La petrolera Cepsa invirtió 12,5 millones de euros en 2016 en sus centros de San Roque (Cádiz)

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EFE.- Cepsa invirtió 12,5 millones de euros en mejoras medioambientales durante 2016 en sus centros de San Roque (Cádiz), según reflejan las declaraciones medioambientales anuales. La compañía ha explicado que en la Refinería Gibraltar-San Roque las concentraciones medias anuales burbuja fueron notablemente inferiores a los límites que fija la Autorización Ambiental Integrada (AAI), con valores de concentración similares a los del año anterior y por debajo de los valores permitidos (un 21% inferior en el caso de partículas y un 13% inferior en SO2).

En 2016, las emisiones de SO2 alcanzaron un mínimo histórico, permaneciendo en 3.675 toneladas por año, lo que supone una reducción del 13% respecto a 2015, un 61% menos respeto a 2006. Las causas de estas reducciones paulatinas en las emisiones de SO2 se encuentran en una mejora en la calidad de los combustibles, conseguido gracias al aumento del consumo de gas natural y a las mejoras implantadas en las unidades de recuperación de azufre y de tratamiento con aminas, que hacen que el fuel gas de consumo esté prácticamente exento de azufre. En las plantas químicas, al utilizarse únicamente combustibles gaseosos, las emisiones de partículas y SO2 son mínimas.

En lo que se refiere a las emisiones de mOx, se mantiene en valores similares a los del año anterior y por debajo de los límites establecidos. En lo relativo a los efluentes líquidos, el volumen en el punto principal de vertido fue un 10% inferior al autorizado. La calidad del vertido se mantiene en el promedio con un cumplimiento del 100% en el agua tratada. En cuanto a la eficiencia energética, el índice de intensidad que engloba todos los consumos energéticos en las instalaciones, como el gas natural, la energía eléctrica y el fuel, ha sido de 79,6 puntos.

En cuanto a las emisiones de CO2, el balance total de emisiones en 2016 es de un déficit de 59.789 toneladas de derechos de CO2 y para la planta química de Puente Mayorga de 49.195 toneladas de derechos de CO2. La gestión medioambiental de Cepsa no se limita al control del impacto de su actividad, sino que se extiende a cuestiones tan sensibles como la formación ambiental de los empleados propios y de las empresas que prestan servicio en las instalaciones de la compañía o la comunicación con la sociedad.

UGT reclama acelerar los plazos para contar con una Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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Europa Press.- La Unión General de Trabajadores (UGT) ha reclamado acelerar los plazos para establecer una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que sea capaz de frenar los efectos del cambio climático.

En la misma línea, ha exigido al Gobierno el compromiso de fondos para la financiación de las medidas necesarias, que se deben incluir en un Plan Estratégico sobre Transición Justa, hacia un nuevo modelo productivo y energético, que proteja a las personas trabajadoras con el desarrollo de sectores alternativos sostenibles y bajos en carbono.

Para el sindicato, la actividad humana ha provocado «un aumento» de gases de efecto invernadero y de la temperatura global, haciendo, a su juicio, «insostenible» el clima. Sin embargo, ha asegurado que muchos colectivos «niegan la existencia del cambio climático», le «restan importancia» o afirman que las medidas para luchar contra el mismo «inevitablemente perjudicarán el crecimiento económico».

Además, ha recordado que, desde hace «más de 25 años», el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), integrado por científicos de todo el mundo, alerta sobre el cambio climático y propone soluciones de mitigación y adaptación al mismo.

El sindicato ha subrayado que los estudios sobre cambio climático, a nivel europeo, señalan que las mayores consecuencias afectarán al sur de Europa y en especial a España, con las consiguientes pérdidas económicas, ecológicas y sociales. Consecuencias, en su opinión, «cada vez más evidentes».

Asimismo, ha afirmado que el aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera está provocando sequías, olas de calor y cambios en el régimen de lluvias, siendo «más escasas» a lo largo del año, pero «más torrenciales y destructivas».

