Comienza el juicio contra Greenpeace por su protesta en Cofrentes en 2011
El 15 de febrero de 2011, en un contexto de ampliación de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) y algo menos de un mes antes de la catástrofe de Fukushima (Japón), Greenpeace desarrolló una acción de protesta porque entendía que «esta ampliación en una central tan antigua entrañaba un alto riesgo de accidente nuclear», explicó el director ejecutivo de la organización ecologista, Mario Rodríguez. Los 16 activistas y el fotoperiodista entraron en el recinto y la acción acabó tras pintar las palabras riesgo nuclear en una de las torres de refrigeración de Cofrentes. Los encausados procedieron de varios lugares de España, como Barcelona, Madrid, Valladolid, Murcia o Mallorca, y sus edades comprenden ahora entre los 23 y los 52 años.
José Manuel Marraco, abogado de Greenpeace, sostiene que las 17 personas encausadas se enfrentan a delitos de desórdenes públicos (2 años de cárcel), lesiones (8 meses), daños (14 meses de prisión y multa) y a una falta de lesiones (2 meses y multa), y que Greenpeace se enfrenta a 357.371 euros por la suma de las multas y la indemnización solicitada por Iberdrola, propietaria de la central. La acusación pide dos años y ocho meses de prisión; Greenpeace cree que detrás de este juicio hay un «intento de escarmentar» a la organización. Por ello Rodríguez insistió en que la energía nuclear es peligrosa y «aunque traten de amedrentarnos con grandes multas y penas de cárcel no nos van a callar».
«Greenpeace nunca ha eludido la acción de la justicia, pero siempre ha pedido que sea justa y proporcionada. Me pregunto si es justo y proporcionado que, por manifestarse y pintar en una torre de refrigeración riesgo nuclear, las personas que lo hicieron se tengan que exponer a penas de casi tres años de cárcel. Me pregunto si una organización que ha demostrado la importancia de la defensa del medio ambiente de forma pacífica se tiene que exponer a una multa de cerca de 360.000 euros por evidenciar los peligros de la energía nuclear», indicó Rodríguez.
En este sentido, la organización ecologista Greenpeace considera «excesivas y desproporcionadas» las acusaciones de desorden público, daños y lesiones que pesan sobre los 16 activistas y el fotoperiodista que realizaron, según su versión, una «protesta pacífica«. El líder de Greenpeace en España subrayó que «no puede salir más caro defender el medio ambiente que destruirlo, es injusto e inaceptable«, y que «la defensa del medio ambiente es un deber ciudadano y, además, consagrado en el artículo 45 de la Constitución».
Sin embargo, desde Iberdrola, propietaria de la instalación, se rechaza que la actuación de los activistas fuera pacífica ya que su acción supuso daños materiales y lesiones a dos vigilantes, uno de ellos con una herida abierta por corte con un equipo rotativo en el abdomen. Además, implicó la declaración de alerta de emergencia en el emplazamiento, un hecho excepcional, puesto que la presencia de los miembros de Greenpeace podría conllevar daños a equipos de seguridad, según las mismas fuentes.
Respecto a las acusaciones de daños y lesiones que pesan sobre los activistas, Greenpeace señala que «no dejan de ser sorprendentes», ya que asegura que «no agredieron ni lesionaron a nadie«. Rodríguez destacó que este tipo de acusaciones «nunca han prosperado» en anteriores ocasiones y aseguró que desde la organización tienen «un profundo respeto por los trabajadores de la central, ellos no son responsables de que no haya una cultura de la seguridad». Asimismo, el director de la organización ecologista insistió en que seguirán con su labor pese a los intentos de «criminalización de la protesta pacífica», que según Rodríguez «se convierte en un reto porque te puedes exponer a penas de cárcel muy serias«.
La responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, Raquel Montón, aseguró que el envejecimiento de las centrales nucleares agrava la posibilidad de que se produzca un accidente en las instalaciones, un hecho que se da en Cofrentes, según Montón. «Es uno de los 66 reactores que tienen más de 30 años en Europa», apuntó. Asimismo, señaló que en Cofrentes «se incrementa el riesgo porque se ha aumentado su potencia, y consecuentemente sus tuberías y sistemas están sometidos a mayores tensiones porque tienen mayor carga técnica y se almacenan más elementos combustibles». Montón destacó además que su ubicación «no es adecuada«.
