Un día después de que el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, anunciase que su país ya enriquece uranio a nivel industrial, este martes el presidente de la Organización de la Energía Atómica de la república Islámica ha corroborado esta afirmación y ha anunciado además que Irán está preparado para instalar 50.000 centrifugadoras nucleares.

Reza Aqazadeh, presidente de la Organización de la Energía Atómica de Irán (OEAI), ha anunciado: “El programa de la República Islámica de Irán no sólo consiste en tener instaladas 3.000 centrifugadoras en el centro de enriquecimiento de uranio de Natanz sino que también se ha programado la instalación de otras 50.000 centrifugadoras más.”

Aqazadeh también anunció que en estos días se anunciará la subasta pública internacional para la concesión de las obras de otras dos centrales nucleares de 1.000 megavatios.

Hasta el momento, Teherán contaba con entre 600 y 800 centrifugadoras para utilización experimental de laboratorio. Según los últimos informes del Organismo Internacional de Energía Atómica, la planta de enriquecimiento de Natanz disponía como máximo de 1.000 centrifugadoras en diferentes grados de instalación.

Con 50.000 centrifugadoras en funcionamiento (según los expertos eso llevaría hasta dos años más), Irán podría producir suficiente combustible nuclear para sus centrales atómicas de producción de electricidad, pero también para fabricar cabezas nucleares para sus misiles.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica no se ha pronunciado sosbre los avances nucleares alcanzados por Irán, por una cuestión de «confidencialidad».

Desafío a Occidente

La entrada de Teherán en la fase industrial de producción de combustible nuclear supone un desafío a las potencias occidentales, que temen que la tecnología desarrollada por la república islámica no se dedique exclusivamente a la producción de energía, sino al armamento atómico.

El portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Sean McCormack, acusa al régimen iraní de seguir desafiando al sistema internacional y suscitando preguntas en torno a las intenciones de su programa nuclear.

El principal negociador iraní de temas nucleares, Ali Larijani, ha afirmado que Teherán se verá obligado a revisar su participación en el Tratado de No Proliferación si continúan las presiones occidentales contra su programa de desarrollo nuclear.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó en marzo un nuevo paquete de sanciones contra Irán tras el fracaso de las conversaciones para poner fin a la disputa nuclear. Teherán dice que está abierto a nuevas negociaciones, pero siempre que no haya condiciones previas.

La empresa española Cepsa ratificó este jueves un acuerdo con la compañía estatal de hidrocarburos egipcia EGPC (Egyptian General Petroleum Corporation), para iniciar trabajos de prospección petrolera en el Desierto Occidental de Egipto.

La firma del contrato fue presenciada por el ministro de Petróleo egipcio, Sameh Fahmi, que aseguró que estas firmas confirman la atracción de Egipto para las inversiones petroleras.

En la ceremonia la EGPC firmó además varios acuerdo con empresas del mismo sector de Estados Unidos, Italia, Rusia y Sudáfrica.

El contrato alcanzado prevé exploraciones sísmicas y la construcción de pozos durante 3 años prorrogables en el bloque denominado «South Alemein».

El bloque adjudicado tiene una extensión total de 3.228 kilómetros cuadrados y está situado en el Desierto Occidental, unos 200 kilómetros al noroeste de El Cairo.

La compañía no ha querido revelar el importe de la operación ni los detalles económicos del acuerdo alcanzado con las autoridades egipcias, pero fuentes del sector aseguran que en el caso de encontrar petróleo el grupo español debería entregar aproximadamente el 50% de la producción al gobierno egipcio.

Esta no es la primera incursión de Cepsa en Egipto: la compañía participa desde principios de 2006 en la exploración del bloque de North Bahrein con un 25% de la inversión en asociación con la italiana ENI que concentra el 75% restante.

América Latina es el campo de batalla de una «guerra fría» en torno a los biocombustibles que enfrenta a dos bandos bien diferenciados: Brasil y EEUU, sus principales impulsores, y Cuba y Venezuela, sus máximos detractores.

En un editorial publicado en el diario oficial Granma con el título de «La internacionalización del genocidio«, el líder cubano, Fidel Castro, reiteró sus críticas al uso de tierras cultivables para producir combustibles y apoyó así la posición de su principal aliado, el mandatario venezolano Hugo Chávez.

La posición del eje La Habana-Caracas es, como en la mayoría de los temas, la opuesta a la del presidente de EEUU, George W. Bush, quien, pese a provenir de una familia petrolera, se ha convertido en un paladín del desarrollo de los biocombustibles junto a su colega brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva.

