Concretamente, su solicitud se dirigió a los ministerios de Industria, Turismo y Comercio, de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y de Ciencia e Innovación a los que pidió que fomenten la compra pública de tecnología innovadora.
Aunque reconoce que el departamento de Ciencia e Innovación ha incluido este objetivo en la Estrategia Estatal de Innovación, ASEBÍO consideró que el sector público puede contribuir de forma «más destacada» al aumento de la I+D+i nacional con la adopción de dichas compras públicas de forma coordinada con el resto de comunidades autónomas.
Así, la asociación recordó que la producción de biocombustibles todavía cuesta más que la de combustibles fósiles, por lo inestable del mercado de materias, primas y por los propios sistemas de producción que aún requieren de mayores aproximaciones y acciones biotecnológicas, incluso teniendo en cuenta el fuerte incremento de los precios del petróleo.
También puso como ejemplo a Estados Unidos, Brasil y Alemania donde mediante una combinación de medidas fiscales y de sostenimiento de los precios y objetivos de uso obligatorio.
Mientras, en España, el Ministerio de Industria aprobó el 14 de octubre de 2008 la orden de obligación de biocarburantes, que establecía el porcentaje del uso obligatorio de biocombustibles en 2010 en un 5,83 por ciento. En 2007, el consumo de energía primaria de origen biocombustibles llegaba al 0,3 por ciento, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDEA).
En ese sentido, ASEBÍO añadió que, según el Informe Estadístico de Energía, el porcentaje de utilización de biomasa en 2007 fue de 3.635 Gwh, lo que sitúa a España en el undécimo lugar de Europa.
ASEBÍO es una plataforma de encuentro del sector biotecnológico y representa los intereses de sus asociados ante las administraciones regionales, nacionales y europeas.
Bruselas crea un certificado para garantizar los biocombustibles
Además, la Comisión Europea presentó un sistema voluntario de certificación para los biocarburantes producidos o importados a la Unión Europea, con el que pretenden dar garantías de que son realmente sostenibles, que contaminan «al menos un 35% menos» que los combustibles tradicionales y que los cultivos para su producción no proceden de zonas protegidas.
La Unión Europea ha creado «los criterios más duros de todo el mundo» en materia de sostenibilidad, y el régimen de certificación es una «norma justa» que permitirá un control «moderno, eficaz y no burocrático», aseguró el comisario de Energía, Günter Oettinger.
Para conseguir este sello, la empresa tendrá que «pagar y aceptar» una auditoría independiente que acredite que su carburante respeta los estándares europeos desde el cultivo de la materia prima hasta su comercialización, pasando por su producción y transporte.
Una vez calculado el impacto «en toda la cadena» de producción deberá recortar «al menos un 35%» las emisiones contaminantes con respecto a combustibles fósiles como el petróleo. Este porcentaje aumentará en ambición hasta el 50% en 2017 y hasta el 60% en 2018.
Además, se realizará un control periódico, al menos anual, para que una vez se consiga el certificado no se relajen en el cumplimiento de las normas.
El certificado será de carácter voluntario para todas las empresas que quieran comercializar sus biocombustibles en el mercado de la Unión, por lo que los carburantes de este tipo que no cumplan las normas podrán seguir comercializándose.
Sin embargo, habrá ciertas sanciones ‘indirectas’ ya que los biocarburantes que no cuenten con esta certificación no computarán en los objetivos nacionales de energías renovables ni las empresas recibirán ayudas para su producción.
