El CSN tiene 15 días para entregar a Transparencia Internacional 2 informes que podrían cuestionar el emplazamiento del ATC

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Europa Press / EFE.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene 15 días hábiles para entregar a la ONG Transparencia Internacional copia de 2 informes sobre la idoneidad y condiciones del emplazamiento elegido para albergar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad y combustible gastado en Villar de Cañas (Cuenca). Así consta en una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que estimó parcialmente las reclamaciones de esta ONG para acceder a una información que considera relevante para los ciudadanos.

Concretamente, la resolución, adelantada por el diario El País, insta al regulador nuclear a remitir en 15 días hábiles al presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, varios informes. Se trata del informe del propio organismo regulador, de carácter geotécnico e hidrógeológico sobre la idoneidad y condiciones de seguridad del emplazamiento elegido para el ATC y que hayan servido para adoptar la propuesta de dictamen técnico. Además, le insta a remitir a la ONG copia del informe presentado por la consultora americana URS sobre las condiciones de terreno y emplazamiento del ATC en Villar de Cañas.

El Consejo de Transparencia desestima sin embargo otras peticiones al CSN, como el informe sobre la adjudicación del emplazamiento, una nota informativa de los técnicos de Ciencias de la Tierra del regulador sobre el sitio elegido, otro informe presentado por los geólogos sobre las condiciones de los terrenos, así como otro documento sobre la aprobación del emplazamiento, teniendo en cuenta el informe desfavorable de los geólogos del propio organismo. Igualmente, desestima la solicitud de Transparencia Internacional para que el regulador le entregue información sobre la cuantía del proyecto al entender que habrá un sobrecoste, pues entiende que el ámbito económico no es competencia del CSN.

No existe una obligación legal

Mientras, el presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, explicó que hace meses pidieron información al regulador para conocer los criterios por los que se había elegido Villar de Cañas para albergar el ATC, a tenor de informaciones que apuntaban a la falta de idoneidad del sitio elegido para albergar los residuos radiactivos de las centrales por los riesgos de contaminación y afectación de la salud pública. Lizcano considera que esta información puede ser relevante y de interés para los ciudadanos por lo que ahora espera que en el plazo de 15 días el regulador le remita estos informes porque «aunque no hay una obligación legal, es un organismo oficial nombrado por el Parlamento», según subrayó.

Fuentes del Consejo de Transparencia indicaron que el portal estudia y responde todas las solicitudes al ser su cometido velar por la transparencia de las instituciones. Lizcano ha indicado que son informes que «desaconsejan este emplazamiento, tal y como veremos cuando se hagan públicos«. Aunque los informes todavía no obran en poder de Transparencia Internacional, Lizcano ha garantizado que en el momento que los tengan su asociación los hará públicos porque «consideramos que algo como esto es de interés social».

Ecologistas en Acción reclama el cierre definitivo de Garoña en su 45º aniversario

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Redacción / Agencias.- Ecologistas en Acción reclama el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), que cumple este miércoles 45 años desde que se conectara a la red por primera vez y ahora se encuentra, a juicio de la organización, «en pésimas condiciones de seguridad» y supone «un riesgo inaceptable» para las autonomías de Aragón, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Según recuerda Ecologistas en Acción, la central nuclear tiene 460 megavatios de potencia eléctrica y es un reactor de agua en ebullición idéntico al número 1 de Fukushima-Daiichi (Japón), que sufrió un accidente el 11 de marzo de 2011. Garoña entró en funcionamiento el 2 de marzo de 1971 y fue inaugurada por Francisco Franco. Como consecuencia de esta antigüedad, la organización considera “sensato” proceder al cierre definitivo de Garoña, la más antigua de Europa. En este sentido, Ecologistas en Acción asegura que la central se encuentra «en muy malas condiciones de seguridad», como muestran los informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), al presentar “78 elementos severamente degradados y 135 componentes con un estado de degradación medio o bajo”.

