Bill Gates lanza un fondo de inversión de 1.000 millones de dólares para impulsar las renovables contra el cambio climático

EFE.- El co-fundador de Microsoft y filántropo Bill Gates anunció la creación de un nuevo fondo de 1.000 millones de dólares, apoyado por otros grandes inversores, destinado al desarrollo de proyectos renovables para hacer frente al cambio climático. El fondo Breakthrough Energy Ventures (BEV) tendrá como objetivo «financiar avances emergentes en energía que sean asequibles y garanticen emisiones cero de carbono».

Entre los otros inversores que forman parte del fondo figuran el fundador de Amazon, Jeff Bezos; el presidente de Alibaba, Jack Ma; el fundador de Virgin, Richard Branson; y el confundador de LinkedIn, Kleiner Perkins. «Estoy honrado de colaborar con estos inversores para progresar sobre los poderosos cimientos de la inversión pública en investigación básica», señaló el co-fundador del gigante tecnológico Microsoft. Gates ya había adelantado su intención de formar este multimillonario fondo a finales de 2015 en el marco del Acuerdo de París contra el cambio climático. «Estamos abiertos a todo lo que sea energía limpia, barata y confiable», agregó Gates. El BEV, que tiene un periodo de duración de 20 años, comenzará a invertir en empresas en 2017.

El PSOE propone en Castilla y León compensaciones a los propietarios de los montes por «limpiar» de CO2

EFE.- El grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Castilla y León plantea la necesidad de que los propietarios de los montes «obtengan compensaciones económicas» por la labor que desarrollan esos bosques como «sumideros de CO2». El grupo socialista, según su portavoz medioambiental, José Luis Aceves, defiende que «quien contamina paga y el que limpia debe cobrar».

Por ello, defienden ante el Gobierno de España y la Comisión Europea ese papel de los bosques y que haya «compensaciones económicas» por esa labor que desarrollan los montes de Castilla y León. Asimismo, el grupo socialista muestra su oposición al empleo de la técnica de la fractura hidráulica en la comunidad y a la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). El grupo socialista busca «un pronunciamiento claro» de la Junta en materia de calidad y sostenibilidad ambiental, ya que a su juicio las políticas medioambientales autonómicas «están diluidas» y «los objetivos y planes en la materia se han convertido en papel mojado».

La moción del PSOE se completa con la petición de que municipios, sindicatos y organizaciones de defensa del medio ambiente entre en los órganos colegiados y de participación de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el ámbito autonómico y provincial. La apuesta efectiva por las renovables o la vigilancia y control de calidad del aire son otros de los planteamientos de la iniciativa socialista en el parlamento autonómico.

El Congreso acuerda pedir una Ley de Cambio Climático y Transición Energética para cumplir los compromisos con la Unión Europea

Europa Press / Servimedia.- El PP y la oposición llegaron a un acuerdo en el Congreso para pedir al Gobierno una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con la que España pueda «integrar y armonizar la legislación» y llegar a cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en estas materias. De este modo se consensuó un texto transaccional a la iniciativa original del PP, que contó con el apoyo de PSOE, Ciudadano y Podemos.

El texto cuenta con una docena de puntos, entre los que destacan las propuestas de promover políticas nacionales para reducir emisiones, crear un Plan Nacional de Energía y Clima, concienciar sobre el problema del cambio climático y dotar al sector de la financiación adecuada para llevar a cabo todas estas iniciativas. El documento también insta al Ejecutivo a establecer un marco de ecoeficiencia en la gestión energética; mejorar la retención natural de carbono con el desarrollo de técnicas de captura y almacenamiento en sumideros que disminuyan la concentración atmosférica de CO2; y promover una política de movilidad y transporte sostenible así como actuaciones de eficiencia energética en el sector residencial.

Además, los partidos piden al Ejecutivo que impulse la adaptación eficiente de España al cambio climático, promoviendo la explotación y el escalamiento hacia estilos de vida más sostenibles y menos dependientes del carbono. En este sentido, el texto recuerda que España se ha comprometido a reducir, el 20% de sus emisiones para el 2020 y el 40% para el 2030, con respecto a los valores registrados en 1990. En la propuesta se especifica que son objetivos «ambiciosos» pero también «realistas».