Por ello, UGT propone «estabilizar y revertir» la tendencia de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante una «profunda transformación» en todos los sectores productivos, con inversiones que apuesten por el desarrollo de tecnologías de bajas emisiones de carbono y medidas de ahorro y eficiencia en el uso de la energía.

Igualmente, ha pedido que este «esfuerzo inversor» para avanzar hacia la economía de la descarbonización, se acompañe de cambios en el estilo de vida de la ciudadanía, basados en un consumo responsable a la hora de elegir productos y/o servicios respetuoso con el medio ambiente.

Para UGT, es «necesario concienciar» en los centros de trabajo sobre los impactos del cambio climático y establecer soluciones para hacer posible una transición socialmente justa. «Se debe lograr una mayor eficiencia energética, exigiendo, desde el Diálogo Social la investigación, la innovación y la formación imprescindibles para el mantenimiento y la generación de empleos decentes y de calidad», ha precisado.

Por todo ello, el sindicato insistirá en la «necesidad de acelerar los plazos» para contar «cuanto antes» con una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que permita «contrarrestar» y realizar un «mayor esfuerzo» para frenar el cambio climático y sus efectos.

España redujo sus emisiones un 3,5% en 2016 gracias a la hidroeléctrica

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EFE.- España emitió 323,8 millones toneladas de CO2 en 2016, un 3,5% menos que en 2015, debido a un notable descenso de gases por parte del sector eléctrico, fruto de una caída del 29% en el uso del carbón y un incremento de la generación hidroeléctrica del 25,5% respecto al año anterior.

Así lo indica el avance de emisiones de gases de efecto invernadero del año 2016 recién enviado por el Gobierno a la Comisión Europea.

El documento del Gobierno pone de manifiesto que las emisiones globales de España en 2016 fueron un 13% superiores respecto a 1990 (año de referencia para el sector industrial), pero un 26% inferiores a las de 2005 (año de referencia para el sector difuso, que incluye agricultura, transporte, edificación o residuos y cuyas reducciones dependen, en parte, de las políticas estatales).

En esa línea, España se ha comprometido internacionalmente a que, en 2020, las emisiones de su sector industrial hayan descendido un 21% respecto a 1990 y las de los sectores difusos un 10% respecto a 2005.

Los gases de la industria (cemento, papeleras, química, siderurgia y otros minerales), que supusieron el 38% del total en 2016, cayeron un 10%, mientras que las de los sectores difusos crecieron un 0,9% respecto al año anterior.

Los datos hablan de que el principal factor que influyó en que los gases contaminantes cayeran un 3,5% el pasado año fue la disminución de las emisiones del sector eléctrico en cerca de un 20%, motivado por la sustitución del carbón por la energía hidroeléctrica en un año que fue un 5% más húmedo de lo normal.

Sin embargo, el transporte, la actividad tras la industria que más contamina en España representando un 27% del total de gases, aumentó sus emisiones un 3,1% respecto a 2015, debido a un incremento de las del transporte por carretera (del 3,2%), y del aéreo (4,6%), mientras que en el ferrocarril y la navegación doméstica cayeron un 2 y un 4,9%, respectivamente.

Por su parte, los ecosistemas del territorio español absorbieron 38 millones de toneladas de CO2 de la atmósfera en 2016, una cifra un 2% inferior a la de 2015 debido principalmente a los incendios, y a que hubo menos repoblaciones.

En cuanto al tipo de gas de efecto invernadero, el 80% de lo emitido fue dióxido de carbono (CO2), el 12% metano (un gas unas veinte veces más potente que el CO2 en su contribución al cambio climático), el 5% dióxido de nitrógeno (N2O) y el 3% gases fluorados, que han caído desde que pesa sobre ellos un impuesto ambiental.

La directora de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) del Gobierno, Valvanera Ulargui, ha indicado que «el descenso de emisiones del 3,5%, en el contexto de un año en el que el PIB creció un 3,2%, muestra un año más que España está desacoplando las emisiones del crecimiento económico«.

En opinión de Javier Andaluz, portavoz de cambio climático de Ecologistas en Acción, «la abundante producción hidroeléctrica de 2016, impensable en un año seco como este, enmascara un continuo crecimiento de las emisiones del estado español y la falta de apuestas estructurales ambiciosas para luchar contra el cambio climático».