«Se hace necesario cambiar kilómetros de cableado, clave para garantizar el control del reactor; mejorar el sistema de protección contra incendios, que es ya un problema histórico, y modificar el venteo de la contención, para evitar posible explosiones», añadió. Además, Ecologistas en Acción consideró «imprescindible» aplicar las reformas procedentes de las pruebas de estrés realizadas tras el accidente de Fukushima y recalcó que la Confederación Hidrográfica del Ebro ha ordenado a Garoña construir una torre de enfriamiento para evitar que la central siga sobrecalentando el río. «Estas reformas supondrían un gasto de 150 millones de euros. Aun así, no garantizarían que en poco tiempo aparecieran nuevos problemas que obligaran a paralizar la central o, incluso, que produjeran algún accidente», apostilló.

Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, señaló que «lo más sensato es proceder al cierre definitivo de esta central», porque supone un riesgo para seis comunidades autónomas «bien a través del viento o bien a través del río Ebro como vectores de la radiactividad«. «Garoña está ya amortizada y es perfectamente prescindible para el suministro eléctrico”, por lo que su cierre definitivo “no supondría problema alguno para los contribuyentes ni para el sistema eléctrico», indicó, antes de concluir que «el negocio de pocos no puede sustentarse sobre el riesgo, tanto para la salud como económico, que sufren miles de personas».

Por ello, el portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares asegura que el Gobierno del PP debería «rendirse a la evidencia de que no tiene sentido apostar por la reapertura de esta peligrosa central». Además, cree que para su titular, Nuclenor, y el resto de la industria nuclear mantener Garoña, para la que se ha solicitado prorrogar su actividad hasta 2031, es «un intento de sentar el precedente de alargar la vida de las centrales nucleares hasta 60 años».

Podemos pide en el Congreso que se anulen los permisos de Repsol para realizar prospecciones en Canarias

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EFE.- Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que reclama al Gobierno que, con carácter de urgencia, revoque los permisos que Repsol conserva para volver a hacer prospecciones en Canarias y convierta esa zona marítima en un «santuario» para cetáceos.

Los diputados canarios de Podemos, Victoria Rosell, Meri Pita y Alberto Rodríguez, exigen poner fin al que, a su juicio, fue «uno de los episodios más flagrantes de connivencia del Gobierno con las multinacionales en detrimento del interés general«. En este sentido, Podemos acusa al PP de utilizar la mayoría absoluta con que contaba en la pasada legislatura «para imponer por la fuerza al pueblo canario la ejecución de unas operaciones de alto riesgo ambiental».

Podemos recuerda que Repsol recibió esos permisos contra el criterio del Gobierno de Canarias, el Parlamento de la comunidad autónoma y los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, que se oponían a las prospecciones por entender que podía poner en peligro el patrimonio natural de las islas y su industria turística. Podemos subraya que también se opusieron a esas prospecciones las organizaciones ecologistas «más destacadas del mundo«, universidades y entidades científicas de varios países y varias federaciones de operadores turísticos europeos.

Repsol llevó a cabo la primera de las tres prospecciones que tenía autorizadas, pero únicamente encontró indicios de hidrocarburos sin suficiente calidad y cantidad para que resultara rentable su explotación, por lo que no realizó las otras. Podemos considera que el hecho de que los permisos sigan vigentes hasta agosto de 2017 representa una amenaza para uno de los espacios marinos «de mayor biodiversidad del planeta», el situado al este de Lanzarote y Fuerteventura, donde habitan numerosas especies de cetáceos.

La española Teresa Ribera, entre los candidatos a reemplazar a Figueres en la secretaría de Cambio Climático de la ONU

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EFE.– La ONU baraja una lista de 10 candidatos para suceder a la costarricense Christiana Figueres como jefa de la diplomacia climática internacional en la que aparece la ex secretaria de Estado de Cambio Climático española Teresa Ribera, según The Guardian. Figueres ya ha confirmado que no renovará ni ampliará su mandato como secretaria general de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) más allá del turno de seis años que expira a comienzos de julio.

El organismo ha abierto el proceso para relevarla y, según fuentes consultadas, busca una personalidad fuerte y curtida en la diplomacia climática para ocupar un puesto clave en los próximos años, en los que se debe ratificar el acuerdo de París, cerrar flecos pendientes e implementarlo antes de que entre en vigor en 2020. Entre los candidatos están asimismo la embajadora mexicana en Alemania, Patricia Espinosa, que presidió la cumbre del clima de Cancún (2010), el titular peruano de Ambiente y presidente de la cumbre climática de Lima (2014), Manuel Pulgar, y la ministra brasileña de Medio Ambiente, Izabella Teixeira.

