Tejerina y Nadal creen que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética afectará a la forma de consumir

Europa Press.- La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, asegura que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es «un proyecto de enorme importancia» por lo que tiene de repercusión sobre el modelo económico y el modelo de consumo y, por ello, hay «muchos» ministerios implicados en su desarrollo. García Tejerina explicó que la elaboración de la ley pasa por abrir una consulta pública después de dar a conocer las conclusiones de las jornadas de lanzamiento de la ley.

«Siempre quisimos que tenga un proceso participativo porque es una ley de largo plazo, para ir cumpliendo unos objetivos ya definidos y eso no es objeto de la ley», manifestó. A este respecto, ha recordado que el compromiso de España ya está «definido», así como la meta a la que hay que llegar, con las reducciones y esfuerzos, también fijados. Si bien, destacó que se trata de alcanzarlos con un «doble beneficio» para la sociedad: el beneficio ambiental de evitar que suba la temperatura del planeta pero, por otra parte, la ministra quiere que se haga de manera que suponga una ventaja competitiva para la economía y genere desarrollo socioeconómico.

Por su parte, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, admite que, mientras la parte en la que es competente el Ministerio de Medio Ambiente está «bien definida» en la normativa internacional y europea, aún no lo está la parte energética. Por eso, insta a «ser conscientes» de que no se debe confundir la propuesta de la Comisión Europea del Paquete de Invierno, que incluye cuestiones tan importantes como eficiencia energética o política de renovables, con lo que vaya a resultar al final de la negociación comunitaria.

Así, explicó que la Unión Europea ha empezado por la eficiencia energética ya que, según Nadal, es «la parte fácil» porque hay «más consenso» entre los Estados miembro y las formaciones políticas. En todo caso, ha admitido que la última discusión en el Consejo de Energía «no fue nada fácil y quedaron temas importantísimos muy abiertos» para su discusión en el Parlamento europeo para los trílogos. «Esa es la primera de las ocho medidas legislativas en términos de energía», apuntó.

En definitiva, ha manifestado que hay «temas» en los que es más fácil avanzar porque hay un marco internacional y europeo fijados y otros, en los que «teniendo una cierta idea de qué se quiere hacer», es necesario «esperar a que la norma europea se complete y defina» para fijar después los objetivos nacionales. «Tendremos que ir de forma paralela a como la normativa europea se va conformando«, ha concluido.

50 grandes empresas piden al Gobierno una hoja de ruta de lucha contra el cambio climático y de transición energética

Europa Press.- Cincuenta grandes empresas plantearon al Gobierno sus demandas para la Ley de Cambio Climático y Transición Energética entre las que reclaman un sistema de transparencia y comprobación de la evolución del cumplimiento de objetivos, un sistema de gobernanza climática, incentivos y fomento de criterios climáticos en la compra pública responsable, así como establecer objetivos ambiciosos de 2030 y 2050 y una hoja de ruta clara.

Las propuestas han sido planteadas por el Clúster de Cambio Climático, organizado por Forética en su segunda reunión anual, en la que han analizado las tendencias y claves de la colaboración público-privada en el impulso de la sostenibilidad urbana. Foretica es el único representante en España del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). En el encuentro participó la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, que expuso las principales conclusiones y próximos pasos tras las sesiones de consulta, llevadas a cabo por el Ministerio, en torno a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El director general de Forética, Germán Granda, ha entregado a Ulargui un documento que recoge propuestas a la futura Ley, que se suman a las ya aportadas durante las jornadas de consulta. En concreto, las cincuenta empresas apuestan por establecer objetivos ambiciosos en 2030 y 2050, una hoja de ruta clara y un seguimiento y revisión programado cada cinco años, un sistema de transparencia y reporting de la evolución del cumplimiento de objetivos, un sistema de gobernanza climática, establecimiento de incentivos o el fomento de los criterios climáticos entre los criterios de compra pública responsable.