Andaluz ha destacado que «no ha habido un cambio de modelo energético que permita vislumbrar una apuesta seria por combatir el cambio climático», y que 2016 estuvo marcado por «la falta de instalación de nueva potencia renovables y el incremento del gas en la producción eléctrica«.

El portavoz de Ecologistas ha concluido que «las metas de reducción de emisiones comprometidas por el Gobierno español están muy por debajo de su capacidad real» para disminuir gases contaminantes y «muy por debajo de los compromisos adquiridos por los países del entorno».

CLH invirtió casi 37 millones en tres años en proyectos medioambientales

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EFE.- El Grupo CLH, propietario de la red española de oleoductos, invirtió cerca de 37 millones de euros en proyectos medioambientales en el periodo 2014-2016 para utilizar sus recursos de forma más eficiente, ha informado hoy la empresa.

La compañía ha completado el plan de estudios medioambientales que inició en 2012 en colaboración con la asociación ecologista GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat) para medir la integración de sus oleoductos en zonas de especial riqueza biológica.

Según CLH, los estudios realizados durante los últimos cuatro años concluyen que los tramos analizados no interfieren en el desarrollo de las especies animales y vegetales de su entorno.

En total, CLH y GREFA han analizado cerca de 200 kilómetros de espacios naturales protegidos en nueve comunidades autónomas.

La empresa también ha realizado nuevos estudios de protección de suelos para conocer el estado del terreno de diferentes instalaciones mediante la toma de muestras de aguas subterráneas y la instalación de sensores.

En materia de eficiencia energética, CLH ha incorporado dispositivos más eficientes en su red logística para ahorrar energía y reducir las emisiones asociadas.

CLH ha completado estas actuaciones con la verificación y el cálculo de la huella de carbono derivado de sus actividades.

Según la empresa, el uso de oleoductos para el transporte de combustible durante 2016 evitó la emisión a la atmósfera de 366.000 toneladas de CO2.

La eléctrica española Iberdrola construirá un parque eólico de 200 MW en Texas (Estados Unidos) por 256 millones de euros

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EFE.- Iberdrola construirá un parque eólico en Texas, que tendrá una potencia de 200 megavatios (MW) y en el que invertirá 300 millones de dólares (unos 256 millones de euros), según anunció la compañía. El parque, que generará energía para Austin, la capital texana, durante los próximos 15 años, se construirá entre 2018 y 2019. Para este proyecto, Iberdrola ha firmado con la empresa Austin Energy un contrato de venta de energía a largo plazo (PPA).

Iberdrola, que opera en Estados Unidos desde finales de 2015 a través de su filial Avangrid, será la propietaria y operará el parque eólico, y la energía eléctrica que genere será distribuida a la ciudad tejana, que tiene cerca de un millón de habitantes. En las próximas semanas, Iberdrola se decidirá entre las varias alternativas de que dispone para ubicar este parque. Los contratos PPA garantizan la rentabilidad de las instalaciones energéticas en Estados Unidos durante un largo periodo de tiempo, ha explicado Iberdrola, que ha firmado acuerdos con multinacionales norteamericanas para el suministro de energía en sus instalaciones desde parques eólicos de la eléctrica.

Avangrid es el tercer operador eólico de Estados Unidos, con cerca de 6.200 MW de potencia eólica instalada, y opera en veinticinco Estados. La empresa, fruto de la integración de Iberdrola USA y UIL Holdings Corporation, cuenta con unos activos por valor de 26.411,49 millones de euros y recientemente ha construido diferentes instalaciones en Estados Unidos, como el complejo Peñascal, de 606 MW de potencia y que es la mayor instalación eólica de Avangrid en todo el mundo. Además, en estos momentos desarrolla en el área de California los proyectos El Cabo, de 298 MW, y Tule, de 132 MW.

