No se luchará contra el cambio climático «hasta que no se vea como un problema económico»

Durante una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Fundación BBVA para presentar los análisis del último informe de Naciones Unidas sobre los efectos del cambio climático, Christopher Field también resaltó la necesidad de gestionar el riesgo y llegar a pactos lo antes posible para evitar escenarios catastróficos en el futuro. «Hay que trabajar para gestionar mejor los riesgos y evitar grandes impactos más allá de los que ya hemos sufrido en todo el planeta», destacó el catedrático de la Universidad de Stanford.

Field hizo especial hincapié en la arbitrariedad e imparcialidad de las catástrofes medioambientales, al poner de ejemplo las inundaciones acontecidas hace meses en la ciudad de Nueva York: «Uno de los factores clave es la vulnerabilidad contra el cambio climático, que tiene lugar tanto en áreas donde reina la pobreza, la desigualdad y los desequilibrios políticos, como en los países ricos y con un entramado político, social y económico fuerte«.

Copresidente del Grupo de trabajo II del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC),Field presentó dos escenarios futuros para la segunda mitad del siglo XXI en base a los datos del informe de Naciones Unidas. La diferencia entre ambos radica en la disminución de las emisiones de CO2. Según la primera de las opciones planteadas, tendría lugar un aumento de la temperatura global máximo de hasta seis grados Celsius, un incremento dañino para la población humana.

Por contra, la segunda alternativa baraja un aumento de dos grados, un cambio que, en palabras del experto, se podría sobrellevar. Para que este escenario tuviese lugar, sería necesario un pacto para limitar la emisión de carbono y el uso de energías alternativas. «Si actuamos ahora, podremos evitar incrementos de hasta cinco grados en algunas zonas a final de siglo, salvaguardando especies en peligro de extinción, lugares de importancia histórica, impactos agregados globales y sorteando eventos meteorológicos extremos», previno Field.

No obstante, este especialista en medio ambiente se mostró esperanzado al señalar que ya distintos países están llevando a cabo acciones para adaptarse a las necesidades climáticas actuales y futuras, con independencia de lo que suceda en la Cumbre sobre Cambio Climático que tendrá lugar en París el próximo año, de la que espera un pacto positivo para el planeta.

La isla de A Toxa acogerá el 25 y 26 de junio una cumbre científica centrada en la eficiencia energética

En esta cumbre, organizada por el centro de investigación gallego «Economics for Energy» y el Centro para la Investigación Económica Europea, tendrá lugar la puesta de largo de la primera plataforma europea de investigación en el ámbito de la economía de la eficiencia energética.

Se trata de una iniciativa promovida por los citados centros de investigación más el Instituto Federal de Tecnología de Zúrich y la Fundación Eni Enrico Mattei (Italia).

La meta del denominado «Workshop Atlántico sobre Economía Energética y Ambiental», que este año cumple seis ediciones, es aportar a los agentes políticos conocimiento y recomendaciones para promover medidas incentivadoras sobre eficiencia energética, detalló «Economics for Energy«.

Reducir la contaminación, mitigar el cambio climático, rebajar la dependencia de los combustibles fósiles y conseguir ahorros significativos en la factura energética de familias y empresas son metas aparejadas al concepto de eficiencia energética que fomentan las entidades organizadoras de la cumbre en A Toxa.

El coordinador del congreso será un año más el investigador gallego Xavier Labandeira, director de «Economics for Energy» y que en septiembre asumirá la dirección de la Unidad de Investigación sobre Política Climática (CPRU) del European University Institute.

Las ponencias científicas correrán a cargo de los mayores expertos a nivel internacional en la materia, llegados de Alemania, Italia, Francia, Suiza, Reino Unido, Portugal, Australia, Japón, Estados Unidos y Chile, además de España.

Los ponentes principales serán Richard Schmalensee, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde dirigió su Centro de Investigación de Políticas Energéticas y Medioambientales y exmiembro del consejo de asesores económicos del presidente de Estados Unidos, que abordará el futuro de la energía solar y Massimo Filippini, director del Centro de Política y Economía de la Energía del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich y miembro del Centro de Investigación Económica dependiente del mismo organismo y cuya intervención versará sobre la eficiencia energética en el sector residencial.

En total, durante el congreso habrá 45 ponencias, entre sesiones plenarias y paralelas, a las que se sumará una mesa redonda sobre las fronteras de la economía de la eficiencia energética en la que debatirán expertos procedentes de centros europeos, estadounidenses y japoneses para obtener una perspectiva mundial.

