Técnicos españoles de 3M desarrollan Avifauna, un sistema para evitar la electrocución de aves en tendidos eléctricos de alta tensión

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Europa Press.– Técnicos españoles de 3M han desarrollado el sistema de protección Avifauna para salvar la vida a cientos de miles de aves al evitar su electrocución en tendidos eléctricos de alta tensión. Según estimaciones de SEO/BirdLife, cerca de un millón de aves muere cada año en tendidos eléctricos y, de estas, aproximadamente la mitad son especies protegidas como el águila perdicera.

La solución de la compañía de innovación 3M ha sido diseñada, desarrollada y fabricada por técnicos españoles, ya se ha instalado en distintos puntos de la geografía española, como Zaragoza, Salamanca o Huelva (Parque Nacional de Doñana). El sistema consiste en cubrir con un aislante los conductores aéreos dispuestos para distribuir energía eléctrica, sistemas de conexión a tierra en subestaciones eléctricas, pararrayos, etcétera, con lo que se evita la electrocución de aves. Este aislante tiene una gran resistencia al ozono y a los rayos UV.

También disminuye el impacto visual

El ingeniero de desarrollo de aplicaciones del Departamento de Productos Eléctricos de 3M España, Luis Jiménez, ha destacado que la función «principal» de la solución Avifauna es proteger a las aves de morir electrocutadas en los tendidos de alta tensión. A su vez, Jiménez añadió que su nuevo diseño y su color gris, similar al de los tendidos y la aparamenta eléctrica, disminuye el impacto visual sobre el entorno ambiental.

Del mismo modo, expone que el diseño es fácil de colocar por parte de los operarios, con un sistema de cierre «más sencillo», pensado en su compatibilidad con los gruesos guantes aislantes que, por seguridad, tienen que utilizar. Por último, 3M informa de que Avifauna ha sido ya homologada por Iberdrola y que está en proceso en otras compañías eléctricas.

Los vehículos más contaminantes no podrán circular entre semana por el área de Barcelona desde 2019

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Europa Press.- Los vehículos más contaminantes tendrán prohibida la circulación por Barcelona y otros 39 municipios del área metropolitana de lunes a viernes a partir del año 2019 independientemente del estado del aire, si bien esta restricción se empezará a aplicar desde el 1 de diciembre de este año solo en episodios de contaminación, que se producen entre 3-5 días anuales.

Lo ha explicado el consejero de Territorio y Sostenibilidad del gobierno autonómico catalán, Josep Rull, tras participar en el primer gran encuentro sobre contaminación en Barcelona, en el que también han participado el Ayuntamiento de la capital catalana, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputación de Barcelona, y los departamentos autonómicos de Salud, Interior y Gobernación. El compromiso de la cumbre ha sido reducir un 30% las emisiones vinculadas al tráfico en un plazo de 15 años para alcanzar gradualmente los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta contaminación se reducirá un 10% en los próximos 5 años, según Rull.

La medida de restricción del tráfico afectará a vehículos anteriores a la categoría Euro 1: furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre de 1994 y a coches matriculados antes del 1 de enero de 1997, lo que implicará a 106.018 vehículos, que suponen un 7% del parque móvil, y a 22.049 furgonetas, es decir, un 16%. Rull ha sostenido que estos vehículos con más de 20 años de antigüedad «contaminan tanto como 10 coches que utilizan combustible fósil«, ha lamentado.

El acuerdo afecta a 40 municipios declarados Zonas de Protección Especial del Medio Atmosférico (Àmbit-40) donde viven 4,3 millones de personas; incluye a poblaciones de las comarcas del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental y Oriental, no a todos los municipios del área metropolitana, y afectará indirectamente a Osona, Bages, Anoia, Maresme, Alt Penedès y Garraf. Además, los vehículos que no reciban distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel de antes de 2006, no podrán circular en el espacio comprendido por las Rondas de Barcelona, incluyendo estas vías, en episodios contaminantes a partir de diciembre, y desplegarán medidas para prohibirlos a partir de 2020.

