El compromiso de Japón, anunciado durante la cumbre del G-20 de líderes mundiales de países desarrollados y emergentes, eleva a 7.500 millones de dólares el Fondo Verde para el Clima, incluyendo además los 3.000 millones de dólares que el presidente estadounidense, Barack Obama, anunció el sábado.

El secretariado del Fondo, que tiene su sede en Seúl, agradeció ya el compromiso, que calificó como un punto de inflexión antes de la conferencia de donantes del jueves en Berlín. Naciones Unidas fijó una meta informal de 10.000 millones de dólares para el fondo este año.

Los recursos, que ayudarán a las economías emergentes a reducir las emisiones de gases que producen el efecto invernadero y a lidiar con las consecuencias del cambio del clima, se consideran claves para destrabar un pacto climático en la ONU que se discutirá a fines del próximo año en París.

«Este compromiso es un paso gigante que nos acerca a un acuerdo climático mundial en París», argumentó Athena Ballesteros del centro de estudios Instituto de Recursos Mundiales.

Hela Cheikhrouhou, directora ejecutivo del Fondo, afirmó que espera que los compromisos de Estados Unidos y Japón, además de la atención inesperada del G-20 al cambio climático, se traduzcan en más contribuciones significativas de otros países.

Reino Unido, Italia, Canadá y Australia aún deben anunciar sus compromisos. Alemania y Francia comprometieron cada uno 1.000 millones de dólares en una primera ronda para el fondo, que durará cuatro años.

Un fracaso ante el calentamiento global desencadenaría una guerra

Por su parte, el presidente de Francia, François Hollande, advirtió de que un fracaso a la hora de hacer frente al calentamiento global podría llevar a la guerra, motivo por el que pidió a los países que integran el G-20 que actúen antes de la conferencia sobre cambio climático que se celebrará en París en 2015.

«Nos reuniremos de nuevo en París para firmar un acuerdo global que evite que el planeta experimente un calentamiento global de hasta tres o cuatro grados (centígrados), lo que podría llevar a una catástrofe, sino a la guerra», dijo durante la cumbre del G-20.

«Una forma de evitar conflictos y catástrofes es actuando», manifestó, expresando su deseo de que los países firmen acuerdos vinculantes para limitar el calentamiento global a los dos grados durante la citada conferencia.

La ministra recordó que al acceder el PP al Gobierno central, en materia hidráulica, «había una larga lista de incumplimientos con nuestras obligaciones sobre el agua con la Unión Europea». «No podemos decir que cuidemos el medio ambiente, sino cuidamos un recurso tan importante como el agua, y en España el agua estaba abandonada, sobre todo lo que tiene que ver con los planes hidráulicos de cuenca», añadió.

García Tejerina realizó estas manifestaciones, a preguntas de los periodistas, acerca de la política hidráulica del Gobierno central, tras visitar las presa riojanas de Enciso y «El Regajo», acompañado del presidente del Gobierno regional, Pedro Sanz, del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Íñigo Nagore, y del delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, entre otras personalidades.

Para la ministra «es necesario dar a los ciudadanos agua de buena calidad», y para ello «hace falta depurar», pero sin embargo en 2009 «todos estos planes de cuenca e importante infraestructura en materia de depuración tenía que estar hecha, y lamentablemente nada de ello estaba cumplido».

Ante ello, en 2011, «fecha de obligado cumplimiento para España», estaba «todo sin hacer» y en dos años y medio «el Gobierno central ha aprobado todos los planes hidrológicos de cuenca que son de su competencia». No obstante, «tenemos que correr porque la directiva marco de agua, nos obliga a hacer en diciembre de 2015 el segundo ciclo».

Por este motivo, García Tejerina destacó que «en año y medio tendremos que hacer el trabajo de seis, igual que en dos y medio hemos hecho el trabajo de ocho años».

La ministra resaltó que, además, el Gobierno central aportará 300 millones de euros en 2015 para abastecimiento y depuración de aguas, para «dar al ciudadano agua de calidad y asegurarles el abastecimiento».

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que los informes del Consejo de Estado que apoyan el recurso del Gobierno contra la consulta convocada por el Ejecutivo autonómico canario sobre las prospecciones petrolíferas son «muy claros y muy contundentes». Así lo indicó al ser preguntado por la decisión del Ejecutivo canario de paralizar la consulta después de que el Gobierno anunciara su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional esta convocatoria.

El ministro quiso dejar claro que los informes del Consejo de Estado dicen que el decreto de consulta es «claramente ilegal«, así como la consulta en sí que se ha planteado por parte del Gobierno canario. Además, incidió en que no sólo afirma que es una consulta ilegal, sino que «dice directamente que la pregunta que se formula es capciosa y oscura». «Con eso, creo que está todo dicho», remarcó.

Denuncia ante Bruselas de Greenpeace

Greenpeace denunció al Gobierno español ante Bruselas por incumplir la legislación europea al autorizar la búsqueda de petróleo en Canarias y considerar que retrasó la declaración de Lanzarote y Fuerteventura como espacio protegido. La organización señaló que el Estado retrasó dicha declaración con el objetivo de favorecer los intereses de la multinacional Repsol, lo que podría haber provocado «graves errores procedimentales» en la tramitación del permiso concedido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Según Greenpeace, el Gobierno redujo intencionadamente el área del Lugar de Interés Comunitario (LIC) para permitir que Repsol pueda perforar a escasos kilómetros del área protegida. «Este valioso espacio protegido se encuentra apenas a 11 kilómetros de uno de los puntos donde Repsol pretende buscar petróleo y alberga más de un tercio de los tipos de cetáceos que existen en el planeta y otras especies en peligro», señaló la organización.

Asimismo, Greenpeace denunció la «campaña de desinformación» que la petrolera estaría llevando a cabo con la ayuda del Gobierno, como el falseamiento de las cifras sobre la creación de empleo, los antecedentes contaminantes de la empresa, el aumento de sus cifras de inversión o el desprecio a los riesgos de las prospecciones. «Repsol solo representa sus propios intereses, que chocan frontalmente con los de Canarias. La petrolera debe retirarse de inmediato», afirmaron desde la ONG.

El Tribunal Constitucional debería decidir

Ben Magec-Ecologistas en Acción solicitó al Gobierno central suspender los sondeos hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre la consulta convocada por el Ejecutivo canario y hasta que se resuelva el incidente de nulidad contra los permisos concedidos que admitió a trámite el Tribunal Supremo. La asociación ecologista aseguró hacer esta petición fundamentándola en que las consecuencias de las prospecciones «podrían dar lugar a daños sustanciales en el ecosistema», por lo que exigió la necesidad de una suspensión cautelar.

De todos modos, Ben Magec lamentó el comportamiento «antidemocrático del Gobierno del Partido Popular y el desprecio manifiesto hacia la sociedad canaria» por recurrir la consulta propuesta por el Ejecutivo autonómico. En este sentido, consideran que «es un varapalo» para los ciudadanos canarios el que no se celebre la consulta, ya que indicó que de esta forma «la sociedad queda vetada a la hora de decidir mediante consultas populares, sean de la naturaleza que sean».

Por último, la asociación ecologista recordó que «ya Canarias ha hablado en repetidas veces en la calle, como se ha podido evidenciar en las sucesivas manifestaciones históricas contra las prospecciones petrolíferas a las que han asistido más de 200.000 personas». Por ello, afirmó que Ben Magec seguirá promoviendo acciones judiciales y movilizaciones ciudadanas que propicien la paralización de las prospecciones.