Ceaccu reclama una revisión de los costes de la tarifa eléctrica y una mayor defensa del usuario

La confederación indicó que el precio de la luz es «político» y no «económico», y presenta «deficiencias graves en transparencia y competencia». Por este motivo, pidió al Gobierno una revisión de costes que afecte a ámbitos como el transporte, la distribución, las primas a las energías renovables y las ayudas al carbón.

Junto a esto, consideró «inaplazable» que el Gobierno adecúe la regulación sobre la Tarifa de Último Recurso (TUR) de la luz a una tarifa verdaderamente «regulada».

Esta petición se produjo después de que una resolución del Tribunal Supremo concediese a las eléctricas las medidas cautelares solicitadas y concluyese que el Ministerio de Industria debe completar la fijación de peajes establecida en la orden de tarifas de enero.

Ceaccu consideró que «si la norma no permite al Gobierno fijar su parte de la tarifa para defender a los consumidores, se debe cambiar la norma». En la TUR, afirmó, permanecen 19 millones de usuarios porque confían en la capacidad del Gobierno para modular los posibles incrementos en los precios de la energía.

A juicio de la confederación de consumidores, no tiene sentido que el Ejecutivo tenga capacidad de regular para subir los precios, pero no para bajarlos.

En cuanto al bono social, aseguró que es un «grave paso atrás» que el Supremo exima a las compañías de sufragarlo y un abandono de la obligación que impone el marco jurídico comunitario sobre la obligada protección de los sectores vulnerables en los servicios de interés general.