El PP apoya en el Congreso el proyecto para crear una biorrefinería en Barcial del Barco (Zamora)

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EFE.- El PP en el Congreso de los Diputados apoyará en el Parlamento nacional el proyecto impulsado por una empresa privada para la creación de una biorrefinería multifuncional en Barcial del Barco (Zamora). En este sentido, el PP se ha comprometido a secundar una proposición no de ley conjunta de apoyo a este proyecto que se presentará en la comisión parlamentaria, para ser posteriormente remitida al Ministerio del ramo y al de Agricultura, según comunicó el PP de Zamora.

El acuerdo para apoyar esa proposición no de ley conjunta se ha alcanzado tras la reunión mantenida entre los responsables de Magdala, sociedad promotora del proyecto, y representantes de los cuatro principales grupos parlamentarios representados en la Cámara Baja. El diputado zamorano José María Barrios, acompañado por el diputado Teodoro García Egea representaron al Grupo Parlamentario Popular en esa reunión. El proyecto de la biorrefinería supondría una inversión de cerca de 160 millones de euros, permitiría producir bioetanol, energía eléctrica y piensos a partir de cultivos de maíz y remolacha y supondría crear unos 80 puestos de trabajo directos y cerca de un millar indirectos.

García Tejerina continúa al frente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las organizaciones ambientales expresan su decepción

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Europa Press.- Las ONG ambientales han lamentado la falta de «interés ambiental» del presidente, Mariano Rajoy, que no ha aprovechado la oportunidad para dar un «giro» a su política ambiental para que esta tuviera un «peso fuerte» dentro del Gobierno con una «estrategia» de sostenibilidad. De este modo, el presidente del Gobierno ha decidido que Isabel García Tejerina continúe al frente del Ministerio de Medio Ambiente, donde durante los últimos años ha seguido la línea marcada por su predecesor Miguel Arias Cañete.

Ahora, el tema pendiente más urgente en materia ambiental para Tejerina en materia de Medio Ambiente es la ratificación del Acuerdo de París contra el cambio climático, que ya ha entrado en vigor a nivel mundial y que ya ha ratificado la Unión Europea y varios de sus Estados miembro, así como otros países como Estados Unidos o China. España, acude así a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático que se celebrará en Marruecos hasta mediados de mes sin que haya ratificado sus compromisos.

En esta línea España deberá reducir sus emisiones de gases invernadero, tanto las sujetas al mercado de emisiones, tales como la energía y otras industrias, como las de los sectores difusos: las del transporte o la vivienda. Además, en esta senda hacia una economía libre de emisiones, España deberá replantearse el parón que han experimentado las energías renovables tras el conocido como impuesto al sol, que ha ralentizado el sector.

Decepción en las organizaciones ambientales

El portavoz de Amigos de la Tierra, Alejandro González, lamentó que no se haya apostado por una estrategia de sostenibilidad en la que se separase el Ministerio de Medio Ambiente del de Agricultura y que de este dependiera la parte de Cambio climático o que junto a Industria colgase la parte de Energía y Sostenibilidad. «Es la línea continuista del Gobierno que hemos criticado en la anterior legislatura», ha comentado.

En cuanto a la renovación de Isabel García Tejerina al frente de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, no le sorprende y la encuadra en su estrategia de continuidad. Sobre el nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal ha dicho que «habrá que ver por donde cojea» aunque se mostró «aliviado» por que no sea su hermano, el secretario de Estado de Energía Alberto Nadal, y le insta a hacer una «política inversa» al sistema energético actual.

En la misma línea, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, augura que Tejerina hará «la misma política continuista» por lo que cree que su nombramiento es «una mala noticia» porque España necesita una política «más contundente» en cuanto a cambio climático y que sea un «contrapeso fuerte» al Ministerio de Energía que prevé que seguirá con las «energías sucias». Así, ha recomendado al Ejecutivo que apueste por una reducción fuerte de las emisiones y por la defensa de la calidad del aire. Por ello, reivindica un «vuelco por la sostenibilidad» que pone en duda que este Gabinete vaya a liderar. «No es lo que necesitábamos», ha resumido.

