La encuesta muestra que el 79% de los españoles piensa que las actividades de protección del medioambiente pueden impulsar el crecimiento económico de la Unión Europea, y un 80% opina que el uso eficiente de los recursos naturales puede impulsar el crecimiento económico, señaló la Asociación Empresarial Eólica (AEE) en una entrada de su blog.

La AEE consideró que, tras las conclusiones de la encuesta, el sector eólico puede sentirse «orgulloso» al haber demostrado en los últimos diez años «estar a la altura de las expectativas», al mejorar la calidad del aire, evitar el consumo de agua equivalente al de la ciudad de Sevilla en un año, y a la actividad económica generada. En concreto, las 1.072 instalaciones eólicas de toda España han creado actividad económica en 800 ayuntamientos, y la industria manufacturera eólica representa unos 20.000 empleos en la actualidad.

Entre las conclusiones del estudio también se encuentran que el 59% de los españoles piensa que las consideraciones medioambientales deben prevalecer sobre las de los costes, frente a un 25% que opina lo contrario.

Asimismo, el 61% de los españoles cree que el progreso de España debe medirse a partes iguales en criterios medioambientales, sociales y económicos, mientras que el 15% piensa que sólo haya que hacerlo con criterios económicos.

La principal preocupación medioambiental de los españoles es la contaminación atmosférica (58%) y la segunda, la contaminación del agua (57%), además, el 86% piensa que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para la protección del medioambiente.

De igual forma, el 88% cree que la legislación de la Unión Europea es necesaria para proteger el medioambiente en España, y el 67% de los españoles piensa que la Unión Europea no está haciendo lo suficiente para la protección del medioambiente.

Así, el 91% de los españoles concuerda o tiende a concordar con la idea que la Unión Europea debe de tener la posibilidad de controlar que la legislación medioambiental sea aplicada correctamente en España.

Las principales razones que expone Greenpeace en el recurso se centran en que consideran que hay «defectos formales» del procedimiento administrativo debido a la «incorrecta apertura» del trámite de información pública por la «falta de transparencia del mismo». Además, denuncian las «deficiencias» en la documentación aportada y la «escasa calidad» técnica de la evaluación de impacto ambiental realizada. Por ello, la organización ecologista considera que «se han minimizado» los impactos que van a tener las prospecciones petrolíferas sobre la fauna y los ecosistemas marinos, así como las «graves» consecuencias de un vertido de petróleo y también los impactos sobre sectores como la pesca o el turismo, cuyas actividades «dependen en gran medida» de la calidad de las aguas y playas.

Greenpeace agrega que «tampoco se han considerado adecuadamente» cuestiones básicas como el abastecimiento de agua potable para la población de las islas orientales que, según recuerdan, «depende casi en exclusiva de la desalinización del agua del mar». Finalmente, el responsable de campaña de Greenpeace, Julio Barea, aseguró que Industria «favorece y facilitar la actividad económica de una empresa, Repsol, sin escuchar ni considerar los datos científicos aportados por decenas de organizaciones ni por las administraciones de las islas». Barea advirtió de que esta actuación «antidemocrática del Gobierno será contestada por la sociedad civil con todas las herramientas jurídicas y de movilización social que estén al alcance para frenar las prospecciones».

Este trabajo, publicado en la revista «Ecology Letters» y del que informó el CSIC, toma en cuenta la capacidad de adaptación a los cambios ambientales de las diferentes poblaciones de una misma especie, en vez de tomar a las especies como bloques uniformes, como hacen los modelos actuales que predicen los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad.

«Las especies animales y vegetales no funcionan como bloques uniformes sino que están compuestas por distintas poblaciones cuyas características funcionales y su plasticidad fenotípica varía», explicó el investigador del CSIC Fernando Valladares, del Departamento de Biogeografía y Cambio Climático del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Con este nuevo estudio, las predicciones ante el cambio climático son más pesimistas, ya que, según añadió Valladares, «los cálculos sugieren que las especies podrían perder entre dos y tres veces más área de distribución por el cambio climático al considerar tanto la variabilidad poblacional como las barreras geográficas y humanas».

Valladares explicó que el estudio creó cinco escenarios en función de la plasticidad fenotípica de las poblaciones a la temperatura, cada uno de los cuales correspondió a un grupo de especies, que, a su vez, resultaron de revisar un amplio y variado número de plantas y animales y de clasificar las diferencias poblacionales de su plasticidad fenotípica y su adaptación local a las temperaturas.

La incorporación de esta información para cualquiera de los grupos dio lugar a áreas de distribución futura más pesimistas que las que resultan de los modelos hasta la fecha. «Los resultados obtenidos al probar el modelo con los datos de las poblaciones del pino silvestre, ‘Pinus sylvestris’, una especie de amplia distribución en el Paleártico, han confirmado las predicciones teóricas», concluyó Valladares.