CCOO cree que la reforma eléctrica agravará los problemas del sector

CCOO apuntó que después de un minucioso análisis de la reforma «ninguna de las medidas puesta en marcha por el Gobierno solucionará el exceso de capacidad de generación que existe actualmente» ni modificará el mercado, «auténtica causa del déficit de tarifa».

El Gobierno desveló a mediados de julio las claves de una profunda reforma del sector eléctrico que busca acabar con el déficit de tarifa, un desfase generado al ser los ingresos insuficientes para cubrir los costes.

Para el sindicato, la reforma es tan solo una serie de medidas «coyunturales», que evitan abordar los problemas del sector y se centran exclusivamente en la reducción del déficit de tarifa, y que recaen sobre los consumidores, los contribuyentes y las empresas, lo que repercutirá en la calidad del servicio, la seguridad y el empleo.

Ante esta circunstancia, CCOO consideró «imprescindible una reforma eléctrica que abarate la electricidad, dé certidumbre y estabilidad al sector y genere empleo en condiciones de emergencia social, y estos requisitos no los cumple la reforma actual».

El déficit, añadieron, es culpa de un mecanismo de asignación de precios del mercado eléctrico concebido por el Gobierno de José María Aznar cuando inició el proceso de liberalización y privatización del sector eléctrico.

Esta operación, concluyeron, provocó que el Estado y las empresas se encuentren en una situación «mucho peor» que otros países que mantuvieron empresas públicas energéticas y que los precios eléctricos sean de los más altos de la Unión Europea.

Además, criticó la «ausencia» de un regulador público que «opere sin injerencias en el mercado», lo que facilita que los grandes grupos del sector «sigan acumulando grandes cotas de poder».

CCOO urge a la Junta y al Gobierno el mantenimiento de Coto Minero

Asimismo, CCOO urgió al Gobierno y a la Junta de Castilla y León el mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo de la sociedad Coto Minero Cantábrico (CMC), del Grupo Victorino Alonso, después de que la sociedad haya anunciado el inicio de la liquidación.

La Federación de Industria de CCOO de Castilla y León consideró que el Gobierno y la Junta «deben tutelar el futuro de las explotaciones y buscar posibles alternativas viables».

Este sindicato advirtió de que este «inminente inicio del proceso de liquidación de la empresa» abre un nuevo escenario del que dependen más de 800 familias.

CCOO acusó al empresario Victorino Alonso de tratar de imponer mediante «chantaje laboral las condiciones más extremas de esclavitud», al tiempo que tachó de «inacción» a las diferentes administraciones públicas por mirar «hacia otro lado».

El sindicato aseguró que el aprovechamiento de todos los yacimientos y reservas de CMC «garantizan su solvencia y rentabilidad» y añadió que «sería muy acertado que la gestión a partir de ahora se lleve a cabo desde el ámbito público».

Los trabajadores de la empresa Coto Minero Cantábrico rechazaron el pasado domingo la última propuesta laboral de la compañía, que planteaba recortes salariales para mantener la viabilidad. Un total de 240 trabajadores de los 292 convocados a las votaciones que se celebraron en Cerredo, Villablino y Ponferrada rechazaron la oferta.

Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, calificó la situación de las empresas del sector del carbón de «muy complicada», al igual que la de muchas empresas de la minería del carbón «porque hay que tener en cuenta que esto no es nuevo».

Soria explicó que los planes de reestructuración de la minería en España comenzaron en 1990 y desde entonces se inyectaron al sector 22.000 millones de euros, pese a lo cual la producción pasó de aproximadamente 20 millones de toneladas a 6 millones, y el empleo se redujo de 45.000 trabajadores a menos de 4.000.

«Trabajamos con los sindicatos y las empresas para dar la mejor salida posible al conjunto del sector», señaló el ministro en alusión a las negociaciones con sindicatos y empresas acerca del plan del carbón para el periodo 2013-2018, en las que existe un «nivel de acuerdo muy elevado».

El objetivo del Ejecutivo sigue siendo el dar cumplimiento a la decisión de la Unión Europea que obliga que, a partir del 1 de enero de 2019, cierren las minas que no sean viables y que aquellas que sean viables y competitivas puedan seguir abiertas, en opinión del Gobierno, aunque hayan recibido ayudas.

Soria indicó que estos son los dos ejes sobre los que se está hablando y que se puede decir que «estamos próximos a un acuerdo», aunque todavía hay algunas dificultades, por lo que «no podemos darlo por cerrado hasta que concluyan las negociaciones».