«El Clúster de Cambio Climático, referente empresarial en materia de cambio climático, como parte de su objetivo de colaboración con las Administraciones Públicas busca, a través de este documento, ofrecer su apoyo y demostrar el compromiso empresarial activo en la lucha contra el cambio climático», ha concluido Granda. En materia de gobernanza climática, el clúster apuesta por una atribución clara de competencias en el sistema de gobernanza nacional, autonómico y local; la existencia de un organismo independiente consultivo, de control y seguimiento compuesta por personas de reconocido prestigio en materia climática y sus aspectos socioeconómicos.

Entre las propuestas hay incentivos económicos, fiscales y financieros para apoyar al sector privado en el avance hacia una economía baja en carbono, asegurando el alineamiento con los objetivos de París. El clúster ha citado entre las herramientas disponibles, la posibilidad de considerar el precio de carbono como herramienta que las empresas pueden utilizar para gestionar los riesgos y oportunidades asociados a su huella de carbono e internalizar los costes derivados de las emisiones invernadero.

El Gobierno veta la ley balear para prohibir las prospecciones en el Mediterráneo por reducir los ingresos en 4,7 millones

Europa Press.- El Gobierno vetó la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de Baleares contra las prospecciones en el Mediterráneo alegando que implicaría una reducción de ingresos por importe de 4,7 millones de euros, así como un aumento del gasto por encima de los 160 millones de euros para compensar a las empresas. Se trata de una Ley aprobada por el Parlamento balear sobre la protección del Mediterráneo de los daños que pueda producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos.

En su escrito de disconformidad, el Gobierno comienza señalando que la iniciativa provocaría una disminución de los ingresos en 4,7 millones de euros, procedentes del impuesto y la tasa que grava actualmente estas actividades, que dejarían de ingresarse y que podría incrementarse. Este Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados, según señala el Ejecutivo, grava el valor de los productos de dominio público extraídos en el ámbito de aplicación del impuesto, una vez realizado el primer tratamiento de depuración y separación de los mismos. «La base imponible del impuesto está constituida por el valor de la extracción del gas, petróleo y condensados», apunta el Gobierno.

«Atendiendo a los proyectos actualmente existentes, la aprobación de la ley podría suponer un impacto presupuestario mínimo de 4,7 millones de euros en concepto de tarifas tercera (perforación de sondeos en permisos de investigación y concesiones de explotación) y cuarta (adquisición de campañas sísmicas en autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación) del canon de superficie», apunta.

Pero este no es el único argumento del Ejecutivo para vetar este propuesta ya que, según señala, su aprobación también supondría un aumento de los créditos presupuestados en, al menos, 164 millones de euros. Esta subida sería consecuencia de las exigencias de responsabilidad patrimonial de los titulares actuales de concesiones de explotación de hidrocarburos en el área. El Gobierno señala que estas concesiones son títulos demaniales que autorizan a su titular a realizar el aprovechamiento de los recursos descubiertos, así como a proseguir los trabajos de investigación en el área.

«La actividad de la empresa titular se rige por el principio de riesgo y ventura pero dicho riesgo se asume en la legítima expectativa de un beneficio económico en caso de encontrarse hidrocarburos», apunta el Gobierno. Así, el Ejecutivo señala que, atendiendo al valor de las reservas probadas existentes, se estima que se incurriría en una posible responsabilidad patrimonial por valor de 164 millones de euros, suponiendo un precio del petróleo de 50 dólares, y al tipo de cambio actual.

Ciudadanos trabajará contras las prospecciones

Por su parte, Ciudadanos de Baleares criticó el veto a la proposición de ley balear contra las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo que «demuestra que el PP no está por la labor de lograr un Mediterráneo libre de hidrocarburos«, y aclara que se trata de un veto del Gobierno ejercido dentro de las facultades que le otorga la Constitución. En este sentido, la diputada autonómica de Ciudadanos Baleares, Olga Ballester, explicó que «el Gobierno tiene la capacidad que le otorga la Constitución de vetar iniciativas legislativas que suponen modificación del presupuesto o disminución de ingresos».