Del mismo modo, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, opina que Rajoy no tiene el medio ambiente en su agenda de prioridades porque no ha diseñado un Ministerio de Medio Ambiente dentro del nuevo Ejecutivo. «Para él, el medio ambiente es marginal», ha criticado Rodríguez tras conocer la «continuidad» de la ministra Isabel García Tejerina. Por ello, ha anunciado que la ONG luchará contra el «retroceso ambiental» sufrido en esta legislatura y que «España no merece», aunque confía en que esta política pueda compensarse con la nueva composición parlamentaria.

Respecto a Álvaro Nadal indicó que tiene ante sí un reto muy grande, que es la transición energética y lograr un sistema que permita cumplir el Acuerdo del Clima de París y que sea 100% renovable. Además, subrayó que tendrá el reto de decidir qué pasará con los residuos radiactivos así como con las renovaciones de licencia de todas las centrales nucleares y buscar alternativas ante el fin en 2018 de los subsidios al carbón.

Igualmente, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, cree que en la nueva legislatura se necesita una mayor defensa ambiental así como sentar las bases para que la gobernanza global sea «más fuerte que nunca». Por ello, reclama a la renovada ministra que el medio ambiente tenga «la suficiente fuerza en el Gobierno» y que la política energética de «un giro de 180 grados». De este modo, insta a Tejerina y a Nadal que «hagan pinza» y se alíen para luchar contra el cambio climático.

Por último, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, considera «muy decepcionante» el nuevo Gabinete porque «no responde en absoluto al reto de necesidad ambiental actual». Además, lamenta que el medio ambiente se mantenga con un «perfil marginal» dentro del Gobierno y critica a Rajoy por no haber hecho «al menos» un gesto o haberle dado «mayor relevancia». En cuanto al nuevo ministro de Energía, se ha mostrado expectante «a ver si se toma en serio el impulso a las renovables» y si se decide a cambiar la política energética del Gobierno. «Vamos a darle un voto de confianza. Tiene que darle un giro radical. Esperábamos algo más de cambio y peso ambiental en el nuevo Gobierno», concluye.

A Equo no le gusta

Por su parte, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, ha señalado en un tuit que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confirma con su nuevo gabinete que no tenía «la más mínima intención de cambiar nada de lo hecho en la anterior legislatura». Del mismo modo, ha usado la red social para manifestar su rechazo hacia el nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, al que considera «alma gemela de Alberto Nadal», secretario de Estado de Energía. «Así que, más de lo mismo,: energía sucia y menos renovables si cabe«, ha escrito el diputado verde.

El Gobierno de la Comunidad Valenciana se suma a la petición de Baleares de una Ley contra las prospecciones petrolíferas

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EFE / Europa Press.- El Gobierno valenciano se sumará a la iniciativa del Gobierno balear contra las prospecciones petrolíferas y a la petición de que las Cortes Generales aprueben por Ley que las aguas bajo jurisdicción española del Mediterráneo sean declaradas zonas libres de este tipo de actividades. Así lo manifestó la consejera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático, Elena Cebrián, al reunirse con su homólogo en el Gobierno balear, Vicenç Vidal, y el coordinador de la plataforma cívica Alianza Mar Blava, Carlos Bravo.

Cebrián recordó que el Gobierno valenciano ya ha aprobado varias resoluciones en el parlamento autonómico en contra de la fractura hidráulica y otras técnicas similares de prospección. Por ello, apuntó que «por coherencia» se sumará a la petición del Gobierno balear y de Alianza Mar Blava, a la que se ha adherido ya el Gobierno catalán mientras que el andaluz ha manifestado también su apoyo.

Cebrián mostró su respaldo a iniciativas de este tipo y se ha comprometido a trabajar con la Alianza Mar Blava en el mismo camino. «Con Mar Blava la consejería y la Generalitat iremos de la mano. Estaremos ahí para proteger el Mediterráneo», indicó, al tiempo que destacó que con Mar Blava comparten líneas de trabajo, tanto desde el punto de vista técnico como político. Igualmente, la consejera resaltó la colaboración con el gobierno balear, que sí que forma parte de esta agrupación, en materia de medio ambiente y se ha referido a la declaración institucional sobre el Mar Mediterráneo y el Cambio Climático firmada con los ejecutivos catalán y andaluz.

La consejera ha indicado que ésta es «una declaración paraguas que cubre todos los aspectos de conservación del Mediterráneo y los impactos que está sufriendo». A pesar de haberse conseguido el archivo de los proyectos de prospecciones petrolíferas en el Golfo de Valencia, la consejera ha expresado su respaldo a las peticiones de otros gobiernos autónomos de moratorias sobre permisos de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos en el Mediterráneo.

