CiU propone crear un fondo estatal para evitar cortes de gas natural y luz por impago en periodos críticos

Así consta en una proposición no de ley que los nacionalistas catalanes tienen registrada para su debate por el Pleno del Congreso de los Diputados, en la que urgieron al Ejecutivo a «asumir sus responsabilidades» en esta materia y a dar «una respuesta definitiva para luchar contra la pobreza energética», cumpliendo así además con la directiva europea de Mercado interior de la electricidad.

Una normativa comunitaria que mandata a los estados miembros a adoptar medidas para garantizar el suministro eléctrico a los consumidores vulnerables, y que pese a haber sido traspuesta a la legislación española en marzo de 2012 aún no cuenta con desarrollo reglamentario que defina quiénes son los consumidores vulnerables, lo que no permite su aplicación.

«Hasta la fecha, el Gobierno no ha desarrollado unos parámetros económicos objetivos que definan las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, así como tampoco ha establecido las medidas que las protejan de posibles interrupciones de suministro durante los meses de invierno«, insistió CiU.

Es más, los «populares» tampoco han permitido que salgan adelante iniciativas parlamentarias para proteger a los ciudadanos más vulnerables de la pobreza energética e incluso ha recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto ley del Gobierno catalán que protegía a los ciudadanos vulnerables de un posible corte de suministro entre noviembre y marzo.

Ante este «vacío normativo» y sus consecuencias, CiU vuelve a la carga y reclama con su iniciativa la creación de un fondo con cargo a los Presupuestos de 2015 que permita garantizar que no se cortará el suministro eléctrico o de gas a los consumidores vulnerables en periodos críticos.

Pero, además, exige de nuevo que se desarrolle el reglamento en el que debe definirse el concepto de «consumidor vulnerable» y sus requisitos, así como las medidas a adoptar para proteger a este colectivo, y que se retire el recurso de inconstitucionalidad presentado contra al Generalitat de Catalunya sobre este asunto.