Medio Ambiente selecciona 94 propuestas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en diferentes sectores como el transporte

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Europa Press.- La directora general de la Oficina Española de Cambio Climático Valvanera Ulargui, ha presidido el Consejo Rector del Fondo Español de Carbono (FES-CO2), que ha seleccionado 94 de las 109 propuestas presentadas a la Convocatoria 2017 de Proyectos Clima, que busca reorientar la actividad económica hacia modelos bajos en carbono, según ha indicado el organismo.

Los proyectos seleccionados abarcan sectores como transporte, residencial, comercial e institucional, residuos, agricultura, fluorados e industrias no sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión, tal y como ha explicado el Ministerio de Medio Ambiente. Según el Ministerio, las propuestas deberán, además, presentar cálculos estimativos de reducción de emisiones efectuados con arreglo a metodologías aprobadas por el Consejo Rector. A partir de ahora, los promotores de las iniciativas seleccionadas podrán presentar un documento de proyecto definitivo en el que se concrete el diseño y principales características de sus propuestas, para efectuar la selección definitiva.

Por otro lado, el Consejo Rector también ha aprobado nuevas metodologías de cálculo de reducción de emisiones para proyectos de conexión de barcos a la red eléctrica de puertos. A juicio del Ministerio, el Fondo de Carbono FES-CO2 se ha constituido como un «útil instrumento de financiación climática», que busca reorientar la actividad económica hacia modelos bajos en carbono al mismo tiempo que se contribuye al cumplimiento de los objetivos internacionales en materia de reducción de emisiones de gases invernadero.

Bruselas teme que vetar los diésel en ciudad penalice al usuario y al desarrollo de motores limpios

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Europa Press.- La Comisión Europea ha pedido a los gobiernos europeos prudencia a la hora de promover la prohibición de circular en ciudad a vehículos con motor diésel, como medida preventiva tras el escándalo del fraude de emisiones, por temor a que una medida de este tipo penalice a los consumidores y a los fabricantes que desarrollan motores más limpios.

Bruselas cree que llegado el caso debería ser una medida de último recurso y tomada de manera coordinada y gradual en el conjunto de los Estados miembros para evitar el «colapso» del mercado de diésel, según una carta de la comisaria de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska, enviada a los ministros de Transporte de la Unión Europea (UE). «Si bien estoy convencida de que debemos avanzar rápidamente hacia las cero emisiones de los vehículos en Europa, los legisladores y la industria no pueden tener interés en un colapso rápido del mercado del diésel como consecuencia de prohibiciones locales», explica la comisaria en la carta que han recibido los Veintiocho.

Necesitan fondos para seguir investigando

A juicio de la comisaria, uno de los primeros efectos de una medida así sería que la industria se vería «privada de los fondos necesarios para invertir» en vehículos con cero emisiones. Por ello, pide que se recurra a las restricciones de circulación sólo si es «inevitable» y que, llegado el caso, se lleven a cabo siguiendo criterios similares en el conjunto del Mercado Único. Lo que acepta la comisaria es que se prohíba la circulación «tan pronto como sea posible» de los vehículos que no cumplan con los límites de emisiones contaminantes, porque hayan sido trucados por los fabricantes en el proceso de producción.

También insta a los Estados miembros a continuar el «diálogo» con la industria del automóvil para seguir avanzando en la investigación para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en ciudad. Asimismo, un portavoz comunitario ha explicado que Bruselas cree que las restricciones que se impongan en la circulación de las ciudades deben de estar «primero y sobre todo» basadas en las emisiones contaminantes y «no en el tipo de carburante» del vehículo. En cualquier caso, el portavoz ha añadido que el Ejecutivo comunitario aplaude los esfuerzos de los Estados miembros para «proteger la salud» de los ciudadanos y mejorar la calidad del aire.

El Gobierno confirma a los sindicatos mineros que aprobará un decreto para impedir el cierre de las térmicas consideradas “estratégicas”

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Europa Press.– El Gobierno aprobará próximamente un real decreto “para impedir el cierre de las centrales térmicas que considere estratégicas”, según aseguró el secretario de Minería de UGT FICA, Víctor Fernández tras reunirse para abordar el futuro del carbón con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que confirmó este extremo.