La consejera ha calificado de un «acierto» esta iniciativa, que pretende “aunar la voz de las comunidades autónomas” para exigir al Ministerio que adopte medidas contra los “riesgos e impactos que suponen las prospecciones en el ecosistema”, que recuerda además que suponen una «contradicción» con los acuerdos de París para mitigar los impactos en el Mediterráneo. «Estas actuaciones no pueden llevarse a cabo sin que las comunidades autónomas tengamos una voz conjunta y muy clara en ese sentido», sentenció Cebrián.

Por su parte, el consejero balear de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, explicó que la Alianza Mar Blava es «una unión social que ha salido en las Islas Baleares para decir no claro a las prospecciones en el mar Mediterráneo”. Por ello subrayó que su Gobierno apuesta por el cambio de modelo energético y se opone a las prospecciones petrolíferas porque suponen una «amenaza» para el Medio Ambiente y el turismo. Por ello Vidal lamenta que el Ministerio no tenga en cuenta la opinión de las autonomías sobre estos proyectos y esgrime que «si las empresas privadas intentan establecer alianzas contra el medio ambiente, las administraciones públicas han de tejer alianzas en contra de estas amenazas».

Por su parte, el representante de la Alianza Mar Blava, Carlos Bravo, ha señalado que actualmente hay 12 solicitudes de permisos de investigación de hidrocarburos, como el Spectrum Geo Limited en la costa de las Baleares, el de sondeos exploratorios y perforación de pozos de Repsol frente a la costa de Tarragona, y los permisos de investigación de hidrocarburos por Cairn Energy en el golfo de León. «Proyectos en tramitación que con una moratoria podrían paralizarse», indicó Bravo, quien ha señalado que la aprobación de una ley en las Cortes Generales permitiría prohibir la presentación de nuevos proyectos y la declaración del Mediterráneo como zona libre de prospecciones de hidrocarburos.

Ratificar el Acuerdo de París, el futuro de las renovables, de Garoña y del ATC, retos ambientales del nuevo Gobierno

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Europa Press.- El nuevo Gobierno liderado por Mariano Rajoy deberá abordar distintos temas ambientales de gran calado puesto que estas políticas afectan al desarrollo sostenible que debe tener en cuenta tanto los aspectos económicos como los sociales y los ambientales. El tema pendiente más urgente, puesto que el Ejecutivo en funciones consideraba que no se debía aprobar en esa condición política, es la ratificación del Acuerdo de París contra el cambio climático.

El Acuerdo de París, surgido de la COP21, ya ha sido ratificado por la Unión Europea y por varios de sus Estados miembro, así como otros países como Estados Unidos o China. Precisamente este acuerdo multilateral entrará en vigor el próximo 7 de noviembre. Es probable que España acuda a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático que se celebrará en Marruecos este mes sin que haya ratificado sus compromisos.

En esta línea España deberá reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, tanto las sujetas al mercado de emisiones, tales como la energía y otras industrias, como las de los sectores difusos: las del transporte o la vivienda. Además, en esta senda hacia una economía libre de emisiones, España deberá replantearse el parón que han experimentado las energías renovables tras el conocido como impuesto al sol, que ha ralentizado el sector y el autoconsumo.

En materia energética, el nuevo Gobierno hereda la decisión de renovar o denegar la autorización a la central nuclear de Garoña (Burgos) para que produzca electricidad hasta 2031. Sin embargo, antes de tomar la decisión, el nuevo Gobierno deberá recibir el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al respecto, que será preceptivo si es favorable a la continuidad, y vinculante, en caso de que el regulador estime que la planta no debe seguir abierta.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo de Rajoy tendrá que dar una solución a los residuos nucleares, pues el Parlamento instó al Gobierno en 2004 a construir un almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad pero hasta finales de 2011 no se eligió la ubicación del mismo, en Villar de Cañas (Cuenca). El emplazamiento cuenta con el visto bueno del CSN pero con la oposición del Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha. El silo atómico, que debía comenzar a funcionar en 2017, no tiene puesto aún su primer ladrillo.

En este sentido, el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, advierte al nuevo Ejecutivo de Rajoy de que es «fundamental» apostar por un cambio en el modelo productivo basado una economía baja en carbono. En su opinión, esto implica un despliegue rápido y a gran escala de las energías renovables que conllevará eliminar los «obstáculos» de la pasada legislatura y cortar cualquier apoyo público a los sectores basados en las energías fósiles. «Sin duda esto tendrá consecuencias positivas e inmediatas en la economía y en el empleo en nuestro país», ha vaticinado.