El portavoz brasileño en las negociaciones de Rio+20, André Corréa Lago, aparece también en la lista, junto al director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el turco Fatih Birol; el ministro de Medio Ambiente de Gambia, Pa Ousman Jarju; la diplomática climática surafricana Nozipho Joyce; la embajadora de Granada en la ONU, Dessima Williams, y Laurence Tubiana, la embajadora francesa que dirigió las negociaciones de la COP21. Ribera es una de las candidatas mejor valorada en la lista que está sobre la mesa del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, por su experiencia en la negociación internacional.

Entre otros cargos, Ribera ha sido directora de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), entre 2004 y 2008, y secretaria de Estado de esta materia de 2008 a 2011. Ribera dirige desde julio de 2014 el Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales (IDDRI), que ha orientado en la trastienda la cumbre de París y el acuerdo histórico de lucha contra el cambio climático alcanzado. Los aspirantes deberán presentarse por sí mismos a un puesto que tiene una gran responsabilidad: que el acuerdo de París se aplique y los países combatan de manera efectiva el calentamiento global.

Los ecologistas piden el cierre programado de las centrales de carbón

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EFE / Europa Press.- Las cinco organizaciones ecologistas de ámbito nacional reclamaron a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que el Gobierno aborde el cierre programado de las centrales de carbón para cumplir los objetivos asumidos en el acuerdo del clima de París. Así lo indicó a la salida del Consejo Nacional del Clima, la portavoz de cambio climático de WWF, Mar Asunción.

Las cinco grandes organizaciones ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) exigieron a la ministra Tejerina «mayor ambición a nivel nacional, ya que en las proyecciones que se manejan para los próximos años siguen aumentando las emisiones». «Nos parece que es totalmente impresentable que un país desarrollado como España, no lance el mensaje adecuado, y maneje escenarios en los que crecen las emisiones», indicó Asunción.

Las ONG plantearon a la ministra «objetivos energéticos concretos para que bajen las emisiones», entre ellos «la necesidad de tener un cierre programado de las centrales de carbón, ya que estos dos últimos años las emisiones de electricidad con carbón han estado aumentando muchísimo». Asunción lamentó, sin embargo, que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, «siga buscando recovecos para que España continúe produciendo electricidad del carbón».

Los ecologistas quieren que España apoye en el seno de la Unión Europea una mayor ambición de los compromisos de reducción presentados para 2030 cuando se ratifique el acuerdo de París. Actualmente, la Unión Europea se ha comprometido a una reducción de emisiones del 40%, a un porcentaje de renovables del 27% y la misma cifra en eficiencia energética para 2030. Asunción lamentó también «las evasivas y las respuestas generales» con las que la ministra ha contestado a sus preguntas.

“Falta compromiso contra cambio climático”

Por otro lado, las ONG ambientales no ven que el Gobierno esté dando pasos decididos para luchar contra el cambio climático en España, pese a ser uno de los países más vulnerables de Europa a este fenómeno. Así, el portavoz de Amigos de la Tierra, Héctor del Prado, lamentó que García Tejerina se dedicara a «tirar balones fuera» sobre todo respecto a la vinculación de modelo energético con las emisiones de efecto invernadero. Además criticó que la ministra se ciñera a que España se limita a los objetivos marcados por la Unión Europea, algo que, aunque es perfectamente legal, Del Prado cree que España debería ir más allá puesto que es una de las grandes economías y «debe dar ejemplo».

«La ministra dice que el Acuerdo de París y los objetivos 2020 van bien y que va a cumplir con todo. Ha explicado verdades a medias. Da la sensación de que todo va perfecto, pero algo no va bien cuando llevamos los 9 meses consecutivos más calurosos de la historia«, comentó. Para Del Prado, el Ministerio y la Oficina Española de Cambio Climático tienen «buenas intenciones, pero les falta fuerza para imponerse a otros departamentos y ser más ambiciosos”, en alusión al Ministerio de Industria.