Entre Estados Unidos y Brasil producen el 70 por ciento del etanol del mundo, mientras que Venezuela es el quinto productor mundial de petróleo.

«Este colosal derroche de cereales para producir combustible, sin incluir las semillas oleaginosas, solo servirá para ahorrarles a los países ricos menos del 15 por ciento del consumo anual de sus voraces automóviles», escribió Castro.

El asesor especial para Asuntos Internacionales del presidente brasileño, Marco Aurelio García, vio en esa frase «cierta incomprensión» por parte de Castro respecto a los biocombustibles.
«El problema del mundo es la falta de renta, no de alimentos», y en el caso de Brasil, la producción de biocombustibles no reducirá las áreas sembradas para la alimentación ni «significará derrumbar un árbol de la selva amazónica», aseguró García.

Hace una semana Castro había escrito también en «Granma» que la «idea siniestra» de Estados Unidos de desarrollar el etanol, combustible producido principalmente a partir de la caña de azúcar o el maíz, condena «a muerte prematura por hambre y sed a más de 3.000 millones de personas en el mundo».

Por las mismas fechas, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que visitó EEUU, acordó con Bush una alianza para producir biocombustibles, mediante proyectos piloto en Haití, República Dominicana, El Salvador y Saint Kitts y Nevis.

Al igual que Castro, Lula escribió un artículo en un diario, «The Washington Post«, sobre los biocombustibles. El «etanol no amenaza al medioambiente» y tampoco es una amenaza a la producción de alimentos, afirmó. Además, su asesor para asuntos internacionales recordó que Venezuela «estaba interesada también en la producción de etanol y otros biocombustibles», al punto de que está sustituyendo parte del plomo de la gasolina por etanol. Incluso, la empresa estatal venezolana PDVSA firmó en febrero del 2005 un acuerdo con la brasileña Petrobras por el que ésta le iba a vender etanol y se establecía una cooperación tecnológica para insertar ese combustible en la matriz energética venezolana.

Sin embargo, durante la gira paralela a la de Bush que hizo por Latinoamérica en marzo pasado, Chávez rechazó el etanol y pidió a «todos los países hermanos», entre los que citó a Brasil, que las tierras que se usan para sembrar caña de azúcar y maíz para elaborar ese combustible se destinen a «producir alimentos para la gente». Al rechazo de Castro y Chávez al etanol también se ha sumado el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que recientemente acusó a Bush de encarecer los precios de algunos alimentos y de algunos de los insumos para la producción del etanol.

En Centroamérica, donde la caña de azúcar es uno de los principales productos agrícolas, la mayor parte de los países tiene proyectos incipientes de producción de etanol.

Para el presidente de El Salvador, Elias Antonio Saca, la alianza de Estados Unidos y Brasil significa que el mundo se encamina a «depender menos del petróleo». Otros países como Ecuador y Bolivia, cuyos gobiernos son cercanos a Castro y Chávez, no se pronuncian sobre el etanol pero ya han acordado negocios para poner en marcha su producción. Justamente, Petrobras y la también estatal Petroecuador firmaron un memorando de entendimiento para producir biocombustibles en Ecuador, aprovechando la visita del jefe de Estado ecuatoriano, Rafael Correa, a Brasil.

Bolivia también reaccionó a las palabras de Castro. El embajador extraordinario boliviano para la Integración y el Comercio, Pablo Solón, dijo que los biocombustibles son una alternativa recomendable, pero advirtió de que pueden «provocar graves problemas en el medioambiente».

Argentina, otro país cercano a Chávez, tampoco ha entrado en la polémica aunque favorece el desarrollo de tecnologías de producción de biocombustibles, en especial por su condición de gran productor de maíz, soja y otros granos.

Otros países como Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay tienen proyectos para su producción, mientras la matriz energética de México se basa casi totalmente en su petróleo.

La compañía energética italiana Eni ganó la segunda subasta de activos de la quebrada petrolera privada Yukos al adquirir por 5.850 millones de dólares (4.360 millones de euros) un lote de activos gasísticos que cederá al consorcio ruso Gazprom.

El Fondo de Bienes Federales de Rusia (RFFI) subastaba el 20% que Yukos tenía en GazpromNeft, filial petrolera de Gazprom, más las compañías Arktikgas y Urengoil y algunos otros activos, a un precio de salida de 5.560 millones de dólares (4.179 millones de euros).