En este sentido, ha precisado que el poder legislativo «no puede anular esa prerrogativa que posee el poder ejecutivo y que le otorga la Constitución», y ha apuntado que, si la Mesa se opone a que el Gobierno ejerza esa facultad de veto, «su decisión sería en breve tumbada por el Tribunal Constitucional, quedando la tramitación de la proposición de ley anulada. Un bucle que nos retorna a la situación inicial», ha aseverado al respecto.

«En Ciudadanos apostamos por hacer política útil y no de cara a la galería, por lo que seguiremos trabajando por otras vías como es la negociación directa con el Gobierno para conseguir un Mediterráneo libre de prospecciones», reivindicó. «En Ciudadanos trabajamos por un compromiso político para lograr un Mediterráneo libre de hidrocarburos, así como un modelo energético sostenible«, ha aseverado la diputada, quien ha recalcado que los proyectos de prospecciones petrolíferas «ponen en riesgo el equilibrio ecológico, así como nuestros principales sectores productivos», concluyó Ballester.

La Alianza Mar Blava cree que es «inaceptable» que el Gobierno vete la proposición de Ley para prohibir las prospecciones

Europa Press.- La Alianza Mar Blava ha considerado «inaceptable» la decisión del Gobierno central de vetar la proposición de Ley de protección del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos, basándose «en argumentos de escasa relevancia o, directamente, falsos«, según han criticado.

Apurando el plazo del que disponía, el Ejecutivo central envió a la Mesa del Congreso un escrito oponiéndose a la tramitación de esta proposición de Ley argumentando que su aprobación «supondría un aumento de los créditos presupuestarios y una disminución de los ingresos presupuestarios». Mar Blava ha considerado que esa «lamentable» decisión del Gobierno demuestra su «nulo interés por la protección medioambiental del Mediterráneo, la hipocresía de su supuesto compromiso con la descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio climático», así como el «enorme desprecio que ese veto supone hacia Baleares y sus representantes políticos» pues esta proposición de Ley fue impulsada por la Alianza Mar Blava y entregada al Parlamento balear, donde obtuvo un respaldo unánime.

Curiosamente, reprocharon, mientras el Gobierno se oponía a proteger las aguas españolas del Mediterráneo frente a las prospecciones de hidrocarburos, el Gobierno francés ha anunciado para este próximo otoño la aprobación de una Ley para prohibir en toda Francia y en sus territorios de ultramar la exploración de hidrocarburos. «Toda una demostración de voluntad política por parte del Ejecutivo galo, voluntad de la que carece el Gobierno de Rajoy», criticaron.

La Alianza Mar Blava insiste en la validez legal de esta proposición de Ley: «Es perfectamente legal que cualquier Estado declare la no explotación de un determinado recurso en todo o en parte de su zona económica exclusiva o de su plataforma continental. La explotación de los recursos naturales se concibe siempre como una facultad y no como una obligación».

Pide levantar el veto gubernamental

Mar Blava ha aclarado que el veto del Gobierno puede ser levantado por la Mesa del Congreso ya que tiene la posibilidad de admitir la proposición de Ley, a pesar de la disconformidad planteada por el Gobierno. Así, han pedido a Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos que sumen sus votos en la Mesa para levantar el veto del Gobierno a la tramitación de esta proposición.

Según Mar Blava, el informe de veto del Gobierno tiene dos argumentos. El primero es que el Gobierno manifiesta que, con respecto al reciente impuesto sobre el valor de la extracción de hidrocarburos, la proposición «podría suponer un impacto presupuestario mínimo», según el Ejecutivo. En cuanto al segundo y último argumento, el Gobierno señala que con la aplicación de esta proposición no se podrían dar nuevas prórrogas de las concesiones y que el Gobierno se vería sujeto a posibles reclamaciones patrimoniales. «Ese argumento falta a la verdad puesto que el promotor puede pedir las prórrogas pero el Estado no está obligado a darlas«, han concluido.