Acciona, Enagás, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Red Eléctrica son reconocidas por su acción frente al cambio climático por CDP

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Europa Press / Servimedia.- 14 empresas españolas forman parte de la Lista A del Clima de empresas líderes en respuesta al cambio climático que cada año elabora la organización internacional sin ánimo de lucro CDP. Concretamente, las empresas españolas que figuran en la lista de 2016 son: Abertis Infraestructuras, Acciona, Amadeus IT Holding, CaixaBank, Enagás, Ferrovial, Gas Natural Fenosa, Grupo Logista, Iberdrola, Inditex, MAPFRE, OHL, Red Eléctrica (REE), Telefónica. Además, aparecen el grupo Enel (matriz de Endesa) y las portuguesas EDP y Galp Energia.

Este ranking, elaborado a petición de 827 inversores con unos activos de 100 billones de dólares, está compuesto por 193 compañías de todo el mundo que representan el 9% de las que participan en el CDP. Un grupo independiente de expertos evalúa la documentación presentada por cada una de ellas y elabora este informe anual, que destaca las líneas básicas de la acción climática corporativa y cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de modelos económicos sostenibles. Entre las empresas reconocidas por sus acciones para reducir emisiones y mitigar el cambio climático figura Grupo Enel, Deutsche Post DHL o Philip Morris.

Asimismo, se publicó el informe CDP Climate Change Report 2016. Iberia Edition, elaborado por ECODES a partir de las evaluaciones de PwC en el que se constata que el 60% de las principales empresas en España y Portugal redujeron la «intensidad de carbono» de sus operaciones en 2016. Sin embargo, las emisiones totales de las compañías aumentaron, acabando con una tendencia a la baja de los últimos años en materia de disminución de las emisiones, según los autores del estudio.

El informe analiza la evolución de las 125 mayores empresas españolas y portuguesas por capitalización en la gestión de las emisiones de carbono y en su lucha contra el cambio climático. Así, en línea con los principales desafíos en materia de lucha contra el cambio climático tras el Acuerdo de París, las empresas analizadas están mostrando signos de estar en las primeras etapas de una transformación que les permita, en diferentes grados, desligar el crecimiento de la compañía de sus emisiones de carbono lo que manifiesta «un tímido movimiento de desacoplamiento entre las emisiones y el crecimiento de la empresa«.

El documento también revela que las nueve empresas del sector industrial (que representan el 11% del total de emisiones) redujeron la intensidad de carbono en relación con sus ingresos, mientras que las tres energéticas de la muestra aumentan su intensidad con respecto a ingresos pero la reducen con respecto a variables no financieras. Eso sí, las inversiones totales en mitigación del cambio climático aumentaron considerablemente en 2016, pero se concentraban en el sector de electricidad y gas, o que las empresas analizadas siguen demostrando liderazgo en el uso de las energías renovables, entre otros aspectos.

Iberdrola contra el cambio climático

Por su parte, la compañía eléctrica Iberdrola destacó haber sido reconocida como compañía líder global en la lucha contra el cambio climático por el Carbon Disclosure Project (CDP), al ser incluida de nuevo en el índice Climate Performance Leadership, que elabora esta institución. Según indicó la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán, la eléctrica ha obtenido la mejor puntuación entre las empresas analizadas en la región Iberia. Iberdrola destaca que su intensidad de emisiones es ya un 34% inferior a la media del sector eléctrico europeo y que su parque de generación eléctrica es libre de emisiones en un 66%.

Gas Natural Fenosa también lucha

Asimismo, Gas Natural Fenosa también ha sido reconocida por CDP como líder mundial por su acción frente al cambio climático. Según indicó la gasista, la compañía ha obtenido la máxima valoración posible en este índice, en reconocimiento de sus acciones de reducción de emisiones y mitigación del cambio climático durante el pasado año. Además, Gas Natural Fenosa asegura que colidera el Índice CDP Iberia 125, que incluye las principales compañías que destacan por sus acciones de cambio climático en España y Portugal, y lleva obteniendo la primera posición desde 2012.

