Ciclogénesis en el proyecto de órganos reguladores

Entre ayer y hoy, según los meteorólogos, la península ibérica estará azotada por una ciclogénesis, la borrasca Petra, que generará en zonas del país aguaceros abundantes y fuertes vientos. El término ciclogénesis es un sinónimo de ciclón extratropical, lo que vendría a ser un «archisílabo» eufemístico de huracán o de ciclón.

En este mismo sentido, podemos apreciar que la situación del proyecto de reforma de los órganos reguladores, cuya factura procede de la factoría de la Oficina Económica del Presidente (y del dictado de Telefónica), está siendo azotada por su propia ciclogénesis. El proyecto se está granjeando una fuerte oposición, que va más allá de los propios regulados directos, es decir, de la Comisión Nacional de Competencia, Comisión Nacional de Energía y Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Oposición que muestra cómo la propuesta, una vez que se trata de pasar del trazo grueso de lo esquemático a lo regulatorio, se cae de las manos e incurre de manera obscena en una desviación y acumulación de poder a favor de un gobierno de mayoría absoluta deseoso de manos libres.

El caso es que los argumentos a favor de este «modelo» genuinamente español son simples y banales: parecido con dos modelos rebuscados en el derecho comparado (alemán y holandés), «el supuesto ahorro» por su compresión y concentración en un solo órgano, la Comisión de Competencia y Mercados, como excusa para la reducción de sus competencias reguladoras y la concentración de los mismos en un totum revolutum. Argumentos simples y banales que han dado paso a que se vean de forma muy descarnada y notoria sus defectos en el plano institucional económico y de derecho. Defectos que, por otra parte, no nos podemos permitir en términos de confianza, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, en la medida en que se envilece (aún más) la confianza en las autoridades e instituciones económicas españolas desde el punto de vista internacional, abocando esta propuesta a la incursión de la nave de las autoridades económicas españolas en un Triángulo de las Bermudas conducente a la nada.

Como se puede ver en los medios especializados, los posicionamientos de los expertos en regulación y competencia contra la propuesta son casi unánimes, si excluimos a los corifeos. Desde el grupo de economistas con mayor presencia, vehemencia, actualidad, rigor y visión de nuestro país (Fedea) que ha mostrado su clara, argumentada y fundamentada oposición, en su blog Nada es gratis , a los últimos artículos publicados en la prensa económica, dan cuenta de un proyecto que puede ser el primero que se le devuelve a los corrales al Ejecutivo por su precipitación e inconsistencia técnica, regulatoria, económica, jurídica e intelectual. Con tal cantidad de argumentos es difícil persistir en el error sin que la atención de la propia Unión Europea pueda escapar a ver las torcidas intenciones del modelo propuesto. El hecho es que, poco a poco, el supuesto proyecto legal todavía no ha visto la luz, más allá de los Power Point y del Informe que dio lugar al mismo, elaborado por Pricewaterhouse Cooper por indicación y franqueo de Telefónica y con domicilio de entrega en las ruedas de prensa de Moncloa.

Así, el pasado domingo el diario Negocios, publicaba un artículo Tomás de la Quadra-Salcedo Fernández del Castillo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III, titulado A la confusión por la fusión , y ayer se publicaba en el diario Expansión una tribuna con el título A propósito de la reforma de los organismos supervisores en España de Pilar Navarro Rodríguez, Doctora en Derecho Administrativo.

En conjunto, los argumentos contra esta propuesta de reforma evanescente son demoledores e irrefutables: la concentración de órganos reguladores en uno, la Comisión de Competencia y Mercados, es difícilmente justificable cuando se pretende controlar/regular/supervisar actividades económicas muy diferentes entre sí y con problemáticas distintas y muy diferentes, de forma que el órgano resultante tendría un conocimiento y una comprensión excesivamente sucinta y sumaria de los mismos acabando en el caos, la desregulación y la frivolidad, que apunta a la captura del regulador/supervisor por el gobierno más que por los agentes económicos y las empresas.