Podemos habla de “manía persecutoria”

Por su parte, el secretario general de Podemos en la comunidad autónoma balear, Alberto Jarabo, ha afirmado que el informe del Gobierno central, que veta la proposición de Ley de Baleares que pretende prohibir las prospecciones en el mar Mediterráneo, demuestra la «manía persecutoria» del Gobierno hacia las Islas» que denota, en su opinión, una «falta de respeto hacia la gente de Baleares». Por ello, Jarabo ha indicado que su formación «coincide» con los argumentos de la Alianza Mar Blava.

«Coincidimos con el diagnóstico de Mar Blava, porque el Gobierno entiende que esto puede afectar al presupuesto, cuando lo que sí que provoca es una alarma social en una comunidad turística como es la nuestra», censuró al respecto. Por último, el líder de Podemos indicó que «no nos merecemos que se amparen en estas argucias legales» y, en este sentido, reivindica que el Estado español «se merece un gobierno de centro y no un PP que está parasitando las instituciones».

Renault crea en Aranjuez un parque infantil hecho con neumáticos que genera energía con el movimiento de sus columpios

Europa Press.- Renault ha creado un parque infantil hecho con neumáticos y que genera energía sostenible en colaboración con su Fundación para la Movilidad Sostenible (FRMS), como respuesta a las 200.000 toneladas anuales de neumáticos fuera de uso que se generan en España. El parque infantil estará situado en el colegio Maestro Rodrigo de Aranjuez (Madrid), que incluso ha puesto en marcha una iniciativa para utilizar el juego como herramienta de concienciación energética.

Los columpios y las zonas de juego se han construido reciclando neumáticos y el movimiento de sus columpios se transforma en energía eléctrica con la que se alimentará el sistema de riego por goteo y el hilo musical del centro. La puesta en marcha del parque, que se inaugurará para coincidir con los campamentos de verano, ha contado con la colaboración de Basurama, expertos en la reutilización creativa de residuos, y de Creática, encargada de dispositivos de recuperación de energía. Además, los neumáticos usados en la iniciativa han sido apadrinados a través de la web www.neumáticosquedejanhuella.es donde se invita al usuario a poner nombre al neumático que más le guste.

El Gobierno central y Castilla-La Mancha crean un grupo de trabajo para solucionar «discrepancias» en torno a la ley antifracking

Europa Press.- El Gobierno central y el Ejecutivo autonómico de Castilla-La Mancha han creado un grupo de trabajo para solucionar las «discrepancias» surgidas en torno a la Ley de Castilla-La Mancha por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, conocida como ley antifracking.

Así consta en una resolución de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. En el marco de la comisión bilateral de cooperación Administración General del Estado-comunidad autónoma de Castilla La Mancha en relación a la ley Antifracking, aprobada en las Cortes regionales el pasado 9 de marzo, ambas instituciones han acordado «iniciar negociaciones para resolver las discrepancias suscitadas en relación con la norma y designar un grupo de trabajo para proponer a la comisión bilateral de cooperación la solución que proceda». De igual modo, ambos Ejecutivos han comunicado este acuerdo al Tribunal Constitucional, así como insertar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.

WWF alerta de que 4,5 millones de viviendas en España no pueden mantener la temperatura adecuada en verano

Europa Press.- WWF ha lanzado su informe Rehabilitación energética de viviendas en el que destaca que la regeneración de edificios es una inversión social imprescindible debido a los fenómenos climatológicos extremos. En este sentido, advierte de que 4,5 millones de viviendas en España no pueden mantener la temperatura adecuada en verano y 3,3 millones no lo logran en invierno.

WWF denuncia que una parte de la población de las ciudades se encuentra en una situación muy vulnerable al calor, puesto que sus hogares necesitan de una cantidad de energía que en muchos casos los inquilinos no se pueden permitir pagar. Por ello considera que la regeneración energética de edificios puede ser la forma de afrontar esta situación. Según el técnico de Eficiencia Energética de WWF, Georgios Tragopoulos, «la rehabilitación es un vehículo para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas» y destaca que esta medida «debe ser una política social más que una operación económica».