En la misma línea, la portavoz de energía de Greenpeace, Tatiana Nuño, subrayó que en 2015 se aumentó un 23% el uso de carbón lo que ha provocado un crecimiento de las emisiones de CO2 del 4%. «Con el Acuerdo de París en la mano, que marca el fin de los combustibles fósiles, deberían trabajar en algún programa para marcar el fin de las térmicas de carbón y en un plan de transición justa una economía baja en carbono. Está claro que no podemos seguir subvencionando las energías sucias», opina Nuño que calificó de «un poco difusa» la respuesta de García Tejerina en esta cuestión.

Reclama medidas ambiciosas al Gobierno

De este modo, le han trasladado que el Gobierno sigue favoreciendo las energías sucias y que prevén que pese al Acuerdo de París vaya a haber «cambios importantes en las políticas que marquen la diferencia» por lo que ha advertido al Ministerio de Agricultura de que ese acuerdo global no es suficiente, de modo que se deben implantar medidas más ambiciosas. En cuanto al Plan Nacional de Adaptación cree que se debería recalcular el crecimiento de emisiones previsto hasta 2020.

Por su parte, el portavoz de energía de SEO/BirdLife, David Howell, reprochó que a pesar de que las emisiones han aumentado la ministra ha tratado de presentar los datos como «una buena noticia», igual que los datos del Plan Nacional de Adaptación o de la implantación del Acuerdo de París. A su juicio, España debería estar liderando la lucha contra el cambio climático en Europa al ser uno de los países más vulnerables, por su dependencia de los combustibles fósiles y sus condiciones climáticas. Entre las propuestas que WWF considera necesarias, estima que Europa debe modificar el sistema del comercio de emisiones, la directiva de renovables, avanzar en eficiencia energética y acometer un reparto de esfuerzos en los sectores difusos.

«Lo suyo es tener ya propuestas firmes en esas áreas para descarbonizar el transporte y la economía con avances importantes, no con el goteo actual de pequeñas medidas», ha valorado Howell, que cree que a España le faltan también mayores objetivos en el Plan Nacional de Adaptación para reducir la vulnerabilidad de España al calentamiento global. Finalmente, ha indicado que las ONG han instado al Ministerio a establecer un programa de cierre de las minas de carbón, de las centrales térmicas y de las nucleares.

El Ministerio de Medio Ambiente confirma que las emisiones de CO2 aumentaron un 0,5% en 2014 frente al año anterior

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Redacción / Agencias.- Las emisiones de CO2 aumentaron un 0,5% en 2014 respecto al año anterior, según los datos del último Inventario Nacional de Emisiones de gases de efecto invernadero, que incorpora la serie 1990-2014. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones, Isabel García Tejerina, informó en el Consejo Nacional del Clima de estos datos que remitirá a Naciones Unidas el 15 de marzo próximo.

Además, precisó que las emisiones en 2014 alcanzaron los 333 millones de toneladas de CO2-equivalente, lo que representa un «ligero» incremento del 0,5% respecto al año 2013. En este sentido, Tejerina ha subrayado que «se ha conseguido desacoplar el ritmo de crecimiento económico y de emisiones», ya que el incremento es inferior a la variación interanual del PIB para el mismo periodo, que se sitúa en un aumento del 1,4%.

De estos datos, explicó que las emisiones de los sectores sujetos al Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión aumentaron un 1,7% respecto a 2013, mientras que los sectores difusos disminuyeron en un 0,14% en el mismo periodo. «Es en estos sectores difusos (agricultura, los transportes y los residuos, entre otros) donde tenemos un objetivo nacional de reducción de emisiones y donde se puede valorar el efecto de las medidas nacionales puesta en marcha en el marco de la Hoja de ruta 2020», precisó.

Respecto a la Hoja de Ruta de Sectores difusos 2020, ha apuntado que incluye 43 medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores como el de la vivienda, los transportes y los residuos, entre otros. García Tejerina destacó que la activación de las medidas de la actual hoja de ruta se encuentra aproximadamente en un 80% de lo planificado y que es importante implantar al 100% para conseguir una senda descendente de emisiones a 2020. A este respecto, anunció que la Oficina Española de Cambio Climático está revisando la hoja de ruta para identificar nuevas políticas de mitigación tempranas que permitan cumplir con lo establecido de una forma «costoeficiente» en 2030.