El cambio climático podría mitigarse si se reduce el carbono negro, el segundo contaminante tras el CO2, según un informe

El documento ‘Black Carbon y sus efectos sobre el clima’ explica que estas partículas permanecen durante un tiempo breve en la atmósfera, a diferencia del CO2, pero son «altamente perjudiciales para el medio ambiente y la salud».

En España, el principal emisor de este contaminante es el transporte, con un 34 por ciento, seguido por la combustión en otros sectores y por la combustión en industrias del sector energético. La Comisión Europea, además, considera que la mala calidad del aire está provocada en gran parte por materia particulada fina, de la que forma parte el Black Carbon, es la primera causa de muerte prematura en materia medioambiental en Europa, con 600.000 fallecimientos al año, una cifra superior a la de los accidentes de tráfico.

Precisamente, debido a su corta permanencia en la atmósfera, que oscila entre días o semanas, frente a los años o milenios del CO2, Factor CO2 considera que su reducción puede suponer una «medida relativamente rápida» para paliar o disminuir los impactos climáticos actuales.

Las actividades que mayores emisiones de Black Carbon generan a nivel mundial son la quema de biomasa, la quema de biocombustibles y los motores diésel para el transporte y para uso industrial.

Además, de acuerdo con el informe, FactorCO2 cree que la reducción de esta partícula en España sería posible en un corto plazo de tiempo con el desarrollo de distintas medidas de reducción.

Por ello, propone una posible hoja de ruta para abordar el problema que pasaría por tres ejes clave en el panorama socioeconómico. Estos pilares son el eje científico-técnico, el institucional y el privado. En este sentido, apunta que desde estas áreas podrían abordarse aspectos como la investigación y la divulgación científica, la financiación multilateral, el establecimiento de un marco de referencia internacional o el involucramiento por parte del colectivo empresarial.

El estudio forma parte de las Series CO2, realizadas por Factor CO2 y analiza la influencia del carbono negro en el medio ambiente y la ciudadanía, sus principales fuentes de emisión y las posibles medidas de control y reducción de este contaminante atmosférico, con el objetivo de poner de manifiesto la importancia del Black Carbon en relación con el cambio climático y la salud humana.

La producción de biocombustibles crecerá en España durante este año, pero su consumo no variará

El director de biocombustibles de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), Manuel Bustos, señaló que aún es pronto para hacer previsiones, pero estimó subidas especialmente para el biodiésel, que el año pasado alcanzó las 580.000 toneladas, mientras que la producción de bioetanol sumó 350.000 toneladas.

Bustos valoró que este año pueden trabajar en «un mercado ordenado, regido por una competencia leal», tras la aprobación por la Unión Europea en noviembre de 2013 de aranceles antidumping al biodiésel argentino e indonesio y cuyos efectos se empiezan a notar ya en lo que va de año.

El pasado año el mercado español «siguió dominado por las importaciones», que suponían un 70% del consumo total de biodiésel, sobre todo, de Argentina, aunque también de Indonesia, con unos precios por debajo de las cotizaciones normales del mercado.

Este escenario varió y propició un incremento de las producciones de biodiésel local, que se suma al experimentado un año antes por el bioetanol, después de que también se tomaran medidas antidumping contra la producción estadounidense y que supuso una oportunidad para los fabricantes europeos.

Estas prácticas afectaron al sector, según Bustos, ya que el mercado español del biodiésel «ha sido objeto de un ataque de dumping brutal», lo que «no permite que un sector se consolide», por lo que es fundamental esta «competencia leal entre fabricantes de distintos países».

También valoró la reciente entrada en funcionamiento del mecanismo de asignación de cantidades de biodiésel a empresas con viabilidad económico-financiera y con capacidad para asegurar el suministro de los objetivos obligatorios que debe estar producido en plantas que han recibido esta asignación.

No obstante, insistió en que uno de los lastres es la rebaja de los objetivos obligatorios que el Gobierno aprobó en febrero de 2013 para ese año y sucesivos y que provocó una caída del consumo, tendencia que no se espera que mejore en 2014.

En 2013 el consumo de biodiésel y de biotanol sufrió importantes caídas hasta las 550.000 (-59 %), la cifra más baja desde 2008, y 330.000 toneladas (-16 %), respectivamente, consecuencia «simple y llanamente por la rebaja del Gobierno de los objetivos obligatorios en el consumo de biocarburantes», recalcó.