Para incentivar la retirada de estos vehículos, crearán una tarjeta verde metropolitana, previsiblemente antes de verano, que dará 3 años de transporte público gratuito, de la que podrán beneficiarse los residentes del área metropolitana que den de baja un vehículo contaminante que no adquieran otro durante los 3 años de vigencia de la tarjeta. Asimismo, se plantean implantar un recargo sobre el precio de los carburantes para financiar la mejora de la tarifa del transporte público. Han acordado crear un órgano de coordinación para analizar el impacto de la contaminación del aire sobre la salud, que se reunirá anualmente, y otro de coordinación para el seguimiento de las conclusiones adoptadas, integrado por todos los agentes.

El vicepresidente del AMB, Antoni Poveda, ha anunciado que el organismo dejará de homologar taxis diesel en 2019 y que instalará espacios de aparcamientos de intercambio con el transporte público, park and ride, y ha pedido más carriles Bus-VAO y más financiación del transporte público por parte del Gobierno central. Según Rull, el acuerdo persigue mejorar la vida de la gente porque la calidad del aire es uno de los temas más preocupantes debido al impacto que tiene sobre la salud, ya que causa muertes prematuras, hecho que «interpela a las administraciones públicas a tomar decisiones muy drásticas y firmes».

La teniente de alcalde de Ecología de Barcelona, Janet Sanz, ha exigido al Gobierno central más financiación del transporte público, y ha advertido sobre el acuerdo: «Esta expresión de voluntad políticas es un paso adelante respecto a todo lo que se había hecho hasta ahora. Vamos tarde, pero todavía estamos a tiempo de resolver la situación«. El diputado de Espacios Naturales y Medio Ambiente de la Diputación de Barcelona, Valentí Junyent, ha destacado que la corporación provincial elaboró planes de calidad del aire de 17 municipios del Vallès Oriental y de los cinco más poblados del entorno de Barcelona: Badalona, L’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Sabadell y Santa Coloma de Gramenet.

La plataforma Salvemos Doñana pide amparo al Defensor del Pueblo de Andalucía por la «amenaza» que suponen los proyectos gasísticos

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Europa Press.- El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se reunió con la plataforma Salvemos Doñana, que reclama el amparo de este organismo por la posible «amenaza» para la conservación del espacio natural que, a juicio de la organización, suponen los proyectos de almacenamiento de gas en el subsuelo de dicho territorio promovidos por Gas Natural Fenosa.

El colectivo indicó que el proyecto no debe continuar en tanto no se haga el informe de evaluación conjunto del impacto que puede generar la ejecución de los cuatro tramos del proyecto. Según el Defensor, Maeztu señaló que, hasta que se realice un informe adecuado de impactos acumulativos en el espacio protegido y su entorno, no ve que se deba continuar con el proyecto de almacén de gas y que hay que ver la compatibilidad del proyecto que se está ya ejecutando con esa exigencia global de evaluación en conjunto.

El Defensor está valorando la legalidad e idoneidad del proyecto de extracción y almacenamiento de gas a ejecutar en este lugar de interés comunitario «de absoluta referencia para nuestra comunidad autónoma en términos ambientales». Esta actuación fue abierta de oficio en 2013 y, tras realizar las consultas pertinentes y recibir los informes oportunos de la administración ambiental andaluza, fue elevada en 2015 a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales, Soledad Becerril, para que realizara un seguimiento del asunto.

Dolores Yllescas, geóloga y miembro de Ecologistas en Acción Andalucía, organización adherida a la Plataforma Salvemos Doñana, informó al Defensor sobre el desarrollo del procedimiento para la puesta en marcha del proyecto del almacén de gas natural en Doñana, que ha sido troceado para facilitar su aprobación. Planteó que lo más grave para la organización ecologista es que «el efecto acumulativo de los 4 por separado no es el mismo que la suma de los 4 efectos parciales, por lo que el estudio de impacto no es correcto«, añadiendo que la zona tiene unas peculiaridades geológicas e hidrogeológicas «importantísimas, y el estudio ni las nombra».

Tras otras aportaciones, también planteó en su intervención la «dudosa utilidad pública» que le ha sido reconocida por el Ministerio de Energía y que a su vez concedía las autorizaciones administrativas necesarias, «demostrando la insostenibilidad de los argumentos del Gobierno central para semejante decisión». El portavoz de Salvemos Doñana y representante de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, expuso la posición del citado órgano colegiado, cuya Comisión Permanente aprobó un acuerdo en marzo de 2015 para instar a la administración central a hacer una evaluación conjunta de los proyectos. Según Romero, «todavía estamos esperando».