Del mismo modo, aplaudió el papel «clave» de la Unión Europea en la Cumbre de París, y aseguró que seguirá trabajando para mantener ese liderazgo en la nueva fase de implantación a nivel nacional que se abre tras el acuerdo, que lanza una “señal clara y unánime” de avanzar hacia un modelo de desarrollo económico, social y medioambiental. Al respecto, calificó la cita de «éxito» de la comunidad internacional por establecer un «marco que responde a las realidades geopolíticas y económicas actuales e intuye las futuras». A su juicio, este marco refuerza la cooperación internacional.

La radiación de Fukushima no tuvo impacto en la salud pública, según un informe

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EFE.- La radiación emanada del accidente nuclear de Fukushima no ha tenido un impacto significativo sobre la salud de los habitantes de las zonas más próximas la planta, según un informe elaborado por expertos sanitarios nipones. La gran mayoría de estos ciudadanos recibieron dosis muy leves de radiación desde la catástrofe acaecida en 2011, y no presentan una mayor prevalencia de enfermedades relacionadas con la radiactividad, según las conclusiones del estudio dirigido por Koichi Tanigawa, profesor de la Universidad Médica de Fukushima.

No obstante, el informe muestra un marcado incremento de las patologías psiquiátricas a raíz del accidente, así como un notable aumento de otras enfermedades entre las personas que se vieron obligadas a abandonar sus hogares tras decretarse la orden de evacuación en las proximidades de la planta. El estudio se basa en datos médicos recopilados tras el accidente causado por el terremoto y el tsunami de marzo de 2011 y hasta 2014, y fue realizado a petición del Gobierno de la prefectura nipona de Fukushima.

«Afortunadamente, podemos decir que hasta la fecha no ha habido ningún impacto apreciable de la radiactividad en la salud pública de la zona», afirmó Tanigawa, quien también destacó la necesidad de «continuar analizando la situación para observar posibles efectos a más largo plazo». Entre los residentes de Fukushima, la incidencia de enfermedades como la leucemia, del cáncer de mama, de tiroides y de otros tipos es «equivalente a la de otras zonas de Japón», señaló.

El informe incluye datos de las dosis de radiación que recibieron los habitantes de las localidades más cercanas a la planta antes, durante y después de la evacuación. Los niveles de radiactividad a los que resultaron expuestos los ciudadanos de esta zona fueron «extremadamente bajos», ya que en una amplia mayoría de los casos (el 60%) se sitúan por debajo de 1 milisevert por año, dentro de los límites considerados seguros por los organismos internacionales.

Al margen de las enfermedades vinculadas a la radiación, se observa un agudo incremento del síndrome de estrés postraumático, de la ansiedad crónica, de la depresión y de otros desórdenes mentales entre la población de Fukushima. La proporción de personas con patologías psiquiátricas se situó en un 14,6% entre los ciudadanos de esta prefectura nipona entre 2011 y 2013, muy por encima de la cifra de las otras zonas del país más afectadas por la catástrofe (6,2%) y de la media nipona (4,6%). Asimismo, el informe refleja un «deterioro preocupante» en las condiciones de salud de las 165.000 personas que fueron evacuadas a raíz del tsunami, y entre los cuales cerca de 70.000 continúan sin poder volver a sus hogares.

El CSN presenta una denuncia por las pancartas desplegadas en su sede por Greenpeace contra la reapertura de Garoña

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Redacción / Agencias.- Activistas de la organización ecologista Greenpeace desplegaron 2 pancartas de 27 m2 cada una sobre la fachada del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en Madrid. Bajo los mensajes Stop Garoña y Stop nucleares, Greenpeace expresó su rechazo a la reapertura de la central nuclear burgalesa. El CSN presentó la correspondiente denuncia por el acceso a su sede central ante la Dirección General de la Policía. 6 activistas de Greenpeace fueron detenidos.

