Los países de la Unión Europea estudiarán la posibilidad de hacer obligatorio su objetivo de ahorrar un 20 por ciento de su consumo energético en 2020 respecto al nivel del año 2000, algo que reclaman organizaciones ecologistas como Greenpeace.

La ONG ha planteado la idea en la reunión informal de ministros europeos de Energía que concluye en las afueras de París y los gobiernos se han mostrado a favor de tener en cuenta la posibilidad, según explicaron fuentes comunitarias.

Jean-Louis Borloo, ministro de Ecología de Francia -país que preside este semestre la UE- ha considerado que el fijar objetivos obligatorios podría ser «una buena idea», al menos, en algunos ámbitos concretos.

En el paquete de energía y clima que la UE está discutiendo para luchar contra el cambio climático figura el objetivo de mejorar en un 20 por ciento la eficiencia energética pero, a diferencia de otras metas como el uso de fuentes renovables o la reducción de emisiones contaminantes, la cifra no es obligatoria.

Representantes de Greenpeace, que intervinieron en la reunión ministerial, han pedido que se obligue a cumplir este ahorro energético, pues es la «solución más rápida, la más rentable y la más eficaz para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, asegurar la seguridad energética y responder a la presión de los precios sobre el poder adquisitivo». «Dejemos de perder el tiempo con tecnologías caras, contaminantes y peligrosas como la nuclear, la captura de CO2 o los biocombustibles. La prioridad de las prioridades es reducir nuestro consumo de energía», señalaron en un comunicado los ecologistas.

Como acción concreta, Greenpeace pide la prohibición de las bombillas incandescentes y su sustitución por lámparas de bajo consumo, que permitirían «evitar la emisión de 32 toneladas de CO2 al año, cerrar 25 centrales eléctricas de tamaño medio y ahorrar entre 3.000 y 5.000 millones de euros».

La Comisión Europea (CE) está estudiando proponer medidas en este ámbito, así como otras para reducir el consumo de los aparatos eléctricos en modo «standby», es decir, cuando están conectados pero no en funcionamiento.

Según un estudio desarrollado por la CE, con la aplicación de acciones para reducir el consumo en este modo en aparatos domésticos y de oficina se podrían ahorrar alrededor de treinta teravatios al año en la UE, cantidad equivalente al consumo anual de un país como Hungría.

Greenpeace ha presentado en el Consejo Consultivo de Electricidad, sus
observaciones a las tarifas eléctricas propuestas por el Ministerio de
Industria. Las tarifas eléctricas deben ser transparentes y transmitir
fielmente el verdadero coste de la energía.

Esto no significa que deban ser necesariamente más caras para todos, pues antes hay que eliminar las subvenciones a las empresas que más energía gastan y a las que generan electricidad en centrales nucleares (en este ultimo caso hacen referencia a los ‘beneficios’ de participar en el mercado mayorista, más que a la existencia de subvenciones o subsidios cruzados). Un nuevo episodio resultante del polémico informe sobre costes y precios publicado por la Comisión Nacional de Energía y que contribuye a la campaña que, contra esta tecnología se libra tradicionalmente, desde algunas de las organizaciones ecologistas.

Greenpeace ha denunciado que las tarifas eléctricas actuales esconden escandalosas subvenciones que pagan los consumidores, haciéndose eco del Informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en el que se señalaban los «beneficios» que percibe la energía nuclear por participar en el mercado eléctrico y percibir los precios que se fijan en el mercado otras tecnologías más caras. Ségún la organización ecologista, recogiendo los argumentos teóricos de este informe, esta «brecha» beneficia de forma desproporcionada a las centrales nucleares y a las grandes hidráulicas. (El informe que recogía que este tipo de instalaciones estaban plenamente amortizadas y, en el caso de la energía hidráulica, no ponderaba sus resultados por su participación en horas de sistema).

Los ecologistas han propuesto que la CNE elabore un análisis más detallado de los costes de todas las tecnologías de generación eléctrica, incluidos los costes ambientales, para proponer las reformas legales necesarias que impidan la obtención de beneficios injustificados por parte de las empresas eléctricas.

Por otra parte, según la organización ecologista, quienes generan
los residuos radiactivos (las centrales nucleares) deberían pagar lo que cueste gestionarlos, y no sólo durante el tiempo en que se estén produciendo los residuos (el tiempo de operación de las centrales), sino durante todo el tiempo en que los residuos tengan un nivel de radiactividad peligroso para el entorno.

Greenpeace propone, asimismo, eliminar ya la tarifa G4. Cinco empresas, que consumen cerca del 4% de toda la energía demandada por los 27.551.929 consumidores que hay en España, pagarán por cada kWh consumido 1,5 céntimos, mientras que los consumidores acogidos a la Tarifa Social (que podrían ser unos 4,5 millones de hogares) pagarán cerca de 11 céntimos, es decir, más de siete veces más.

Otro grave problema de las tarifas actuales es el insostenible déficit
tarifario, una bola de nieve que no para de crecer. Según Greenpeace, para acabar con el déficit, hay que limpiar las tarifas de todos los costes
injustificados, en vez de, como hace el Gobierno, fijar unas tarifas por debajo de lo que cuesta realmente la energía, lo que es un grave perjuicio para los consumidores y para el medio ambiente, y sólo beneficia a las eléctricas.

Con este sistema se engaña a los consumidores, haciéndoles creer que la energía cuesta menos de su valor real de mercado, con lo que el consumo se eleva, de manera que la cantidad total de energía vendida es mayor de lo que sería con una tarifa que dijese la verdad. En consecuencia, los consumidores acaban gastando y pagando más, mientras que las empresas eléctricas ven aumentar sus ventas, como reconoce en su informe la Comisión Nacional de Energía.

La propuesta del Ministerio aumentará el déficit en otros 2.500
millones de euros entre abril y octubre de 2008, es decir, obliga a los
consumidores futuros a subvencionar el consumo que se haga hoy.

Greenpeace propone una negociación entre todos los agentes representados en el Consejo Consultivo de Electricidad para acordar una solución al problema del déficit acumulado.

Por otro lado, los ecologistas apoyan los elementos de progresividad que contiene la propuesta del Ministerio, que incluyen recargos en la baja tensión a los que consuman más energía y exenciones para los que menos, aunque para los ecologistas deberían establecerse más tramos de consumo para ir aplicando los recargos progresivamente, y aplicarse a todas las tarifas.

Para Greenpeace, los costes de la energía los deben pagar quienes la consumen, a través de las tarifas o de los precios del mercado, mientras que los presupuestos generales deben emplearse para compensar, a través del IRPF, a aquellos consumidores de menores ingresos que se vean perjudicados por las subidas de la electricidad.