Ciudadanos critica las ayudas otorgadas a la industria para reducir las emisiones de CO2, 80 veces menores que en Alemania

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Europa Press.- Ciudadanos denuncia que las ayudas otorgadas a la industria española para compensar la reducción de emisiones de CO2 son 80 veces inferior a las que da Alemania. La formación señala que en 3 años estas subvenciones suponen el 1,2% de las ayudas otorgadas por Alemania, el 5,3% de las de Reino Unido, el 5,8% de las de Holanda y el 12,9% de las de Francia.

Por ello, preguntan al Ejecutivo si es consciente de la importancia que tiene este sector en términos de empleo de calidad y competitividad exterior para la economía y las razones que justifican este déficit en comparación con otros países. Estas ayudas se contemplan desde las directivas europeas por las que se creaba el mercado de derechos de gases de efecto invernadero, y fueron reguladas en España a través del decreto 1055/2014, para evitar la exposición de las compañías ante el previsible incremento de los costes.

En este sentido, Ciudadanos advierte que la normativa española podría verse «muy beneficiada» por este mecanismo de ayudas «dados los altos precios de la energía y el peso relativo comparativamente inferior del sector industrial en relación a la Unión Europea». Pese a ello, prosiguen, a pesar de «tenues incrementos» en las últimas partidas presupuestarias, los datos evidencian, a juicio de Ciudadanos, que en el caso español «apenas se aportaron cantidades significativas a este mecanismo en comparación con otros socios europeos».

El Instituto Tomás Pascual Sanz apuesta por la economía circular y la eficiencia energética como motor de crecimiento en España

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Europa Press.- El Instituto Tomás Pascual Sanz (ITPS) ha celebrado su 10º aniversario abogando por las ventajas de la economía circular como principal fuente de crecimiento y desarrollo para el siglo XXI, un modelo que sustituye la anterior filosofía del «tomar, hacer y desechar». La economía circular implica mantener en uso durante el mayor tiempo posible los recursos y materiales producidos, así como reducir al máximo los residuos e impulsar la práctica del reciclaje, según Calidad Pascual.

El acto contó con una conferencia del comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, quien subrayó la importancia de la economía circular para poner en práctica las medidas aprobadas en el Acuerdo de París sobre el cambio climático. A su juicio, la eficiencia de la economía circular al producir, consumir y reciclar puede ser «una herramienta determinante para reducir las emisiones de dióxido de carbono, a la par que una fuente de riqueza y empleo para la economía española en su conjunto». Según explicó, el cambio hacia un modelo circular supondría «aumentar la productividad de los recursos en un 30% y crear 2 millones de puestos de trabajo hasta 2030».

Ante este reto, se están proponiendo «propuestas ambiciosas que ayuden a convertir esta transición en una gran oportunidad para las futuras generaciones de europeos«. Arias Cañete ha añadido que «hoy día» se consumen recursos «por encima de nuestras posibilidades, ya que, según la Global Environmental Footprint, se necesitan 1.6 planetas para satisfacer nuestra demanda» por lo que ha indicado que «para 2020, el objetivo de España es reducir las emisiones en un 20%, una meta que vamos camino de alcanzar».

Transición hacia una energía sostenible

Como recuerda el Instituto Tomás Pascual Sanz, un sistema fundamentado en la economía circular contribuye a crear un modelo de sociedad más sostenible que beneficia la salud y el bienestar, al caracterizarse por la disminución del uso de los recursos, la reducción de la producción y la limitación del consumo de energía. En este sentido, Arias Cañete ha afirmado que «se ha impulsado la transición global hacia un sistema energético limpio y sostenible». «Su desarrollo en acciones concretas fomentará soluciones innovadoras y divulgar las mejores prácticas en materia de reducción de emisiones y de adaptación al cambio climático en toda la Unión Europea», ha aseverado.

Calidad Pascual ha reivindicado la alianza para la eficiencia energética suscrita con EDF Fenice, filial nacional de la empresa líder en servicios energéticos y medioambientales en Europa. Así, añade que se lograron significativos avances en eficiencia energética. En el primer año de la barcelonesa fábrica de Gurb, la implantación de medidas para el ahorro y la eficiencia energética supuso la reducción de un 8,4% de la factura energética de la compañía. En esta línea, Calidad Pascual subraya que el objetivo a medio plazo es seguir incrementando el margen de mejora aplicando nuevos proyectos de eficiencia.

