Europa Press.- El portavoz socialista de Cambio Climático, Ricardo García Mira, ha planteado la necesidad de abordar urgentemente una reforma fiscal ecológica que mantenga el mismo nivel de presión, pero que esté mejor orientada después de que la Comisión Europea ha pedido a España que aumente los impuestos verdes y que reduzca las subvenciones que perjudiquen al medio ambiente como parte de los principales «retos» del país en la implementación de las normas europeas de medio ambiente.
Bruselas ha publicado un informe sobre la implementación en cada Estado miembro de las políticas medioambientales europeas en el que apunta los «puntos fuertes y débiles» de cada país. Sobre España, el Ejecutivo comunitario destaca que los «principales retos» son aumentar la fiscalidad medioambiental y reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente. Con respecto a la fiscalidad, Bruselas cree que existe un «margen claro» para revisar los impuestos verdes, principalmente en los sectores del transporte y la energía, pero también en los ámbitos de la contaminación y el uso de los recursos. A modo de ejemplo, el informe señala que los impuestos municipales de circulación «no siempre reflejan el rendimiento medioambiental de los vehículos».
Del mismo modo, el Ejecutivo comunitario asegura que los impuestos sobre los vertidos puede ser una herramienta de apoyo al tratamiento de residuos municipales y propone revisar la política sobre tarificación del agua y su planteamiento. En este sentido, el informe subraya que los ingresos de la fiscalidad medioambiental en España están «entre los más bajos de la Unión Europea» y afirma que una reforma de la misma «puede desempeñar un papel importante para mantener el crecimiento económico» al aportar ingresos adicionales» que sustituyan a los recortes en el gasto. En concreto, en el ejercicio 2014 los impuestos medioambientales supusieron el 1,85% del PIB de España, frente al 2,46% de media en la Unión Europea.
Con respecto a las subvenciones a actividades perjudiciales para el medio ambiente, la Comisión Europea apunta que es otro reto «fundamental», puesto que España «todavía subvenciona los combustibles fósiles, el carbón local, los automóviles de empresa y el gasóleo con respecto a la gasolina». «España no cuenta con una estrategia global para eliminar las subvenciones nocivas para el medio ambiente, aunque su abandono puede ofrecer ventajas económicas, sociales y medioambientales, permitir una mayor competitividad y contribuir a la consolidación presupuestaria», subraya el estudio. Así, defiende que desarrollar una estrategia nacional para la eliminación gradual de estas subvenciones y ayudas «sería un criterio positivo para España».
También destaca Bruselas las oportunidades de España para mejorar sus políticas medioambientales. En particular, propone utilizar el potencial de su «capital natural de gran valor», reforzar la «ecoinnovación» y la eficiencia en el uso de recursos. Por último, con respecto a la calidad del aire, Bruselas anima a mantener la tendencia a la baja de los contaminantes atmosféricos y reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y de dióxido de nitrógeno (NO2), así como recortar la emisión de PM10.
PSOE exige reforma fiscal ecológica
En este sentido, García Mira insiste en gravar lo que se quiere desincentivar y primar aquello que «beneficia a la sociedad». A su juicio, «la actual fiscalidad del sector energético se caracteriza por la arbitrariedad y el desorden» y «España tiene ahora un margen para revisar su política fiscal». Según el informe europeo, Bruselas suspende la política fiscal española y critica que España sea el tercer país de la Unión Europea con los ingresos más bajos por fiscalidad verde, solo detrás de Lituania y Eslovaquia.
Para el PSOE, «el informe de la Comisión Europea supone una enmienda a la totalidad de la política fiscal de España». Además, indica que el Gobierno no puede sorprenderse ante este suspenso, ya que son muchos los organismos internacionales que «llevan años pidiendo a España que reforme su sistema impositivo para gravar las actividades más contaminantes y desincentivarlas». «Los socialistas apostamos por una fiscalidad ambiental adecuada que nos acerque a los estándares europeos y, paralelamente, por el impulso real y efectivo de una transición energética hacia una economía verde, sostenible y generadora de empleo», afirmó.
García Mira destaca que hay un margen claro para revisar los impuestos medioambientales, principalmente en los sectores del transporte y la energía, pero también en los ámbitos de la contaminación y el uso de los recursos. «Hoy por hoy, las tecnologías y las energías primarias para la generación de electricidad han sido sometidas a impuestos que no se corresponden con criterios de eficiencia o equidad, sino que han sido resultado de decisiones arbitrarias para repartir, de acuerdo con las preferencias del Gobierno, los ajustes para reducir el déficit de tarifa«, ha asegurado el diputado socialista.
Sin embargo, denuncia que los consumos difusos de energías fósiles, como las gasolinas y los gasóleos para el transporte, «han quedado al margen de los aumentos impositivos introducidos por el PP en el sector energético«. Además, resalta que los sectores difusos no están sometidos al sistema europeo de derechos de emisión negociables, por lo que en su caso sólo puede pagarse el precio del carbono a través de la fiscalidad.
Para el PSOE la nueva fiscalidad ha de contemplar como nuevos tributos un impuesto sobre las emisiones de CO2 aplicable sobre las toneladas que se emiten; un impuesto sobre las emisiones de los vehículos de motor, basado en las emisiones potenciales de cada tipo de vehículo; un impuesto mixto sobre residuos industriales y peligrosos o tóxicos y un impuesto sobre residuos de envases, embalajes y bolsas. También ve preciso reformar tributos ya existentes para hacer de ellos «verdaderos impuestos medioambientales» como es el caso del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos; del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del Canon de vertidos.
En paralelo, los socialistas apuestan «por la creación de un fondo verde para la transición energética» que sea alimentado con parte del impuesto al CO2 con tres líneas básicas: una social, para acompañar a las familias y colectivos vulnerables; una destinada a facilitar el crédito para la inversión en ahorro y eficiencia, con particular atención a las PYMES y al sector residencial; y una tercera línea que ofrezca préstamos a bajo interés para asegurar la movilidad limpia en los sectores de la logística y las empresas del sector del transporte.