En este sentido, WWF ha pedido al Gobierno que incorpore esta perspectiva sanitaria en las políticas de vivienda, y demanda que se incluya información sobre el cambio climático en el diseño de las viviendas para que se adapten a las previsibles situaciones futuras. La OMS achaca un 30% de la mortalidad adicional de invierno a las malas condiciones de las viviendas, que en el caso español, pueden suponer la muerte de una media de más de 800 personas, cifra que se prevé que aumente a medida que avanza el cambio climático y envejece la población.

ANFABRA reduce consumo un 21%

La Asociación de Bebidas Refrescantes (ANFABRA) ha elaborado un informe en el que da a conocer los datos de los compromisos medioambientales asumidos por el sector para la década de 2010-2020: se han cumplido el 90% de los objetivos y se destaca que el consumo de energía de estas empresas se ha reducido en un 21% desde 2010 a 2016. Además se presentó un dossier que recoge 30 buenas prácticas implementadas por las empresas. «Queremos mantenernos como un sector de referencia en la gestión ambiental y nuestra apuesta se traduce en acciones concretas» señaló el presidente de ANFABRA, John Rigau.

El informe indica que el compromiso de disminuir el consumo de energía en un 20% ya se ha superado, consiguiendo una reducción del 21% en 6 años. El consumo energético más relevante del sector es el de electricidad, suponiendo cerca de la mitad del total, seguido por el de gas natural. También se redujo el consumo de agua en un 17%. La organización señala que es prioritario para el sector mantener su compromiso de sostenibilidad.

Las organizaciones ecologistas piden al PP que apoye la iniciativa de Baleares para proteger el Mediterráneo contra las prospecciones petrolíferas

Europa Press.- Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF instan al Partido Popular a que apoyen una proposición de Ley de protección del Mediterráneo contra las prospecciones de hidrocarburos para cumplir con el «compromiso» expresado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha dicho que España estará en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático.

Así, consideran que la proposición de Ley sobre la protección del mar Mediterráneo bajo jurisdicción española de los daños que pudieran producir la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos y otras sustancias minerales contribuiría a la descarbonización de la economía española. La iniciativa fue impulsada por la plataforma Alianza Mar Blava y fue aprobada en abril por el Parlamento balear por unanimidad (PP, PSOE, MÉS per Mallorca, Podemos, El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca y Grupo Mixto) y ha iniciado ya su andadura en las Cortes Generales.

La propuesta balear establece la exclusión de las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales, en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el que España tenga jurisdicción, así como la exploración a través de adquisiciones sísmicas sea cual sea su finalidad, excepto que esté científicamente demostrado que utilizan tecnologías completamente inocuas. Asimismo, la disposición adicional señala que las explotaciones vigentes se mantendrán hasta su extinción sin que se puedan otorgar prórrogas «de ningún tipo».

Las ONG consideran que esta propuesta es plenamente constitucional y no vulnera normativa ninguna ya que cualquier Estado puede declarar la no explotación de un determinado recurso en todo o en parte de su zona económica exclusiva o de su plataforma continental. La explotación de los recursos naturales se concibe siempre como un derecho y no como una obligación. De hecho, entre otros ejemplos, Francia tiene establecida desde hace varios años una moratoria a la exploración y explotación de hidrocarburos en sus aguas del Mediterráneo.

Greenpeace reivindica las energías renovables

La organización ecologista Greenpeace pintó un sol de 50 metros de diámetro en la plaza Francesc Macià de Barcelona para reivindicar las energías renovables. Después de una acción similar por la cumbre del cambio climático en París de 2015, un grupo de activistas han utilizado 2.000 litros de pintura ecológica para trazar un sol alrededor de la plaza barcelonesa con rayos extendidos en diferentes vías de la glorieta. Con esta protesta, la organización ha criticado la «falta de responsabilidad» del Gobierno central para cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París, para recordar que la energía limpia es un derecho y reclamar la eliminación del impuesto al sol.

