar «con absoluta arbitrariedad» ante una enmienda que tenía, a su juicio, más posibilidades de prosperar y «suscitar más consenso».

Por este motivo, adelantó que su grupo recurriría la decisión del Gobierno ante la Presidencia del Senado y que, si esta vía no prosperase, estaría dispuesto a llegar ante el Tribunal Constitucional. «Queremos llegar hasta el final», afirmó.

El veto del Gobierno también generó malestar entre las principales asociaciones empresariales del sector fotovoltaico, que llegaron a denunciar un «secuestro» de la actividad parlamentaria por parte del Gobierno.