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se mostró «satisfecho con el acuerdo» que, a su juicio, muestra «la evolución del trabajo en esta Cámara» de cara a «combatir el fenómeno del cambio climático». Desde Podemos y, a pesar de haber firmado este acuerdo, su portavoz Iñigo Errejón, subrayó la necesidad de tomar más medidas adicionales, como «abolir el impuesto al Sol y cambiar el modelo energético del país a uno más sostenible».

Desde la tribuna del Congreso, la diputada del PP, María Luz Bajo, ha celebrado el «espíritu de consenso» de todas las formaciones políticas en esta materia para intentar poner en marcha una ley que, a su juicio, «llega en el momento idóneo», cuando se ha ratificado el Acuerdo del Clima de París. La popular, se ha mostrado segura de que, para elaborar la proposición de Ley, el Gobierno va a plantear «un proceso abierto y participativo» que implicará de manera transversal a diversos ministerios, así como a las administraciones autonómicas y locales. Del mismo modo, ha señalado que se contará con los «actores relevantes en la lucha contra el cambio climático, como el colectivo investigador, el empresarial y las ONGs.

También el PSOE ha valorado positivamente el «contexto de unanimidad» que se ha reflejado en esta propuesta y espera que la futura norma «promueva un modelo de crecimiento verde» que sea «más sostenible y menos dependiente de la quema de combustible fósil» de lo que es ahora. Más crítica ha sido la representante de Unidos Podemos, Rosa Martínez, quien ha acusado al PP de tener «poca memoria» a la hora de redactar la transaccional y exponer los datos conseguidos por España en reducción de emisiones. Así, la diputada ha explicado que si las emisiones bajaron en los últimos años es «consecuencia de la desaceleración económica de la crisis» y ha apuntado que en 2015 las emisiones han registrado un repunte.

Para Martínez, la nueva norma deberá servir para que el Gobierno «se tome en serio la lucha» contra el cambio climático y para ayudar a transformar el modelo productivo del país. «Pongan recursos y voluntad política para cambiar de rumbo» señaló Martínez, quien definió la situación ambiental como «la violación masiva más grande de la historia» y uno de los «mayores retos de la humanidad».

También reclamó «voluntad política» el diputado de Ciudadanos, José Luis Martínez, que recordó que España es el país peor situado de Europa en cuanto a renovables y pidió la anulación del impuesto al Sol. A su juicio, si se quiere lograr una mejora en esta materia, España debería liderar la acción europea. Finalmente, los representantes de PNV, Esquerra Republicana (ERC), la antigua Convergència y Bildu han decidido abstenerse después de mostrar su contrariedad en el debate porque el texto transaccionado no especifica en su totalidad el ámbito competencial que, en esta materia, tienen algunas autonomías.

Piden objetivo 2050: 100% renovable

La Alianza por el Clima, formada por más de 400 organizaciones ecologistas, sindicales y de cooperación al desarrollo, entre otras, difundió un documento de propuestas para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que elaborará el Gobierno, en el que fija como objetivo para 2050 que el 100% de la energía proceda de fuentes renovables. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió el pasado noviembre en la Cumbre del Clima de Marrakech (Marruecos) a poner en marcha una ley de cambio climático para que la economía española sea menos contaminante, algo que ya anunció en diciembre de 2015 durante la cumbre climática mundial celebrada en París (Francia).

Esta coalición se pondrá en contacto en los próximos días con representantes de la Oficina Española de Cambio Climático y de los principales partidos políticos para dialogar sobre la futura ley prometida por Rajoy. El documento que difundieron propone como objetivo de mitigación que la norma sea «lo suficientemente ambiciosa para avanzar hacia un futuro energético descarbonizado en 2050», es decir, que la totalidad de la energía provenga de fuentes renovables y no de combustibles fósiles (petróleo, gas o carbón).