Finalmente, Arias Cañete destacó el trabajo con «objetivos vinculantes ambiciosos en la Unión Europea». Asimismo, resaltó que «el triunfo de las políticas de economía circular tiene que llegar por la convicción tanto de las empresas como de los ciudadanos. Se trata, en definitiva, de un cambio de paradigma y de hacer una labor de pedagogía». Esto se materializa en que «los ciudadanos dispongan de contadores inteligentes en sus casas, que puedan elegir cuando apagan las luces de su casa, la nevera. Es decir, convencer tanto a los consumidores como a las empresas de que se puede ahorrar energía usando las renovables y reciclando los productos».

España emitió un 3% menos de CO2 en 2016 por el menor consumo de carbón, según el Observatorio de Sostenibilidad

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Europa Press.– España redujo en 2016 el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero en un porcentaje estimado del 3%, hasta las 328 millones de toneladas, según el informe que elabora el Observatorio de la Sostenibilidad y que supone una valoración estimada, a falta de cerrar los datos oficiales de emisiones.

Según uno de los autores del informe, el economista José Santamarta, la explicación de la reducción de las emisiones se debe a una única causa «estrictamente coyuntural» como es la reducción en torno a un 30% del consumo de carbón por parte del sistema energético. «Igual que el año anterior aumentaron porque se quemó más carbón para generar electricidad, en 2016 se ha quemado un 30,1% menos carbón para la producción de energía», ha indicado.

De hecho, según el investigador, la importante reducción del volumen de carbón empleado para generar energía ha permitido reducir el volumen total de emisiones incluso a pesar del hecho de que, según sus estimaciones, se incrementaron las emisiones derivadas del consumo de productos derivados del petróleo (un 3% más) y las derivadas del consumo de gas natural (un 1,4% más).

La reducción de las emisiones viene apoyada, en cambio, por la aportación de las energías renovables a la producción energética. Según el informe, este tipo de fuentes de energía cubrieron el 40,8% de la generación nacional en 2016, principalmente aportada por la energía eólica (19,3%), la hidráulica (14,6%), la fotovoltaica (3,1%) y la termosolar (2,1%). «El único factor que ha ayudado ha sido la quema de carbón y ha sido algo influenciado por el mercado, no por las políticas del Gobierno», ha destacado, tras recordar que durante los últimos años no se ha incrementado el volumen instalado de energías renovables.

Pese a que los datos del informe son todavía estimativos y se basan, en algunos casos, en proyecciones, debido a que no se ha producido el cierre de datos de los últimos meses de 2016 por parte de algunos organismos oficiales, Santamarta ha explicado que el volumen de emisiones de España en 2016 sitúa al país un 15% por encima de las emisiones del año de referencia que dictaba el protocolo de Kioto, 1990, cuando se emitían cerca de 286 millones de toneladas de CO2.

«Si el dato de las emisiones españolas fuera estructural en lugar de coyuntural, diríamos que España está situada en un lugar aceptable respecto de los objetivos de reducción de emisiones. Pero es algo puramente coyuntural», subrayó Santamarta. Por ello, el informe concluye que «España sigue siendo uno de los países industrializados donde más han aumentado las emisiones y sigue necesitando un importante esfuerzo para la etapa posterior al Protocolo de Kioto» para lo cual considera necesario no acudir a los mecanismos de flexibilidad que permiten adquirir en el exterior derechos de emisión», algo que hasta 2012 permitió mantener un nivel de emisiones por encima del 15% en relación a 1990.

En este sentido, Santamarta hizo un llamamiento al Gobierno para que lleve a cabo «políticas más favorables y más activas» en la reducción de emisiones, pese a que se ha mostrado poco confiado porque «las políticas de cambio climático ocupan un lugar ínfimo dentro de las preocupaciones del Gobierno y de la opinión pública». «No cabe esperar grandes sorpresas», lamentó.