Pero es más, la propia reducción de competencias de los órganos reguladores a favor de la Administración, así como la cláusula de reserva para irrogarse más competencias de esas comisiones a extinguir, evidencian ese deseo de captura, cuando no de vaciamiento por parte del Ejecutivo. Hay que recordar cómo, poco a poco, se escondió la palabra independiente para centrar este nuevo ‘organismo’ en una función pura y únicamente supervisora. Si a eso le añadimos la capacidad del Gobierno de revocar los nombramientos efectuados de consejeros, la minoración de la independencia está servida. Algo que va incluso en contra de las Directivas Europeas, en las que organismos reguladores como la CNE tienen más competencias, más atribuciones y más independencia, incluso en el ámbito tarifario.

Por si fuera poco, los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para presentarlos son tramposos. En primer lugar, el supuesto ahorro en los Presupuestos no es tal: estos organismos se financian de forma extrapresupuestaria (a través de la tarifa eléctrica o de los precios de las telecomunicaciones), siendo una cantidad ridícula el ahorro o la reducción de gastos en comparación con el perjuicio a causar. En segundo lugar, el argumento de la similitud del derecho comparado que exponía el Ejecutivo como coartada, no es tal, dado que utiliza los ejemplos de Alemania (que diferencia en sus órganos la Competencia de los órganos sectoriales) y con Holanda, donde en realidad este «modelo» no está implantado todavía, es un proyecto que aún no se ha puesto en funcionamiento y no se sabe si va bien o no. Por tanto, estaríamos comprando un prototipo.

Es evidente que se han hecho muy mal las cosas en estos últimos años en los órganos reguladores españoles, incluyendo el último proceso de renovación efectuado por el Ejecutivo socialista saliente hace menos de un año. Es indudable que si lo que se persigue es la liquidación expeditiva de sus consejos actuales hay otras vías que no pasan por demoler un sistema regulatorio y de órganos independientes bien diseñado, pero muy mal gobernado y aplicado, precisamente por la política y por el Gobierno de turno. Es indudable la corrosión y la deslegitimación actual de los mismos, con responsabilidad expresa de sus Consejos y sus Presidentes, de forma que ahora son muertos vivientes, verdaderos ‘outsiders’ de la economía española y de los sectores económicos que supuestamente regulan y supervisan. Es indudable que la proliferación de los mismos en organúsculos (audiovisual, etc…) por cada hecho regulatorio era una cuestión preocupante.

Ahora, de ahí a esta solución de tierra quemada, media un abismo. Ellos mismos se han ganado probablemente un severo correctivo por sus comportamientos impropios, devaneos interesados con la Administración, espectáculos vergonzantes en las OPAS y operaciones corporativas que dicen poco de su ‘independencia’ pasada, atrincheramiento en posturas ideológicas de sus Consejeros frente a los mercados (como en el caso del anterior Consejo de la CNE, que hizo una interpretación «sui generis» de su papel para sabotear el modelo de mercado) y el ejercicio que establece el modelo regulatorio vigente o la irrelevancia del actual Consejo de Administración del organismo. O los excesos retributivos, de gasto, coches, eventos, viajes, compra de edificios inútiles, etc., que hemos conocido en el plano interno en estos organismos (revísese de forma crítica la etapa Costa). Ahora, una vez identificados y diagnosticados todos estos desmanes, realmente el Gobierno actual a lo que debería dedicarse es a resolver los problemas de estos organismos para garantizar su función, más que anularla. Buscar consenso en su renovación, remodelación, profesionalización, independencia, solvencia y capacidad económica, jurídica, administrativa, regulatoria, etc… Y eso es lo mejor que se le puede hacer a la economía española en los momentos en que vivimos.

¿Por qué llamarlo reforma de los órganos reguladores si en realidad lo que se persigue es proceder a sepultarlos y convertirlos en una figura de cera? ¿Por qué llamarlos «independientes» si lo que se pretende es su captura por parte del Gobierno? ¿Por qué crear un macroórgano confuso y difuso en lugar de arreglar realidades concretas? ¿Por qué este proyecto tiene una pinta tan mala y goza de tan poco respaldo, de forma que, seguramente se lo llevarán por delante las anheladas lluvias de primavera? ¿Por qué llamar ciclogénesis a lo que en realidad es una borrasca, una tormenta extratropical, o lo que es lo mismo, una modalidad de ciclón o huracán?