El PSOE pide al Gobierno que prohíba el fracking por sus supuestos peligros contra el medio ambiente

Europa Press.- El PSOE exige al Gobierno que realice las modificaciones legislativas necesarias para prohibir el empleo de técnicas de fractura hidráulica, más conocidas como fracking, en toda España, por sus peligros contra la salud del medio ambiente y, por ende, la del ser humano.

El fracking es una técnica que, a juicio de los socialistas, plantea numerosas dudas sobre el riesgo que supone para el medio ambiente. Según explican en una proposición no de ley registrada en el Congreso, esta práctica ha sido objeto de numerosos estudios elaborados por instituciones públicas y privadas. El PSOE destaca dos estudios al respecto: el del Parlamento Europeo, llamado Repercusiones de la extracción de gas y petróleo de esquisto en el medioambiente y la salud humana; y el de la Comisión Europea, Contribución a la identificación de posibles riesgos ambientales y para la salud humana derivados de las operaciones de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica en Europa.

Según el PSOE, ambos informes ponen sobre la mesa «dudas razonables» sobre la utilización del fracking y destacan «el elevado riesgo para las personas y el medioambiente que supone esta técnica». Ante estos resultados, los socialistas piden al Ejecutivo que cambie la normativa respecto a esta materia para impedir la práctica del fracking en el país, con pleno respeto a las competencias autonómicas. Además, insta a suspender cautelarmente las prospecciones en curso o aquellas que hayan obtenido el permiso pero aún no hayan iniciado los trabajos, estableciendo una moratoria mientras no se prohíba esta técnica.

Reclama impulsar una transición energética

Por su parte, el grupo socialista en el Senado, a través de su portavoz en Industria, Ángel Mato, reclama una transición energética que procure una «transformación pragmática y gradual» del modelo y ponga fin a la pobreza energética. Mato apuesta por una política energética de largo alcance que asegure el acceso a la energía a precios asequibles y convierta el sector energético en factor de competitividad y en motor de innovación y generación de empleo. Esta transición, señala, ha de tener como objetivo reducir la dependencia de los combustibles fósiles, impulsar el autoabastecimiento, fortaleciendo la seguridad del suministro y luchar eficazmente contra el cambio climático.

El senador gallego subraya que España sigue teniendo una de las tarifas eléctricas, antes de impuestos, más altas de la Unión Europea y añade además, que la factura de la luz en los hogares españoles no ha dejado de subir en los últimos años. A su juicio, el sector eléctrico sigue adoleciendo de un grave problema estructural que tiene su efecto en unos mayores costes, que acaban repercutiendo, en especial, sobre los consumidores más vulnerables.

Villar de Cañas recurre la decisión de la Junta de ampliar la ZEPA de El Hito que bloquearía el ATC

Europa Press.- El Ayuntamiento de Villar de Cañas presentó un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) contra el decreto de la Junta de Castilla-La Mancha del pasado octubre por el que se declaró la ampliación de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el entorno de la Laguna de El Hito, enclave cercano a los terrenos donde habría de construirse el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

Este recurso ha sido presentado tras el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de la localidad conquense, que intenta impedir que se lleve adelante la delimitación como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de este entorno, como decidió el Gobierno autonómico con el objetivo de entorpecer la construcción del ATC. Villar de Cañas considera que el decreto que se recurre «adolece de vicios y defectos procedimentales y legales, que lo hacen nulo de pleno derecho», ya que entre otras cosas carece de algunos estudios técnicos o científicos.

Se argumenta en este acuerdo adoptado que las intenciones del Gobierno autonómico con la ampliación de esta ZEPA, a raíz de las palabras del consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, en el momento de defenderla, «evidencian claramente que la única intención de la ampliación de la zona protegida aprobada es impedir la construcción del ATC y su Centro Tecnológico Asociado, sin considerar que los terrenos destinados a su construcción se encuentran en la superficie de Villar de Cañas», que carece de valor ornitológico. Desde el Consistorio consideran que esta declaración es un “acto arbitrario de abuso y fraude de ley».