Aún así, ha recordado que la situación de la tecnología de generación fotovoltaica es «mucho más favorable ahora» de lo que lo era cuando se instaló la mayor parte de los generadores de este tipo en el país, durante el Gobierno de Zapatero, que, a su juicio, justificaría apostar por este tipo de generación energética en la actualidad. «Simplemente dejando de quemar carbón y quemando gas natural ya se reducen a la mitad las emisiones por kilowatio producido. Y si se cambian las fuentes de energía por más renovables…», sentenció.

Ecologistas en Acción lamenta que Portugal ceda ante las presiones y retire su denuncia por el ATI nuclear de Almaraz

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Europa Press.- Ecologistas en Acción lamenta que el Gobierno de Portugal haya retirado y no haya sido «capaz de mantenerse firme en su denuncia» sobre las «irregularidades» cometidas en el proceso de licenciamiento del almacén temporal individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y que ceda a las “presiones, parece que demasiado fuertes, del Gobierno de España y de la Comisión Europea, con su oferta de acelerar las interconexiones energéticas”.

Ecologistas, como integrante del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), interpuso en enero un recurso de alzada contra la decisión del Gobierno español de autorizar el ATI en Almaraz porque considera que se ha ignorado el impacto transfronterizo de la obra. En su recurso advertían de que una hipotética fuga radiactiva del ATI podría afectar al embalse de Arrocampo y acabar en el río Tajo, con lo que la contaminación afectaría muy probablemente a Portugal, como recuerdan que ya sucedió en 1970, cuando se produjo un escape de agua radiactiva de la antigua Junta de Energía Nuclear (JEN) que llegó hasta Lisboa.

En este contexto, el Gobierno de Portugal denunció el pasado 16 de enero a España ante la Unión Europea para que las autoridades comunitarias se posicionaran ante el proceso de autorización del ATI de Almaraz. Ecologistas en Acción sostiene que España contravino los protocolos internacionales de Kiev, Aarhus y Espoo, así como varias directivas europeas, al autorizar el ATI sin consultar al Gobierno portugués. Por ello, Portugal no pudo abrir un periodo de consulta en el que interponer alegaciones al almacén de residuos, tal y como pudieron hacer las personas y organizaciones interesadas en España.

Por ello, la asociación advierte a Portugal de que con la aceptación del ATI está «aceptando de facto la prolongación del funcionamiento de la central nuclear hasta los 60 años» y desoye la voz de la mayor parte de la ciudadanía portuguesa (las encuestas muestran que más del 90% de la población lusa muestra su oposición a la central) y del Parlamento portugués, que se posicionó en contra del ATI y del alargamiento de la vida de Almaraz. Para el portavoz de la campaña nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, que los reactores nucleares pasen los 40 años de diseño supone un «riesgo inaceptable» porque las condiciones de seguridad se degradan con el envejecimiento.

El corredor de cetáceos del Mediterráneo será declarado como Zepim en diciembre y evitará de esta forma las prospecciones petrolíferas

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Europa Press.- El corredor de migración de cetáceos será declarado Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (Zepim) en la cumbre del Convenio de Barcelona de diciembre de 2017, según indicó la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a Alianza Mar Blava.

Según ha explicado Alianza Mar Blava, la Dirección General prevé que en unos 6 meses esté aprobada la Orden Ministerial que establecerá un régimen de protección preventiva en la zona frente a las prospecciones de hidrocarburos. Los responsables de la Dirección General estatal, que han valorado el importante número de declaraciones institucionales y de entidades científicas y de ONG recibidas a favor de la protección de este corredor, han explicado a los interlocutores de la Alianza el estado del proceso.

Por un lado, se está trabajando en la Orden Ministerial que establecerá un régimen de protección preventiva en todo el Corredor de Migración de Cetáceos frente a las prospecciones de hidrocarburos y otras actividades lesivas para los cetáceos, como las campañas de adquisición sísmica (sondeos acústicos), grandes productoras de ruido submarino. Según el Ministerio, en marzo o abril, se abrirá un plazo de audiencia pública sobre la Orden, la cual se prevé estaría ya en vigor dentro de 6 meses.

Por otro lado, los trámites con respecto al Convenio de Barcelona «van a buen ritmo«, de tal modo que en mayo se presentará en la reunión del Centro de Acción Regional de Áreas Marinas Protegidas (SPA/RAC) del Convenio, y en la Conferencia de las Partes (COP) que se celebrará en Tirana (Albania) en diciembre de este año, momento en el que se efectuará la declaración oficial de esta Zepim. La Alianza ha animado a los responsables del Ministerio «a seguir con el buen trabajo» para «aumentar la protección de la fauna marina del Mediterráneo y evitar la amenaza que suponen las prospecciones de hidrocarburos al medio ambiente y a la economía de las comunidades ribereñas».