El posicionamiento de Gas Natural frente al cambio climático pasa por la promoción y desarrollo del gas natural como la mejor energía fósil; la apuesta por las energías renovables y la eficiencia energética; el apoyo a los mercados de carbono; la innovación tecnológica y la comunicación y concienciación. La compañía, dentro de su Visión Estratégica 2016-2020, ha revisado su objetivo de reducción de emisiones, estableciendo una reducción equivalente al 2,1% anual para el período 2012-2030.

Los Barrios (Cádiz) pide a la Junta de Andalucía datos sobre las emisiones de la central térmica de Viesgo

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EFE.- El Ayuntamiento de Los Barrios (Cádiz) instó a la Junta de Andalucía a pronunciarse sobre la central térmica de Viesgo tras la publicación de un informe de la Oficina Europea de Medio Ambiente que estima que provoca 51 muertes anuales. El Consistorio barreño anunció que va a solicitar a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta información actualizada sobre la emisión de partículas al aire por parte de las industrias ubicadas en el municipio y en el Campo de Gibraltar.

El gobierno municipal expresó su «preocupación» ante el informe, avalado por la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias, sobre la emisión de partículas al aire de las 15 centrales térmicas españolas. Por ello solicitará a la Junta andaluza su «pronunciamiento» sobre este informe y que indique si tiene incidencia en el Campo de Gibraltar. Desde el Ayuntamiento entienden que la Junta es la administración competente para salvaguardar la calidad del aire y el medio ambiente, por lo que pide «información actualizada» sobre los controles de los límites de emisión de partículas al aire por parte de las industrias de la zona.

Viesgo invierte para reducir emisiones

El colectivo Verdemar-Ecologistas en Acción denunció públicamente esta situación tras conocer los datos del informe de la Oficina Europea de Medio Ambiente (EBB), que indica que la central térmica de Los Barrios ocasionó en 2013 «más de 51 fallecimientos prematuros». Todo estos casos están «directamente relacionados» con la exposición a contaminantes como las partículas de dióxido de azufre (SO2) y de óxidos de nitrógeno (NOx) emitidos por estas plantas eléctricas. Los costes sanitarios ascienden a 144 millones de euros anuales.

Por su parte, Viesgo argumenta que el informe de la EBB «no tiene una metodología clara” por lo que «adjudicar un daño social tan grave a un número de emisiones no tiene ninguna consistencia y sólo sirve para generar alarma social». Además, la empresa destaca su inversión de 80 millones de euros en Los Barrios para reducir sus emisiones un 60%. Eso la convertirá, según la firma, en «una de las primeras instalaciones españolas que cumpla la Directiva de Emisiones Industriales (DEI) de la Unión Europea, reduciendo sus emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de niveles de 500 a 200 miligramos por metro cúbico, adelantándose en 4 años a los plazos impuestos por la normativa».

El Congreso apoya, con el voto en contra del PP, la paralización del almacén de Gas Natural Fenosa en Doñana

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Redacción / Agencias.- La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados apoyó la proposición no de ley, iniciativa de Unidos Podemos, por la que se insta al Gobierno a paralizar el proyecto industrial de Gas Natural Fenosa que se ha comenzado a llevar a cabo en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva). La propuesta ha contado con el apoyo de PSOE, Ciudadanos, ERC, Compromís y la antigua Convèrgencia, el voto en contra del PP y la abstención del PNV.

La iniciativa apremia al Gobierno a «luchar por la preservación de Doñana como Patrimonio de la Humanidad y rechazar el proyecto de almacén de gas en el marco de la lucha contra el cambio climático y la sustitución de los combustibles fósiles y la energía sucia por energías limpias», así como a «paralizar inmediatamente las obras hasta que se realice la evaluación de los potenciales impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto industrial de Gas Natural en su conjunto». Eva García Sempere, de Unidos Podemos, solicitó la protección de Doñana por ser «uno de los parques referentes mundiales» y pedir que esté a salvo de «los intereses especulativos» de Gas Natural, que aboga por «un modelo energético caduco y depredador».

García Sempere indicó que Doñana lleva «30 años de impacto debido a la extracción de gas del subsuelo», pese a lo cual «se quieren hacer nuevos pozos, emplazamientos y gasoductos» para convertir este espacio verde en «una verdadera bombona», después de que el Gobierno emitiera una declaración de impacto ambiental favorable para iniciar el proyecto denominado Marisma Occidental sin valorar, a su juicio, «los graves impactos» de las obras. Un proyecto, explicó, que afecta a dos zonas en el interior del parque nacional y a otras tantas en su entorno.