A tenor del acuerdo adoptado, esta decisión «cercena una inversión de 900 millones de euros y el consiguiente desarrollo económico, humano, tecnológico e industrial para la comarca y para la provincia de Cuenca«. El decreto que se recurre «priva también a los ayuntamientos y entidades locales menores de gran parte de su autonomía local, cercenando, restringiendo o limitando, la capacidad decisoria del Ayuntamiento, del alcalde y de los concejales elegidos democráticamente, para atribuir prácticamente todas las competencias a los técnicos y funcionarios de la Administración autonómica en materia medioambiental«, argumentan.

«El ATC se acabará construyendo»

Por su parte, el alcalde de Villar de Cañas (Cuenca), José María Saiz, ha asegurado que va a «ganar» el recurso contencioso-administrativo que su Ayuntamiento ha interpuesto en el TSJCM contra la decisión del Gobierno autonómico de ampliar la ZEPA de la Laguna de El Hito para intentar paralizar las obras del ATC de residuos nucleares previsto en el municipio. En este sentido, aseveró que además de ganar esta batalla judicial, el ATC «se acabará construyendo», por lo que considera que el Gobierno autonómico «está engañando a todos los conquenses».

En su opinión, la ampliación de esta zona ZEPA «no tiene ni pies ni cabeza», perjudica a «700 agricultores de 8 pueblos», y podría acarrear la pérdida de «6 millones anuales durante muchos años» a Villar de Cañas, junto a la inversión prevista en el ATC. Por último, ha recordado que, cuando acabe el proceso judicial iniciado con este recurso contencioso-administrativo, pondrá personalmente una querella contra el Gobierno autonómico por haber intentado «dañar» al municipio.

La ampliación ya está “apuntalada”

Al respecto se pronunció el propio Francisco Martínez Arroyo, asegurando que aunque respeta que el Consistorio vaya a los tribunales, esta protección medioambiental «está apuntalada» y señaló que la postura del Gobierno regional es que ese espacio natural «es susceptible de ser protegido desde el punto de vista medioambiental«. Esta decisión, según ha señalado el consejero, fue tomada contando «con todos los elementos suficientes» y estuvo apoyada «en informes de carácter técnico que ponían de manifiesto que hay muchas especies, no solo las grullas, que hay que proteger», además de «una vegetación característica del suelo».

Tras ello, Martínez Arroyo criticó que «el alcalde de Villar de Cañas y una parte de la sociedad que pertenece al PP apuesten por un modelo energético basado en energías no renovables«, pero ha añadido que el Gobierno autonómico «apuesta por un modelo sostenible en el que la industria agroalimentaria sea compatible con la defensa del medio ambiente». Ahora, ha recalcado, lo que ocurre es que «no se podrán tomar decisiones unilaterales» como la de instalar el ATC «sin estar de acuerdo con la administración ambiental, que es la Junta«.

El titular de Agricultura ha incidido en que esta ampliación de la protección del entorno de la Laguna de El Hito está apuntalada ante cualquier recurso judicial, ya que se tomó la decisión con los informes pertinentes. «Ojalá la decisión de poner el ATC en Villar de Cañas hubiera tenido todos los informes técnicos necesarios que daban garantías. Los tribunales decidirán, pero espero que no haya ningún problema», ha finalizado.

Japón aumenta en un tercio el préstamo a TEPCO para el desmantelamiento de Fukushima

EFE.- El Gobierno de Japón aumentará el crédito a la operadora de Fukushima, Tokyo Electric Power (TEPCO), en más de un tercio hasta los 114.000 millones de euros para que pueda hacer frente al desmantelamiento de la accidentada central nuclear. La decisión llega después de que el ministerio japonés de Finanzas calculase que el coste final para el desmantelamiento de la central y las compensaciones por el accidente nuclear doblará las estimaciones iniciales, y ascenderá a más de 163.951 millones de euros.