La organización ecologista Greenpeace lleva el proyecto de almacenamiento gasista de Gas Natural Fenosa en Doñana al Defensor del Pueblo

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Europa Press.- Greenpeace ha presentado ante el Defensor del Pueblo nacional una queja por el proyecto de Gas Natural Fenosa, denominado Marismas, para la explotación y almacenamiento de gas en el entorno del Espacio Natural de Doñana. La organización pide que la oficina que dirige Soledad Becerril inste al Gobierno andaluz y al central a revisar la evaluación de impacto ambiental (DIA) del proyecto y ajustarla a la normativa y exigencias actuales.

Según la organización ecologista, se denuncian así que las actuaciones de Gas Natural Fenosa vulneran el artículo 45 de la Constitución, que obliga a la protección del medio ambiente, ya que considera que Gobierno y Junta «han hecho dejación de su obligación de proteger el Espacio Natural de Doñana». Greenpeace recuerda que el proyecto Marismas fue partido en 4 subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) por Gas Natural Fenosa «con el objetivo de ocultar el impacto ambiental acumulado del proyecto global y lograr así más fácilmente las autorizaciones«.

«El proyecto de Gas Natural Fenosa supone un grave peligro para Doñana por las implicaciones ambientales que la explotación y almacenamiento del gas tiene para un entorno tan frágil, amenazado y necesitado de protección. Este proyecto pone de nuevo los intereses privados por delante del general», ha declarado Julio Barea, portavoz de Greenpeace. En su denuncia, Greenpeace también informa a la Defensora del Pueblo de que en la DIA, «los riesgos sísmicos de la zona no han sido debidamente considerados«, como a su juicio queda de manifiesto en el informe técnico elaborado por «prestigiosos geólogos» que recoge «explícitamente las propias dudas expuestas en la DIA”.

Greenpeace señala además que el proyecto cuenta con «un gran y contundente rechazo social manifestado en la oposición de importantes y numerosos sectores de la sociedad y también de los poderes públicos» y recuerdan que se han recogido casi 250.000 firmas en contra o que la Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó una Proposición no de Ley sobre la paralización del proyecto industrial de Gas Natural en Doñana y que el Parlamento de Andalucía instó al Gobierno de esa comunidad autónoma a adoptar las medidas necesarias y a estudiar las vías legales para paralizar el citado proyecto. También han mostrado su oposición los Ayuntamientos de Viso del Alcor y de San Juan del Puerto.

Todos los grupos del Parlamento de Baleares piden al Congreso una ley que declare al Mediterráneo libre de prospecciones petrolíferas

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Europa Press.- Todos los grupos parlamentarios del Parlamento balear presentaron una proposición de ley que se llevará al Congreso de los Diputados en la que se reclama la protección del mar Mediterráneo de los daños que pueda producir la explotación, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales. La iniciativa pide la aprobación de una ley específica que sea de aplicación en aquellas solicitudes de explotación de hidrocarburos o adquisiciones sísmicas contempladas en dicha normativa y que no hayan sido resueltas.

La proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios PSOE, PP, Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y Mixto con Ciudadanos y Gent per Formentera, detalla que la Constitución establece que son bienes de dominio público estatal la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Ante ello, en la iniciativa se apunta a que la ley «tendrá que proteger el mar Mediterráneo bajo jurisdicción española del posible deterioro que pueda producir al medio marino las actividades de explotación, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales».

La diputada del Gent per Formentera, Silvia Tur, ha recordado que, hasta ahora, ha habido «victorias parciales», fruto de la protesta ciudadana y de agrupaciones como es la Alianza Mar Blava. «Sabemos que este trabajo es fruto de reivindicaciones que se vienen haciendo de muchos años atrás, sobre todo de dos o tres años, y que no han acabado de dar frutos, porque en realidad los frutos se darán el día que el Estado acabe una ley que impida, de una vez por todas, el fracking, las prospecciones petroleras y cualquier tipo de proyecto de adquisiciones sísmicas«, ha aseverado Tur.