La OCDE califica de «demasiado lenta» e «insuficiente» la transición energética hacia las energías renovables

Europa Press.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que ningún gobierno está demostrando una adecuada transición energética hacia las energías renovables y la califica incluso de «demasiado lenta» e «insuficiente». Así se desprende del informe Indicador de Crecimiento Verde 2017 en el que incluye el análisis de hasta 46 países a los que la OCDE aconseja desconectar de los combustibles fósiles y avanzar en la transición energética.

«Aunque existen signos de avance en materia de medioambiente, normalmente se suele observar que cada país se centra en un aspecto concreto y se atasca en otro», indicó el director de Medio Ambiente de la OCDE, Simon Upton, que añadió que «se necesita que los esfuerzos se realicen por igual en todos los ámbitos». En este sentido, Upton destacó los esfuerzos de Luxemburgo, Islandia, Dinamarca, Noruega y Holanda, y señaló que son los países que «mejores resultados totales» obtuvieron en el análisis de todas las variables de una ratio que pone en relación el crecimiento económico y las presiones medioambientales.

De igual forma, el organismo internacional sitúa a Dinamarca, Estonia, Reino Unido, Italia y Eslovaquia como los países que más han progresado en energías verdes desde el año 2000. A su vez, entre las economías no pertenecientes a la OCDE, Colombia y Costa Rica son los que mejores resultados obtienen en el uso de energías renovables. En este sentido, la OCDE celebró que «las principales economías sean más eficientes en el uso de recursos naturales», no obstante, advirtió de que «la presión medioambiental permanece elevada, especialmente por las emisiones devengadas a través del comercio internacional».

Así, el informe hace alusión a la productividad del carbono (PIB por unidad de CO2 emitido) y señala que esta ratio ha mejorado, ya que en la mitad de los 35 países pertenecientes a la OCDE ya no se da el tándem aumento de emisiones junto al crecimiento económico. Suiza y Suecia registraron el nivel más alto de productividad de carbono, mientras que Eslovaquia, Letonia y Polonia redujeron sus emisiones a medida que el PIB aumentaba. No obstante, cuando se incluye el CO2 emitido durante las etapas de producción de bienes y servicios en el extranjero, solo 12 países de la OCDE «desacoplan» las emisiones del PIB. Al generar 1.000 dólares del PIB, se emiten unos 260 kilogramos de CO2.

El Gobierno subvencionará hasta el 80% de proyectos municipales de autoconsumo de electricidad en localidades de menos de 20.000 habitantes

Europa Press.- El Gobierno subvencionará hasta el 80% de proyectos desarrollados por municipios de menos de 20.000 habitantes encaminados a la mejora de la eficiencia energética, entre los que se incluye la instalación de placas solares de autoconsumo de electricidad. En el caso del autoconsumo fotovoltaico, tanto aislado como conectado a la red eléctrica, los proyectos elegibles por el programa estatal deben tener una potencia instalada superior a 5 kilovatios (kW) y conllevar inversiones de entre 50.000 y 1 millón de euros.

Estos detalles aparecen recogidos en el real decreto 616/2017 acerca de la concesión de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono como parte del programa Feder para el periodo 2014-2020. La norma permitirá destinar 336 millones de euros a estos proyectos. El porcentaje de cofinanciación con fondos Feder varía en función de los índices de desarrollo establecidos por el programa. Va del 50% en Madrid, Cataluña, Navarra, País Vasco, Baleares o Aragón al 80% de Andalucía, Asturias, Extremadura o Galicia.

El programa identifica 16 medidas concretas, entre las que se incluyen el autoconsumo en sus diversas modalidades, así como geotermia, instalaciones solares de calor, redes de distribución de fluidos térmicos o sistemas de bomba de calor. Al combinarse con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, el plan permitirá movilizar más de 500 millones de euros y se convertirá en la mayor ayuda en el ámbito de la eficiencia energética destinada hasta la fecha a los pequeños municipios. Para obtener la ayuda, estos municipios deberán reducir las emisiones de dióxido de carbono mediante la ejecución de proyectos singulares de ahorro y eficiencia energética, movilidad urbana sostenible y uso de energías renovables.