Celebremos la paralización del decreto del carbón nacional

El duro golpe que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha asestado al gobierno español con la imposición de medidas cautelarísimas respecto a la aplicación del decreto del carbón, merece una comprensión de todas sus lecturas combinadas, además de una celebración, por lo que tiene de reforzamiento del juego institucional y el respeto de los derechos empresariales, tanto en España como en Europa. El hecho es que la paralización del decreto del carbón, en una secuencia de decisiones judiciales adversas al mismo, supone que se haya podido interceptar por vía judicial e institucional una normativa que tiene claros indicios de ilegalidad.

La primera lectura, directa y por inmediatez, es el fracaso del gobierno español en la forma de abordar el problema del carbón nacional y en la forma de gestionar su problemática. Si hacemos un repaso esquemático de la situación, tras el último Rodiezmo, con Zapatero de cuerpo presente, la consigna oficial fue aumentar las ayudas al carbón nacional, a costa de manipular el funcionamiento del mercado eléctrico. Presiones de los grupos empresariales mineros y el asedio de los propios trabajadores, azuzados desde las empresas con el corte de las nóminas, hicieron el resto.

Nadie sabe a quién (en todo caso hay sospechas fundadas y no es difícil identificar su autoría sistemática) se le ocurrió un mecanismo demoníaco como eran las restricciones técnicas para el mercado eléctrico para incluir una nueva restricción adicional por motivos productivos en el mercado de generación. Todo ello, en un contexto de caída generalizada de la demanda eléctrica y de expulsión de otras fuentes de generación, con el perjuicio a las inversiones efectuadas por las empresas. Lo siguiente fue una tramitación episódica de una medida que claramente afectaba al mercado eléctrico, a la competencia y que, además, afecta a los compromisos medioambientales en materia de cambio climático de nuestro país.

Y todo ello, sin que nadie haya hecho una valoración conjunta de la efectividad, distribución y utilización de las ayudas al sector que son astronómicas. Sin que nadie haya planteado un horizonte tendencial respecto del cierre de las explotaciones mineras como plantea la Unión Europea, siguiendo una estrategia de balones fuera o balones hacia adelante y el telón de fondo de un conjunto de votos muy concentrado territorialmente y específico. ¿Dónde han ido o dónde van los más de 170.000 euros por minero empleado y año? ¿Cómo van los planes de desarrollo regional? ¿Cuáles son los resultados? ¿Quién es el responsable de todo ello?

La segunda lectura, se corresponde con la vituperada idea de lo que son las instituciones comunitarias que, en estos momentos, han dado muestra de que en el seno de sus intersticios, hay capacidad de tomarse en serio los principios y la normativa comunitaria, con convicción respecto del mercado interior. El hecho es que hay vida y las instituciones europeas salen fortalecidas con decisiones de este tipo. Que el juez Marc Jaeger haya aceptado la solicitud de las empresas es una buena noticia y pone difícil la tentación de culpabilizar a las empresas de no querer plegarse a algo que es ilegal y que, va contra sus intereses. Hay que tener en cuenta el pastoreo generalizado que se ha efectuado en las instituciones internas, con la honrosa excepción de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), para hacer pasar lo imposible (véase los dictámenes de la Comisión Nacional de Energía (CNE) o el papel de la propia Comisión Europea).

La tercera lectura se corresponde con la propia acción de las empresas españolas que, en esta ocasión, no han dudado en acudir a las instituciones comunitarias y han ejercicito derechos que legítimamente les corresponde sin cortarse. El propio ministro de Industria, Miguel Sebastián, censuró públicamente que las empresas eléctricas hubieran recurrido por esta vía el Real Decreto. Y, la maquinaria mediática, trata de satanizar el ejercicio de derechos empresariales y de los accionistas de las empresas eléctricas a través de la victimización de los mineros sin seguir el hilo más allá. O las amenazas, que hoy hemos podido escuchar y que se profieren desde administraciones como la Junta de Castilla y León y sus representantes, contra las empresas eléctricas, que no son propias de un Estado de Derecho, sino herederas del chavismo. Hay que volver a Ibsen en «Un enemigo del pueblo«, cuyo protagonista es un médico que denuncia que la forma de vida de una colectividad, es dañina, nociva y perjudicial.

En todo caso, celebremos este ejercicio y reivindicación de derechos empresariales, del que debe tomarse nota, ante la tendencia al atropello o la discrecionalidad regulatoria que lleva presente en el sector energético desde hace muchos años. Seguramente, esto debe obligar a la Administración española a esmerarse mucho más en sus propuestas, para respetar los marcos regulatorios, los mercados y la normativa, frente a tentaciones a la chapuza y los atajos.