Bustos recordó que el Gobierno español redujo la utilización mínima de biocarburantes (biodiésel y bioetanol) en combustibles de automoción del 6,5% al 4,1%, que afectó de manera especial al biodiésel al rebajar sus objetivos del 7% al 4,1% del carburante diésel, mientras que en el del bioteanol se bajó del 4,1% al 3,9%.

En este sentido, criticó que el Gobierno de «España no está haciendo los deberes para llegar al 10% en los objetivos de biocarburantes» y, hoy por hoy, está «muy por debajo de la media comunitaria» e insistió en que «no está en la senda correcta».

Los Veintiocho logran un acuerdo sobre reforma de biocombustibles

Las normas que respaldaron los ministros de Energía de los 28 en su reunión de Luxemburgo, y que aún deben ser adoptadas de manera formal por el Consejo, apoyan el uso de biocombustibles alternativos, fabricados a partir de paja o desechos, aunque no tienen carácter obligatorio.

España, inicialmente mostró sus reticencias a la propuesta por considerar que podría perjudicar a los países que han invertido en biocombustibles tradicionales, pero finalmente se mostró dispuesta a apoyar la reforma.

La presidencia griega de turno de la Unión Europea modificó la propuesta inicial de la Comisión Europea sobre estas normas, que no logró el apoyo de los Veintiocho, para integrar la visión de los países que defienden los biocombustibles alternativos, pero también dar flexibilidad a los que han optado por los tradicionales.

La Comisión Europea planteó originariamente que los biocombustibles provenientes de cultivos como el maíz, el trigo, la remolacha o la colza, que pueden interferir en la producción de alimentos, supusieran como máximo un 5% de la energía renovable usada en el transporte en 2020.

El 5% restante debería ser cubierto con biocarburantes de última generación, fabricados a partir de residuos y otras fuentes alternativas como la paja, que emiten menos gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles, u otras fuentes limpias como el hidrógeno o la electricidad.

Según el acuerdo, se eleva ese umbral para biocombustibles tradicionales al 7%, pero se incluye también un objetivo voluntario del 0,5% para los de nueva generación en 2020 que antes no existía. Además, los Estados miembros deberán dotarse además de una meta nacional.

El objetivo de esta medida es acelerar la transición hacia una nueva generación de biocombustibles fabricados con algas y algunos residuos y responder a las críticas a la política de renovables de la Unión Europea por contribuir a la subida de los precios de los alimentos y a la deforestación.

Los países tendrán, por otro lado, que medir el impacto indirecto sobre el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero que genera la producción de biocombustibles, por ejemplo si se tala un bosque para dedicar los terrenos a estos cultivos, lo que se conoce como «emisiones indirectas ILUC» (sobre cambio indirecto del uso de la tierra).

El acuerdo ha sido criticado por Oxfam, que consideró que es «un asalto descarado al sentido común. En un mundo hambriento, la eliminación del uso de los alimentos como combustible es la única cosa sensata que se puede hacer«, señaló en un comunicado el experto en biocombutibles de la organización, Marc-Olivier Herman, quien confió en que la propuesta pueda ser mejorada cuando llegue al nuevo Parlamento Europeo.

La ONG ecologista Transport & Environment (T&E), por su parte, recalcó que esta reforma protege a los biofueles tradicionales que emiten más CO2 que los combustibles fósiles a los que están dirigidos a sustituir.

Por su parte, los agricultores europeos se opusieron a los límites por considerar que ponen en riesgo las «enormes cantidades» de dinero invertidas en el sector de los biocarburantes.

España y otros 10 países de la UE superan el tope de emisiones, según dice la Agencia de Medio Ambiente

Además de España, los países que no respetaron los límites, vigentes desde el año 2010, son Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Eslovenia, Malta, Finlandia y Dinamarca.

Como en años anteriores, el tope que se superó con más frecuencia, en 9 Estados miembros entre ellos España, fue el de óxidos de nitrógeno. El transporte por carretera contribuye a alrededor del 40% de las emisiones de óxidos de nitrógeno en la Unión Europea y es uno de los principales factores que explica los incumplimientos, ya que las reducciones en este sector durante las últimas dos décadas no fueron tan grandes como se había previsto, según dijo la Agencia.