«Estamos en contra del cierre de las centrales térmicas porque son necesarias para el país», subrayó Fernández, quien aseguró que, de todas maneras, «el tema prioritario es que se compre carbón autóctono«, ya que apenas se han vendido 2,4 millones de toneladas carbón nacional frente a los 17 millones de toneladas de carbón de importación. «Es inadmisible, debe reequilibrarse», aseveró.

Enel, principal accionista de Endesa, confirmaba en mayo que, en base a la vigente normativa ambiental y teniendo en cuenta las actuales condiciones del mercado, cerraría sus centrales de carbón de Compostilla (León) y Andorra (Teruel) antes del 30 de junio de 2020. Asimismo, Gas Natural Fenosa también anunció que acometería un «cese paulatino» de la actividad de su central térmica de Anllares hasta 2019.

Por su parte, el secretario de Industrias Extractivas de CCOO, Jesús Crespo, indicó que hay que «dejar al Ministerio que actúe, ya sea a través de un real decreto o de los mecanismos que tenga», para que las justificaciones para el cierre de las centrales «sean mayores de las que se están diciendo«. Asimismo, Energía y los sindicatos han acordado retomar las reuniones, «ya sea como Comisión de Seguimiento o como se quiera», a partir de septiembre, con el objetivo de trabajar por el futuro del sector, indicó Fernández, que mostró su deseo de que estas reuniones tengan carácter mensual.

A este respecto, los sindicatos piden abordar la situación del sector con Europa para que el carbón «siga teniendo futuro» y trabajar en un dictamen para dar a conocer el marco de actuación de la minería del carbón dentro de la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Además, han propuesto al Ministerio analizar la situación del sector para 2017-2018 y llevar a cabo a partir de 2019 un nuevo plan social. Mientras, Crespo, que valoró que el diálogo con el Ministerio de Energía «se mantenga abierto», insistió en la necesidad de que el carbón nacional siga «siendo parte del mix energético«.

Ciudadanos quiere prohibir las prospecciones en el Mediterráneo europeo mientras el PSOE exige que comparezca Nadal para explicar su veto

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Europa Press.- El grupo socialista del Congreso exigió la comparecencia del ministro de Energía, Álvaro Nadal, para explicar su veto a la tramitación de la ley para prohibir las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo. Por su parte, los diputados de Ciudadanos, Antoni Cantó, portavoz de la Comisión de Medio Ambiente, y Fernando Navarro, han asegurado a la Alianza Mar Blava que mantienen su «total apoyo» a esta ley y que les gustaría ampliar la prohibición a «todas las aguas europeas del Mediterráneo».

Desde la Alianza se ha insistido a los representantes de Ciudadanos en que la prerrogativa que tiene el Gobierno central de vetar una proposición de ley tiene que basarse en argumentos ciertos, lo que «no es el caso del veto» del Gobierno. Según dicen, la justificación de este veto se basa «en argumentos que no se sostienen jurídicamente y, además, que un veto sólo está justificado cuando hay una afección real al presupuesto corriente», es decir, a los Presupuestos estatales que están en vigor, y que «ese tampoco era el caso» con la proposición de Ley de protección del Mediterráneo.

Por esto, les han aportado a Ciudadanos un informe jurídico sobre «la falsedad» de los argumentos del veto del Gobierno. En este sentido, los representantes de Ciudadanos aseguraron que lo que habían hecho había sido pedir «inmediatamente» explicaciones al Gobierno sobre los argumentos económicos contenidos en su informe de veto. De esta manera, en virtud de la respuesta del Gobierno, que tendría que ser enviada, de acuerdo con los plazos, a principios de agosto, y de lo «convincente» que ésta fuera, tendrán que replantearse su veto en la Mesa del Congreso, la cuál no se reunirá hasta mediados de septiembre.

PSOE exige comparecer a Nadal

El diputado socialista por Baleares, Pere Joan Pons, ha reclamado explicaciones al ministro por su bloqueo a una ley que «surgió de la iniciativa popular y que fue aprobado por unanimidad» de todos los partidos en el Parlamento autonómico, «incluso con los votos del PP aunque ahora su portavoz reconozca que no lo deberían haber hecho», según indicó el PSOE.