El crédito a interés cero para TEPCO, intervenida por el Estado desde julio de 2012, aumentará así desde los 73.500 millones de euros, según fuentes gubernamentales. La noticia llevó a la compañía energética nipona a subir en la Bolsa un espectacular 17,5%, el máximo permitido. El aumento del coste total necesario para hacer frente al desastre, que pone en riesgo la viabilidad de TEPCO, se debe principalmente al incremento de las compensaciones además de la dificultad para llevar a cabo los trabajos de descontaminación, algo que no se tuvo en cuenta en los primeros cálculos.

La central atómica de Fukushima resultó duramente golpeada por un terremoto de 9 grados Richter y un posterior tsunami el 11 de marzo de 2011. Como resultado de ello, los tres reactores que estaban operativos en ese momento sufrieron fusiones debido a la pérdida de refrigeración, lo que desencadenó la peor crisis nuclear desde la de Chernóbil (Ucrania) en 1986.

Google obtendrá toda la energía que consume de fuentes renovables en 2017

EFE.- El gigante de internet Google anunció que todas sus oficinas y centro de datos se alimentarán de renovables en 2017, con lo que se consolidarán en el “mayor comprador corporativo de electricidad limpia en el mundo”, según reivindicó el propio Google, con una demanda de 2,6 gigawatios de electricidad de fuentes eólica y solar. Este nivel es el doble del siguiente en la lista, el gigante de la distribución y comercio online Amazon.

Google aseguró que este hito comenzó a tomar forma en 2010 cuando empezaron a invertir en el sector renovable con la compra de un parque eólico en Iowa. Además, Google se comprometía hasta ahora cada año a comprar energía limpia por el equivalente de todo su consumo mundial de electricidad, incentivando así a un sector necesitado aún de ayudas para competir con los combustibles fósiles.

Esa inversión, según la empresa, ha contribuido a que el precio de las renovables sea cada vez menor y el coste de optar por este tipo de fuentes permite reducción de gastos. «En los últimos seis años, el coste de la energía eólica y solar ha bajado un 60% y un 80%, respectivamente, por lo que ahora las renovables son una opción de bajo coste», asegura Urs Holzle, vicepresidente de Infraestructura Técnica de Google. «Nuestros compromisos supondrán unas inversiones en infraestructuras renovables de más de 3.500 millones de dólares en todo el mundo, con dos tercios en Estados Unidos», explicó.

El Gobierno convoca ayudas por 25 millones para la reestructuración medioambiental de zonas mineras

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes una convocatoria de ayudas por 25 millones de euros destinadas a cubrir los costes excepcionales derivados de la clausura de las explotaciones mineras y la restauración del espacio natural.

La ayuda se articulará a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

En una nota, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital explica que, con estas ayudas, se pretenden paliar los efectos medioambientales que el cese de la actividad minera ocasiona en el entorno de los territorios en los que se ubican las explotaciones mineras.

Al ascender a 25 millones de euros para 2016, las ayudas superarán los 15 millones destinados en el año anterior. Son compatibles con la normativa europea establecida en la Decisión 2010/787/UE, y podrán beneficiarse de ellas las empresas incluidas en el Plan de Cierre para la Minería del Carbón, que fue autorizado por Decisión de la Comisión europea de 27 de mayo de 2016.

El Congreso dictamina a favor de aprobar el Acuerdo de París

EFE.- La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha aprobado hoy por unanimidad un dictamen a favor de que España ratifique el Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático, asumiendo así los compromisos de mitigación y adaptación al calentamiento que este pacto implica.

La adopción del dictamen se ha producido por el procedimiento de urgencia de manera que mañana mismo será llevado a Pleno para su aprobación definitiva y, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno estará en disposición de entregar su instrumento de ratificación a Naciones Unidas.

Tras esa entrega, España pasará a formar parte como país de este tratado internacional de lucha contra el cambio climático aproximadamente un mes después de que entrara en vigor, el pasado 4 de noviembre, al haber superado ya en esa fecha el número de países ratificantes y las emisiones necesarias para que comenzase a funcionar.