Además de España, otros dos países (Dinamarca y Finlandia) superaron el límite de amoníaco, mientras que sólo Luxemburgo sobrepasó el umbral de compuestos orgánicos volátiles. Luxemburgo y España fueron los dos únicos Estados miembros que incumplieron dos topes en 2012. Todos los Estados miembros respetaron la meta de dióxido de azufre.

Aparte de España, los países que tienen problemas persistentes para respetar los umbrales son Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda y Luxemburgo. El incumplimiento constante podría ser sancionado con multas.

Pese a estas vulneraciones, las emisiones de estos cuatro contaminantes atmosféricos disminuyeron en la Unión Europea en su conjunto entre 2011 y 2012.

Greenpeace y Alianza Mar Blava exigen el fin de las prospecciones de petróleo en las costas de Ibiza

Greenpeace entregó este jueves una copia de la Declaración de Impacto Ambiental negativa en la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Ibiza-Formentera, para solicitar el cese del proyecto de prospecciones petrolíferas.

Según la organización ecologista, esta declaración se ha elaborado en base a los informes y alegaciones que presentaron organismos e instituciones baleares, así como de varios departamentos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

«La demanda de toda la sociedad civil e instituciones de Baleares en contra de las prospecciones es un aviso al Gobierno de España, quien sigue empecinado en defender los intereses particulares de las petroleras frente al general de la ciudadanía», afirmó el responsable de campaña de Greenpeace, Julio Barea.

En los informes mencionados, asegura la organización, se reconocen los impactos medioambientales negativos de las prospecciones y se plantea la necesidad de llevar a cabo una Evaluación Ambiental Estratégica en la zona levantina. Ésta podría verse afectada y expuesta a una catástrofe medioambiental en caso de que se produjese una posible marea negra provocada por el proyecto de extracción de petróleo que la empresa Cairn Energy pretende realizar a 30 kilómetros de Ibiza, afirma.

Tras la instalación de una barrera de contención frente a la Reserva Natural de Es Vedrà y Es Vedranell, en Ibiza, Greenpeace junto a Alianza Mar Blava presentaron esta mañana las conclusiones del informe ‘Petróleo NO, ni aquí ni en el Ártico’, con el que pretenden dar a conocer métodos alternativos para salir de la dependencia de los combustibles fósiles. Durante la rueda de prensa, que tuvo lugar a bordo del buque insignia de la entidad ecologista, el Rainbow Warrior, propusieron apostar por energías limpias y renovables.

«El modelo energético actual que se pretende perpetuar en nuestro país nos lleva irremediablemente a seguir dependiendo de las energías sucias. Es urgente un cambio de modelo energético», señaló Barea. Por su parte, la Alianza Mar Blava manifestó que existen multitud de proyectos de prospecciones petrolíferas en el área balear-levantino-catalán que podrían provocar un vertido de crudo perjudicial para el medio ambiente.

También desde Edimburgo activistas de Greenpeace llevaron a cabo una acción de protesta frente a la sede central de la petrolera Cairn Energy. «Cairn Energy trata de buscar petróleo en el Ártico, y Greenpeace se ha opuesto a sus planes con éxitos a pesar de las amenazas y la intimidación por parte de la empresa. Ahora quiere trasladar sus operaciones al Mediterráneo. Por eso hoy estamos vinculando la sede de Cairn Energy en Edimburgo con el buque Rainbow Warrior para apoyar a las Baleares en la oposición a los planes de la petrolera», declaró esta mañana el responsable de campaña de Greenpeace Reino Unido, Imogen Michael.

Greenpeace advierte de los peligros que las prospecciones petrolíferas supondrán en zonas del Mediterráneo

Una veintena de activistas provenientes del buque insignia de Greenpeace, el Rainbow Warrior, se desplazaron en zodiacs para instalar una barrera de 100 metros de contención de petróleo, utilizadas en caso de vertidos, frente al límite de la Reserva Natural de Es Vedrà y Es Vedranell como acción de protesta ante las prospecciones que podrían realizarse en el Mediterráneo español.

Asimismo, el grupo ecologista desplegó una pancarta flotante que rezaba NO OIL (Petróleo No) junto a otros mensajes en castellano, catalán e inglés donde se podía leer el siguiente lema: «Prospecciones no, renovables sí«. Esta acción fue acompañada por el buque insignia de Greenpeace, el Rainbow Warrior, entre cuyos mástiles también se desplegó una gran pancarta de 144 metros cuadrados con el mensaje ‘NO OIL’.