Los hechos transcurrieron así: 2 vehículos con miembros de la organización Greenpeace accedieron al edificio del CSN por los pasos del garaje, que estaban abiertos para el acceso del personal del CSN, y desplegaron pancartas en la fachada del edificio para pedir el cierre de Garoña (Burgos). Dichos vehículos han sido retenidos por el servicio de seguridad de la sede del CSN, hasta que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, una vez alertados, tomaron el control del incidente, según explicó el organismo regulador. La Policía Nacional detuvo y trasladó a dependencias judiciales a 6 activistas tras permanecer colgados de la fachada del CSN durante más de 4 horas.

El Pleno del CSN lamentó la acción de Greenpeace, pues como órgano regulador en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, con carácter independiente, «no debe verse influenciado por presiones de ningún tipo. Además las competencias del CSN en la renovación de Garoña «se limitan a la emisión del informe técnico»; corresponde al Ministerio de Industria la resolución final, «tanto en lo que se refiere a la concesión o denegación de la petición, como a cualquier eventual decisión sobre la suspensión de dicho informe técnico». El CSN apela a la responsabilidad de los distintos grupos de interés para que no lleven a cabo acciones reivindicativas que pueden ser interpretadas como «una presión moral y jurídicamente injustificada sobre un organismo regulador».

Greenpeace quiere paralizar el proceso

Además de la protesta realizada en la fachada del CSN, junto a la puerta de la sede otros activistas han portado una tercera pancarta en la que se podía leer Por un CSN independiente. De este modo, Greenpeace pide al CSN que paralice el proceso de evaluación para la reapertura de Garoña, “después de que en el último pleno, el pasado 3 de febrero, aprobara varios informes que allanan el camino para que se pueda emitir un informe favorable que permita darle una licencia a la central nuclear burgalesa para operar hasta los 60 años”.

La organización apunta que, con esta decisión, el presidente del CSN, Fernando Martí, «ha hecho oídos sordos a la mayoría del Parlamento» ya que todos los grupos parlamentarios, menos el PP, habían pedido previamente a través de una carta que paralizara el proceso de evaluación hasta la formación de un nuevo Gobierno. En la misiva también le comunicaban que solicitarían su comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso tan pronto como esta se constituya, solicitud que ya se ha llevado a cabo. Para la organización ecologista, la decisión del CSN es “inaceptable, teniendo en cuenta que corresponde al Parlamento español ejercer un control continuado sobre las actuaciones del CSN”.

Greenpeace denuncia que “las decisiones del CSN se están llevando a cabo bajo influencia del PP del que proceden 3 de sus miembros, incluido el presidente del organismo regulador”. La organización ecologista recuerda que el nombramiento del presidente en 2012 se llevó a cabo sólo 24 horas después de su destitución como secretario de Estado de Energía, una decisión, a su juicio, «muy cuestionable» teniendo en cuenta que la Ley de Creación del CSN establece que es independiente de la Administración General del Estado. “Entre las tareas de Marti como secretario de Estado de Energía estuvo la revocación de la orden ministerial de cese de explotación de Garoña, asunto que ha estado tramitando posteriormente como presidente del CSN», subrayó Greenpeace.

En este sentido, Greenpeace también recuerda que otro consejero procedente del PP, Javier Dies, ocupó su cargo un mes antes de las elecciones del 20-D, nombrado por el Ministerio de Industria, sin el consenso del resto de partidos, en lo que consideran «una maniobra que les permitió dejar el control del CSN en manos del PP antes de las elecciones».

Aparte de la protesta, Greenpece ha lanzado también una petición de firmas para que no se renueven las licencias a las centrales nucleares. «El CSN no debe dar ni un paso más en el proceso de reapertura de Garoña. Decisiones tan relevantes como permitir a Garoña operar hasta los 60 años deben ser tomadas de forma transparente e independiente», señaló la organización.  «El presidente del CSN ha preferido seguir acatando las órdenes del gobierno en funciones de Partido Popular», denunció Marta González, portavoz de la campaña de nuclear de Greenpeace.

La Oficina Española de Cambio Climático cree que el acuerdo de París nos sitúa ante un nuevo modelo de desarrollo

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EFE.- La directora de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), Valvanera Ulargui, considera que el acuerdo en la lucha contra el cambio climático alcanzado en París nos proporciona «la certeza de que estamos a las puertas de un nuevo desarrollo económico, de que vamos a una economía baja en CO2». El acuerdo «no es perfecto, pero nos proporciona las pautas para alcanzar la perfección», incidió la directora de la OECC.