Fueron autorizados a participar en el remate EniNefteGaz, que representa los intereses de Eni y Enel; NefteTradeGroup, filial de la petrolera estatal rusa Rosneft, y la firma Unitex, propiedad de la productora independiente de gas Novatek.

El principal aspirante a los activos gasísticos de Yukos, el consorcio estatal ruso Gazprom, anunció que ha firmado con Eni y Enel un acuerdo que le da derecho a comprarles esos activos si lograban hacerse con él en el remate. Ese acuerdo (call-option) se enmarca en el convenio de cooperación estratégica que Gazprom y Eni sellaron el pasado 14 de octubre con el fin de llevar a cabo proyectos conjuntos en Rusia y en otros países, indicó la compañía rusa en un comunicado.

Eni, que busca acceso a las reservas rusas de gas, a cambio de ese servicio a Gazprom recibirá un sillón en el Consejo de Dirección de GazpromNeft y podrá incluir en su balance parte de las reservas de esa compañía, según fuentes de «Financial Times«. La compañía italiana, cuya «pronta entrada en activos de extracción en Rusia» anunció el mes pasado el presidente de Gazprom, Alexéi Miller, también espera recibir el control de otros activos subastados, en particular de Arktikgaz.

Según fuentes bancarias, Gazprom no participó personalmente en la subasta de y utilizó para ello a Eni para evitar en el futuro demandas por parte de accionistas de Yukos por «expropiación de activos».

La primera subasta de propiedades de la quebrada Yukos la ganó el 27 de marzo la petrolera estatal Rosneft, que por 7.609 millones de dólares (5.734 millones de euros) se hizo con activos petroleros que incluían un 9,44 por ciento de sus propias acciones. El único rival de Rosneft fue la ruso-británica TNK-BP, cuya participación fue interpretada por la prensa como un paso para ganarse las simpatías del Kremlin y asegurar su negocio en Rusia al dar visos de legalidad al polémico remate de Yukos y, en general, al creciente control estatal sobre el sector energético. De esta forma, se cumplen los pronósticos de analistas rusos de que el Kremlin repartirá entre Gazprom y Rosneft los restos de la que fuera mayor compañía privada de Rusia, al entregar al monopolio de gas los activos gasísticos y a la petrolera los relativos al crudo.

El principal accionista de Yukos, el Grupo Menatep, que lleva a cabo una batalla legal contra Rusia en los tribunales de varios países, advirtió que la adquisición de los activos de Yukos tendrá consecuencias jurídicas para sus nuevos propietarios. «Nunca tendrán derechos de propiedad indiscutibles, pues reciben activos robados», afirmó Tim Osborne, director ejecutivo de Menatep, quien indicó que Yukos fue arruinada de forma premeditada con demandas fiscales retroactivas cuyo monto supera todos sus ingresos.

El Grupo Menatep ha demandado a Rusia en el Tribunal de Arbitraje de La Haya por 33.000 millones de dólares, en compensación por la «expropiación de activos», mientras la ex directiva de Yukos apela las demandas fiscales en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Tras la primera subasta, la prensa reveló que siete fondos de inversión españoles que son accionistas minoritarios de Yukos han demandado a Rusia en un tribunal de Estocolmo por menoscabar sus intereses mediante la «expropiación de activos» y su venta a precios inferiores a los del mercado.

La principal filial de Yukos, Yuganskneftegaz, a la que correspondía el 62 por ciento del crudo que extraía, el Gobierno ruso ya lo vendió por deudas en diciembre de 2004 a la misma Rosneft por 9.350 millones de dólares, la mitad de su valor real. Aquella adquisición se efectuó a través de una firma desconocida, Baikal Finance Group, precisamente con el fin de evitar en el futuro demandas a Rosneft, según reconoció el propio presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una entrevista a medios españoles.

Yukos, antaño la petrolera privada más importante y floreciente de Rusia, fue declarada en quiebra en agosto pasado tras una larga odisea judicial por polémicas deudas fiscales retroactivas. Los antiguos dueños de Yukos, el magnate Mijaíl Jodorkovski y su socio Platón Lébedev, cumplen actualmente una pena de ocho años de prisión por delitos económicos de los que se declaran inocentes.

Según el gerente interventor, Eduard Rebgún, las deudas de Yukos ascienden ahora 709.153 millones de rublos, (26.700 millones de dólares, 20.727 millones de euros), mientras su capitalización oscila entre 25.600 millones y 26.800 millones de dólares.