El objetivo de la acción es «proteger simbólicamente la Reserva Natural de Es Vedrà y Es Vedranell de las prospecciones de petróleo» ya que «esta zona sería una de las más expuestas en caso de una posible marea negra producida por el proyecto de extracción de petróleo que la empresa Cairn Energy pretende desarrollar a unos 30 kilómetros de Ibiza», lamentaron los ecologistas. La organización explicó que Es Vedrà es un impresionante farallón rocoso de 388 metros de altura situado aproximadamente a un kilómetro de Ibiza, declarado Reserva Natural y protegido a nivel europeo. Consecuentemente, desde Greenpeace denuncian que permitir las prospecciones supondría una «irresponsabilidad«.

«Autorizar prospecciones en estas aguas supone una catástrofe para el medio ambiente, la economía y la sociedad de Baleares. Sobre todo cuando existen alternativas sostenibles basadas en las energías renovables», señala Julio Barea, portavoz de Greenpeace. Con esta acción, el grupo ecologista ha querido hacer hincapié sobre las graves consecuencias que podría sufrir la flora y la fauna de una de una de las zonas más valiosas del archipiélago balear.

«El Gobierno debe dejar de anteponer los intereses de particulares a las empresa petroleras, escuchar lo que le pide la sociedad y cambiar lo antes posible el modelo energético», añade Julio Barea, quien incide en la solicitud de Greenpeace de que se detenga el proyecto de extracción que la empresa Cairn Energy pretende llevar a cabo y que en estos momentos está a la espera de la Declaración de Impacto Ambiental para iniciar su actividad.

Rechazo a prospecciones en Cataluña

El Gobierno catalán mostró su rechazo a las prospecciones petrolíferas en la costa catalana pero advirtió de que no tiene competencias. Por ello, el consejero catalán de Empresa y Empleo, Felip Puig, indicó que a Cataluña no le gustan las prospecciones petrolíferas marítimas que se están haciendo en el norte de la costa catalana, a unos 13 kilómetros del Cabo de Creus (Gerona), ya que el Gobierno las permite «sin los estudios de impacto precisos y tampoco es la estrategia energética que necesita el país».

Ante el pleno del Parlamento catalán, Puig criticó «la voracidad que evidencia el Gobierno por lo que respecta a prospecciones de combustibles fósiles, que puede tener un grave impacto sobre la fauna y el medio marino», y aseguró que el Gobierno catalán está al lado de los agentes del territorio que se oponen a estas prácticas. El consejero recordó que la Generalitat no tiene competencias en esta materia, y censuró que el Ministerio de Industria rechazó todas las peticiones que formuló el Gobierno catalán para que se hagan más controles, más estudios evaluando posibles impactos y una comisión de seguimiento.

Felip Puig alertó que «sin que se tomen las medidas medioambientales adecuadas esto se puede convertir en un segundo Proyecto Castor», por lo que respecta a seísmos provocados al inyectar gas en un depósito marino. El consejero catalán comparó el interés que tiene el Ejecutivo «en los combustibles fósiles» con «las normativas y leyes que está aprobando y que perjudican el sector de las renovables».

Por parte del grupo de ICV-EUiA, el diputado Marc Vidal reclamó mayor firmeza a la Generalitat para defender el medio ambiente y el futuro del turismo. En este sentido, aseguró que las prospecciones «revientan los peces del mar» ya que tienen un importantísimo impacto medioambiental, y exigió al Gobierno catalán que no se escude en que no tiene competencias para inhibirse de este tema. El ecosocialista pidió a la Generalitat la misma oposición a las prospecciones que demuestran los gobiernos autonómicos de canario y balear y exigió un compromiso explícito del Ejecutivo catalán contra «la especulación de los rapaces» que actúan contra la costa catalana.

Ecologistas en Acción denuncia «irregularidades, contradicciones y lagunas» en los cálculos de riesgo de los sondeos en aguas canarias

La organización Ecologistas en Acción denunció «irregularidades, contradicciones y lagunas» en el cálculo de riesgos realizado por la empresa energética que quiere realizar sondeos en busca de petróleo en Canarias y asegura que los cálculos presentados por Repsol son 100 veces menores que el que apunta un centro de investigación público. Además, Ecologistas en Acción lamenta que la DIA favorable emitida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sea «un calco» del informe presentado por la empresa petrolera Repsol, y que carezca de una exposición clara de los condicionantes que impone la ley.

La Ley de Evaluación Ambiental establece que la Declaración debe incluir las condiciones y medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente. En este caso, el escrito «se limita a relatar las condiciones que establece el Estudio de Impacto Ambiental elaborado por Repsol» que, a su vez, contiene «deficiencias», según Ecologistas.