A su juicio, París es también «el paradigma de un acuerdo moderno: porque ha conseguido que cerca de 200 países se pongan de acuerdo para integrar la mitigación y adaptación al cambio climático en su política de desarrollo». Ha destacado el hecho de que los países se hayan comprometido a que la temperatura del planeta no aumente más de dos grados a finales de siglo, pero también a hacer lo posible para que ese incremento no supere los 1,5 grados.

Para ello se «ha reforzado el mecanismo de transparencia y rendición de cuentas» para asegurar que los países desarrollan «sendas de cumplimiento» para lograr el objetivo. Para que así sea, Ulargui recordó que existirá una especie de «escrutinio internacional» y los países se sentarán cada 5 años para hacer balance de la situación de cumplimiento y demostrar que «los próximos objetivos de reducción de emisiones que se pongan sobre la mesa son los mejores posibles».

La investigadora experta en cambio climático del Real Instituto Elcano, Lara Lázaro, también indicó que el acuerdo de París «es una victoria de la diplomacia internacional», y que fue posible gracias a que las negociaciones se llevaron a cabo de manera «inclusiva y transparente«. Entre «las luces» del pacto citó que «se haya salvado el proceso multilateral de negociación», y entre las sombras que «la ambición de los compromisos nacionales de reducción de emisiones presentados por los países no sea suficiente para que la temperatura no aumente más de 2ºC».

«A este ritmo de emisiones habremos consumido el presupuesto de carbono necesario para limitar la temperatura del planeta a dos grados en 10 o 15 años», ha apuntado Lázaro, quien ha considerado que al acuerdo de París le ha faltado «poner un precio al CO2, recoger la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles y compromisos concretos de las ciudades«, donde se producen la mayor parte de las emisiones.

El portavoz de cambio climático de SEO/BirdLife, David Howell, asegura el acuerdo de París marca «el principio del fin de los combustibles fósiles«. No obstante, Howell apela a los países, y en concreto a España, a poner en marcha «un modelo país» que permita cumplir los compromisos hechos en París. Ha insistido también en que habrá que implementar los compromisos tanto en materia de mitigación como de financiación porque de momento «no son suficientes», e incluir las emisiones del transporte aéreo y marítimo en el acuerdo, y que cambie el modelo de consumo cuanto antes.

Los sindicatos arremeten contra el director de la Ciuden por decir que la captura de CO2 «está muerta»

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EFE.- El comité de empresa de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) denunció que el director, Eduardo Castiñeiras, asegure que la captura de CO2 esté «muerta» y pretenda transformar el laboratorio de investigación de Cubillos del Sil (León) en una planta para procesar biomasa. Estas declaraciones fueron realizadas en una televisión inglesa después de que el ministro de Hacienda británico haya dado carpetazo al proyecto de investigación de captura de CO2 en la central térmica de Drax.

Según el comité de empresa, el director de la Ciuden aseguró que la captura de CO2 «está muerta» y que las instalaciones del Centro de Desarrollo de Tecnologías de CO2 de Cubillos del Sil, «se van a dedicar a la simple generación de calor para el procesado de biomasa». Esta afirmación ha sorprendido a todos los empleados de la planta, quienes recuerdan que se trata de unas instalaciones que «han costado 200 millones de euros de dinero público y que son únicas en el mundo».

«En un contexto marcado por el acuerdo de París sobre cambio climático, que impone a los gobiernos buscar medidas para reducir emisiones, y ante el que otros países ven la captura de CO2 como una gran oportunidad para hacerlo manteniendo el suministro energético, sólo podemos preguntarnos con perplejidad por qué el director general de la Fundación sale a la palestra a echar tierra al proyecto español», señala el comité. «¿Qué intereses está defendiendo? ¿Los de la Ciuden? ¿Los del Bierzo? ¿Los de los dineros públicos (españoles y europeos) invertidos en las instalaciones hasta la fecha?», se preguntan. Además temen que este mensaje ahuyente a posibles inversores que pretendan seguir adelante con la investigación de captura o dificulte conseguir financiación privada.