Con todo, Pons ha recordado que los socialistas del Congreso han defendido en varias ocasiones la tramitación de esta iniciativa legislativa tras el veto de la Mesa, pidiendo a este órgano que reconsidere su decisión siguiendo el camino marcado por el Gobierno. Así, los socialistas pretenden que el ministro de Energía explique a la ciudadanía por qué el Gobierno no quiere prohibir las prospecciones petrolíferas en aguas del Mediterráneo y recordaron el «peligro ambiental y económico que suponen estas actividades ante las costas de Baleares».

El Gobierno abre la consulta pública de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética hasta el próximo octubre

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Europa Press.- Los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) han abierto el proceso de consulta pública previo a la elaboración del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que no contiene ningún texto, sino un formulario de aportaciones y preguntas generales que permanecerá abierto hasta el próximo 10 de octubre.

Según fuentes ministeriales, este procedimiento es «novedoso» porque deja a la ciudadanía realizar todas sus aportaciones y contestar a preguntas abiertas sin la base de un borrador. El procedimiento abierto está guiado mediante unas preguntas que se detallan en un formulario, aunque también se pueden adjuntar archivos con ideas propias, y busca dar respuesta a «los problemas que se pretenden solucionar» con la nueva norma, «la necesidad y oportunidad de su aprobación», «los objetivos» de la misma y las «posibles alternativas» tanto regulatorias como no.

El formulario, que se debe descargar para adjuntar después, propone un total de 24 preguntas a las que cualquier persona podría responder, con o sin conocimientos previos, y está dividido en 6 bloques. El primero, con 8 preguntas, tiene un carácter general e incluye cuestiones como: «¿Considera adecuado y viable que la Ley regule conjuntamente el cambio climático y la transición energética para cumplir los objetivos que asumió España?». El segundo apartado, en relación a los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y que contiene 4 preguntas, plantea a los ciudadanos si consideran que la Ley debe contener «objetivos cuantitativos», o en qué horizonte temporal creen que deben establecerse los objetivos de reducción de GEI.

Analizar también las consecuencias económicas

En cuanto al tercer epígrafe, que tiene que ver con la adaptación al cambio climático y cuenta con otras 3 cuestiones, el Gobierno pregunta a los ciudadanos cuáles son los «elementos esenciales en materia de adaptación que deberían ser introducidos» en la futura Ley, al tiempo que pide una «enumeración»; otra de las preguntas del apartado es: «¿Cómo podría la Ley facilitar información, herramientas y capacitación para incorporar la adaptación a la toma de decisiones?».

El cuarto bloque de preguntas, con un conjunto de otras 3 interrogaciones, tiene que ver con el impacto social, económico y medioambiental, y en él se pregunta a los ciudadanos si consideran útil que se analicen «en particular» los efectos económicos y sociales relacionados con el impacto en los precios de la energía que supondría cada una de las alternativas para cumplir los objetivos fijados.

El siguiente apartado se refiere a las cuestiones de «carácter transversal»: «¿Debería la Ley contener mecanismos de revisión?» o «¿Qué papel ejemplarizante debe tener la Administración?», son 2 de las 5 preguntas que contiene esta sección. El último epígrafe tiene que ver con las alternativas. Para ello, el Gobierno tiene una sola pregunta: «Qué otro tipo de soluciones, regulatorias o no, cree que serían necesarias para asegurar el cumplimiento de los compromisos en materia de cambio climático y transición energética?».

Según los dos ministerios competentes, el objetivo es «elaborar un instrumento que marque el camino para alcanzar los compromisos internacionales adquiridos» en materia de cambio climático y energía y «aprovechar las posibilidades de desarrollo que puedan surgir del nuevo modelo económico, con el menor coste posible y generando crecimiento económico, empleo y bienestar a los ciudadanos». El Gobierno creó en abril un grupo interministerial para la elaboración de esta Ley. Además, ha anunciado la constitución de una comisión de expertos para elaborar un informe sobre diferentes escenarios de transición energética.