La citada Declaración, publicada este pasado martes en el BOE, argumenta que debido a cuestiones técnicas, las coordenadas UTM definitivas de los sondeos seleccionados «difieren ligeramente de las originales presentadas«, quedando en el radio de un kilómetro respecto a las propuestas inicialmente, por lo que el lugar estudiado difiere al de los sondeos. Según Ecologistas en Acción, ese cambio se produjo en octubre de 2013, cuando el público ya no tenía acceso a la documentación.

Especialmente grave estiman que «en la DIA se distinga entre los impactos ‘rutinarios’ de las perforaciones y los impactos derivados de un accidente con vertido de crudo. Esa distinción no tiene sentido, pues los impactos que se evalúan en un proyecto deben englobar los que se van a producir con toda probabilidad junto con los que son menos probables». «Y más grave aún resulta que Repsol rebaje la probabilidad de ese accidente con respecto a otras investigaciones», añade la organización

Sobre las posibilidades de accidente, critican que Repsol rebaja la probabilidad al asegurar una ocurrencia de 0,003% con un vertido de 1.000 barriles al día. A su juicio, llega a este porcentaje considerando que el riesgo total es debido al riesgo del suceso más grave, un potencial vertido por causas como la colisión de los barcos que participan en la exploración o el derrame de crudo que proviene de los pozos perforados, y no a la suma de los diferentes riesgos calculados por separado. Por el contrario, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) evalúa un riesgo del 0,3%, considerando que el vertido de los pozos más probable sería de 3.000 barriles al día durante 30 días.

Consecuentemente, Ecologistas en Acción lamenta «el apresuramiento» de Medio Ambiente a la hora de permitir a Repsol unos sondeos con claro impacto en el entorno, una amenaza real y un rechazo social generalizado», y espera que el Tribunal Supremo, que decidirá en los próximos días sobre los siete recursos presentados en contra de los sondeos, tenga en cuenta el riesgo y los impactos por encima de los intereses de Repsol.

Críticas al Ministerio desde Canarias

El Gobierno de Canarias considera que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha realizado una «tarea de aliño» al aprobar la declaración de impacto de las prospecciones petrolíferas que pretende realizar Repsol en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. El vicepresidente de la comunidad autónoma y consejero de Sostenibilidad, José Miguel Pérez (PSOE), reiteró su protesta por el hecho de que Medio Ambiente no haya contestado a las alegaciones del Gobierno canario contra la declaración de impacto presentada por Repsol, que, a su juicio, adolecía de tantas carencias que no merecía siquiera ese nombre.

Pérez señaló que prefiere hacer un análisis más detallado de la resolución sobre la declaración de impacto, que fue publicada ya en el Boletín Oficial del Estado, antes de explicar en detalle cuál es su opinión, aunque ya adelantó que percibe «poca hondura, poca profundidad», en las cuestiones que en ella se plantean. «Tengo la impresión de aquí se ha hecho una tarea de aliño más que otra cosa«, sentenció.

El vicepresidente del Gobierno canario también criticó que algunos miembros del Ejecutivo central se permitieran «adelantar» hace ya meses cuál iba a ser el sentido de esa declaración de impacto, cuando esta se dio a conocer el 29 de mayo, de forma resumida, y esta semana de forma pormenorizada en el BOE. Pérez recordó que este no es el paso final en la tramitación administrativa de las prospecciones y que el Gobierno canario aún dispone de opciones para seguir combatiendo ese proyecto en los tribunales.

Neol logra en EEUU la patente para obtener biocombustibles avanzados

Repsol llegó a un acuerdo con la empresa biotecnológica cotizada Neuron Bio en 2012 para adquirir el 50% de Neol Biosolutions para potenciar el negocio de biocombustibles.

Según informó Neol, las autoridades de Estados Unidos le patentaron su tecnología MicroBiOil 1, que permite obtener aceites para uso industrial a partir de glicerina cruda mediante un procedimiento biotecnológico.

Esta tecnología, que ya se demostró a escala semi-industrial, incrementa el rendimiento global de las plantas de biodiesel al convertir el principal co-producto de estas plantas de producción de biodiesel, la glicerina cruda, en nuevo aceite.

Neol está actualmente comercializando esta plataforma promocionando la venta de licencias o las alianzas pertinentes con un socio industrial.