A día de hoy ya hay 114 países, de los 197 que integran la convención de cambio climático de la ONU, que han ratificado el Acuerdo de París, representando casi un 85% de las emisiones mundiales.

Mediante el Acuerdo de París los países se comprometen a hacer los esfuerzos necesarios para mantener la temperatura del planeta «muy por debajo» de los 2 grados a finales de siglo, y si es posible hacer que no supere los 1,5.

Este objetivo implica que los países ratificantes deben presentar ante la ONU contribuciones nacionales de reducción de emisiones cada cinco años (las primeras, para el periodo 2020-2025, ya han sido efectuadas) teniendo presente que cada nueva contribución debe ser más ambiciosa que la anterior.

Entre otras, el Acuerdo de París también supone que los países ricos, que más han contribuido al cambio climático con las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por su desarrollo desde la era preindustrial, financien y apoyen a los más pobres para que su crecimiento económico sea libre en carbono y para que hagan frente a las consecuencias del calentamiento.

Las naciones parte de este Acuerdo también se proponen que el mundo alcance la neutralidad de emisiones en la segunda mitad de siglo, es decir, que no se emitan más gases de los que el planeta pueda absorber por sus mecanismos naturales (bosques, océanos…).

La primera contribución nacional de reducción de emisiones que España asume con esta ratificación, implica una disminución de gases en los sectores difusos (transporte, agricultura, residuos o edificación) de un 26 % y de un 43 % en el sector industrial, ambas para 2030 y con respecto a niveles de 2005.

Tejerina afirma que la transición hacia una economía baja en carbono es irreversible

EFE.- La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), Isabel García Tejerina, ha invitado a todos los sectores de la sociedad española a colaborar con la «irreversible» transición hacia una economía baja en carbono.

Así se ha pronunciado la ministra durante su intervención en la inauguración del XIII Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA 2016), en el que representantes de las diferentes administraciones, empresas, científicos, ecologistas y otras entidades de la sociedad civil, debatirán hasta el 1 de diciembre de los retos medioambientales que afronta España.

Una de las ocho principales patas temáticas de esta edición de CONAMA está dedicada a la transición energética necesaria para combatir el cambio climático, y precisamente a ella se ha referido la ministra como uno de los grandes asuntos en los que trabajará su departamento esta Legislatura, esperando contar para ello «con el apoyo de todos los sectores».

García Tejerina ha destacado que su ministerio va a impulsar una Ley de Cambio Climático «como marco para planificar todas las actuaciones relacionadas con la transición hacia una economía baja en carbono», en la que España se ha comprometido a reducir sus emisiones en los sectores difusos (transporte, edificación o agricultura) un 26% en 2030 respecto a 2005.

La ministra ha dicho que su ministerio prepara una hoja de ruta para cumplir los objetivos en 2030.

Asimismo ha hecho balance de la reciente cumbre del clima de Marrakech, que ha supuesto avances «para definir un programa de trabajo y un calendario para elaborar durante los próximos dos años el libro de reglas» por el que se regirá el Acuerdo de París.

García Tejerina también ha incidido ante los presentes en que las agendas de medio ambiente y cooperación caminarán juntas en los próximos años, y les ha llamado la atención sobre otra cita importante que se avecina a nivel medioambiental: la cumbre de biodiversidad de la ONU (COP13) que arranca en Cancún (México) el 2 de diciembre.

Por su parte, el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja, ha señalado que el 95% de los europeos y el 96% de los españoles consideran la protección del medio ambiente como algo «prioritario» y con «consecuencias directas para su calidad de vida».

«Dos tercios de los ciudadanos de la UE piensan que se debe hacer más por el medio ambiente, pero además sabemos que promover la sostenibilidad no sólo tiene beneficios para el bienestar de las personas, sino que también presenta grandes oportunidades para el empleo», ha agregado.

En la misma línea que Tejerina, Calleja ha insistido en que «apostar por el desarrollo sostenible es aportar por lo que nos une», y ha pedido la participación de todos los sectores ya que los próximos años «van a ser decisivos», ya que toca aplicar tanto los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) como el Acuerdo de París.