En este sentido, desde Podemos criticaron que Gas Natural y el Gobierno dividieron en 4 un macro-proyecto impidiendo, de este modo, que se puedan analizar los impactos medioambientales sobre Doñana de manera global. Según García Sempere, esta actuación ha permitido al Ejecutivo aprobar el proyecto «por la puerta de atrás», sin aceptar los informes geológicos que solicitan la Junta de Andalucía o las asociaciones ecologistas.

La respuesta del portavoz popular, Ernesto Aguiar, es que la autoridad competente para aprobar este proyecto es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y que su única voluntad ha sido cumplir la ley. Por ello, subrayó que la política medioambiental del Gobierno se sustenta en compatibilizar el desarrollo sostenible con la prevención de los recursos naturales y apuntó que el proyecto Marisma Occidental cuenta con «todas las formalidades establecidas» para ponerse en marcha. Así, ha desmentido que no haya informes sobre el impacto medioambiental de este almacenamiento de gas y criticó que algunos «duden de informes de expertos porque no se corresponde con lo que creen que deben decir».

Toda la oposición quiere paralizarlo

Desde el PSOE, su diputada Josefa González ha defendido su apoyo a la propuesta de Unidos Podemos señalando que «la conservación de Doñana no es negociable«, mientras que el portavoz de Ciudadanos, Luis Salvador, ha remarcado la necesidad de preservar de un entorno hostil uno de los parques de los que el país está más orgulloso como «ecosistema de biodiversidad»

Por su parte, el portavoz de ERC, Francesc Eritja y los representantes del Grupo Mixto en la comisión, Antoni Postius (CDC) y Enric Bataller (Compromís) han declarado su desconfianza hacia el Gobierno al ver similitudes entre este proyecto y el del almacén Castor, paralizado tras detectarse centenares de seísmos en la zona. «Esa iniciativa terminó con seísmos, indemnizaciones y cero responsabilidades del Gobierno. Hemos pagado entre todos el fiasco de Castor, por lo que no nos fiamos del Ejecutivo en este tipo de proyectos», ha declarado Postius. En este sentido, Bataller recordó que, en total, se entregaron 1.300 millones de euros a la empresa concesionaria. Eritja también ha señalado que existe «mucho riesgo» en intervenir en espacios de protección ambiental.

Cadiz contra Soria por Doñana

Por otro lado, el pleno de la Diputación de Cádiz aprobó nombrar persona non grata al exministro de Industria, José Manuel Soria, por haber firmado la declaración de utilidad pública del proyecto de almacén en Doñana de Gas Natural Fenosa. La petición, propuesta por Izquierda Unida, salió adelante con el voto a favor de PSOE, Ganemos Jerez y Por Cádiz Sí se Puede, la abstención del Partido Andalucista y el voto en contra del PP.

Para Izquierda Unida, el inicio de las obras ha sido posible «por una maniobra por la que el proyecto queda troceado en cuatro subproyectos (Marismas Oriental, Marisma Occidental, Saladillo y Aznalcázar), lo que permitió pasar el corte del Ministerio de Medio Ambiente». «La autorización que ha permitido que Gas Natural comience a trabajar en Doñana fue una de las últimas gestiones llevadas a cabo por José Manuel Soria como ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España», ha argumentado Izquierda Unida, por lo que el Pleno aprobó nombrar persona non grata en la provincia de Cádiz al exministro.

BNK se retira del permiso Urraca (Burgos), su último proyecto de fracking en España

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EFE.- La empresa BNK España se retira del último proyecto de investigación de hidrocarburos que aún tenía en marcha en España, el denominado Urraca (Burgos), después de que el permiso concedido por el Gobierno haya caducado sin que se haya conseguido la declaración de impacto ambiental favorable.

El permiso de exploración de hidrocarburos Urraca, que afecta a los municipios de Villarcayo, Medina de Pomar y Merindad de Cuesta Urría (Burgos), se otorgó en 2011. En concreto, la concesión se aprobó el 29 de septiembre de 2011 por un plazo de 5 años, que se cumplieron este 29 de septiembre, recordaron fuentes de BNK España. «El permiso ha caducado», insisten, sin que Medio Ambiente haya emitido declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de exploración presentado en 2014.

BNK España planteó abrir hasta 6 pozos de perforación, 2 por cada uno de los municipios afectados, para investigar la presencia de hidrocarburos a través de la técnica del fracking. Las perforaciones requieren de informe favorable previo de Medio Ambiente ya que el proyecto se radica en Burgos y Álava, afectando a dos comunidades autónomas, lo que obliga a que las autorizaciones vengan del Gobierno central. Sin declaración de impacto ambiental, y con el permiso caducado, «no se puede continuar», ha asegurado BNK España. La empresa de origen canadiense no tiene intención de reclamar o pedir responsabilidades el Gobierno central por un retraso que finaliza con la caducidad del proyecto.

Urraca era el último de los proyectos con los que contaba BNK España en el país, después de haberse retirado en junio de Sedano, el otro permiso vinculado a Burgos. En ese caso, su renuncia se justificó en la «incertidumbre legal» en cuanto a la viabilidad del proyecto, centrada en legislación y procesos administrativos. «Motivos técnicos internos», explicaron en su momento fuentes de BNK España, que se queda «sin ningún plan de futuro», así que abandonarán el país, según reconocen. La canadiense es una de las principales empresas del mundo dedicadas a la búsqueda de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica.

Tejerina asegura que será prioridad del futuro Gobierno ratificar el Acuerdo de París

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EFE.- El Acuerdo de París sobre el cambio climático no será ratificado por el Gobierno español en funciones, pero será una prioridad para el nuevo Ejecutivo si este lo encabeza el Partido Popular, según indicó la ministra interina de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que participó en la ciudad marroquí de Marrakech en la reunión preparatoria de la cumbre sobre cambio climático, la COP22, que se celebrará entre el 7 y el 18 de noviembre y que Marruecos presenta como «la cumbre de la acción«.

En este sentido, Tejerina señalo que el Gobierno tiene preparados «desde el punto de vista administrativo» los instrumentos de ratificación del acuerdo, pero no piensa hacerlo estando en funciones. Si el próximo Gobierno lo encabeza el PP, indicó, «será un tema prioritario y el acuerdo puede estar ratificado en cuestión de semanas», antes incluso que otros países europeos. En todo caso, aclaró, «España se siente bien representada en Marrakech por la Unión Europea», que ya lo ha ratificado como bloque.

Participación de las empresas privadas

Tejerina insistió en que el Gobierno «tiene un compromiso con el cambio climático» y que se ha orientado a «transformar nuestra economía con políticas efectivas» y no comprando derechos de emisiones como en el pasado, aunque reconoció que aún no hay una hoja de ruta con fechas claras para la reducción de emisiones en los llamados «sectores difusos». La ministra española explicó que, en esta cita «preCOP» de Marrakech, los participantes ven necesario establecerse «reglas de funcionamiento», unas normas en cuya definición participe el mayor número de actores, incluidos aquellos países que lleguen a la cumbre sin haber ratificado el Acuerdo de París. Asimismo, puso el acento en que actores no estatales también participen en la definición de esas reglas.

El presidente de la COP22 y ministro marroquí de Exteriores, Salahedín Mezuar, insistió también en Marrakech en que la cumbre debe ser la «de la acción» y de la puesta en marcha de todo lo que supone el Acuerdo de París, e insistió igualmente en la necesidad de involucrar a actores no estatales. Para Mezuar, la cumbre COP22 deberá tener presentes tres ejes: facilitar el acceso a energías limpias y sostenibles, idear ciudades inclusivas y ecológicas y reforzar una agricultura productiva y no contaminante, todo ello con la vista puesta en los países del sur.

Las energéticas pagarán 23.600 millones de euros en Alemania para financiar el almacenamiento de los residuos nucleares

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EFE.- Las compañías de suministro energético alemanas pagarán al Gobierno 23.550 millones de euros más intereses para financiar el almacenamiento temporal y definitivo de los residuos nucleares, según un proyecto de ley que será acordado el 19 de octubre. Esta cantidad, que las compañías deberán comenzar a pagar a partir del 1 de enero de 2017 a un fondo estatal, les exime de su responsabilidad en la basura radioactiva.

Asimismo, las empresas de suministro energético podrán acordar realizar a plazos los pagos y deberán haberlos completados, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2026. El fondo estatal gestionará el almacenamiento temporal y definitivo de los residuos nucleares. Por otro lado, las compañías energéticas sí tendrán responsabilidad sobre el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares, así como del embalaje de los residuos nucleares.